El gobierno nacional no tuvo ningún reparo en reprimir violentamente a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, asentada en Villa Mascardi, tildando a los pobladores originarios de “usurpadores”. El Comando Unificado, compuesto por fuerzas federales y provinciales, llevó adelante un brutal operativo de desalojo, llevándose detenidas a ocho mujeres, una de las cuales estaba embarazada y otras dos se hallaban con sus bebés de tres y cuatro meses de edad, y separando a cinco niños de sus familias.

El oficialismo actuó en defensa de los grandes intereses económicos que hay detrás de la persecución a los mapuches de la zona. En Villa Mascardi, por ejemplo, posee tierras la Conferencia Episcopal Argentina, completamente manchadas de sangre ya que el clero se hizo de las mismas en 2018, a meses del fusilamiento de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura. También es propietario el Obispado de San Isidro y grandes empresarios como María Magdalena Giménez Tournier y su esposo John Fergus Grehan -dueños de la estancia “La Escondida”- que juntos intervienen en la forestal CS Patagónica S.A., entre otros negociados.

A su vez, el gobierno se mantuvo como querellante en la causa de “usurpación” contra los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, aduciendo que se había establecido sobre dos lotes pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi, territorio de dominio público dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN) -que está bajo la órbita del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, lo ocurrido se inscribe en un proceso de recuperación de tierras ancestrales que viene protagonizando el pueblo mapuche hace aproximadamente treinta años, luego de haber sido despojado de las mismas por parte del Estado desde la “Conquista del Desierto” a la fecha.

Recordemos que en 1934, bajo el gobierno de facto de Agustín P. Justo, se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi, a cargo de la Dirección Nacional de Parques Nacionales (actual APN), con la finalidad de incrementar la presencia estatal en los territorios fronterizos y poner en pie un centro turístico para la elite de la época. Desde ese entonces, hubo una política decidida para expulsar a los pobladores preexistentes radicados en pequeñas unidades productivas, muchos de los cuales pertenecían a la comunidad mapuche. Solo se les otorgó título de propiedad a aquellos “vecinos” provenientes de la burguesía porteña, quienes posteriormente dieron lugar a villas y loteos turísticos; en cambio, el resto solo obtuvo Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje, los cuales determinaban el tipo y la cantidad de ganado que podían criar y perdían validez ante la muerte del titular.

Esto, junto a otras medidas expulsivas, como el cupo máximo por única vez para la provisión de leña y madera, hizo que, a medida que las familias iban creciendo, los pobladores originarios se vieran obligados a abandonar estos enclaves agropastoriles, migrando hacia los alrededores de los centros urbanos donde eran empujados hacia la proletarización forzosa. Sin ir más lejos, la Ley  Parques Nacionales contemplaba la atribución de “proceder al desalojo de intrusos en tierra del dominio público que a su juicio no convengan a los intereses de los parques y reservas”. En su modificación de 1980, la legislación fue más allá y prohibió toda explotación económica salvo la turística, lo cual solo valía para quitarle el sustento material a las comunidades indígenas y campesinas pero de ningún modo restringió la actividad de las contratistas forestales, por ejemplo.

En 1994, se habilitó la posibilidad de que quienes tuvieran estos permisos precarios pudieran comprar tierras dentro del Parque Nahuel Huapi con la condición de explotarlas turísticamente; no obstante, los criterios eran absolutamente restrictivos ya que se requerían ingresos entre medios y altos. Lo cierto es que el reclamo del pueblo mapuche de acceder a la propiedad comunal de la tierra fue desoído por cada uno de los gobiernos, de quienes recibieron únicamente represión. La impostura del Frente de Todos es total: mientras prorroga demagógicamente la ley de Emergencia Territorial Indígena, no solo no la cumple sino que desaloja ferozmente la toma de Villa Mascardi, poniéndose del lado de los lobbys capitalistas que dominan en la región, lo cual merece el repudio de todo el arco popular.