Martín Guzmán presentó como un gran alivio para el país el acuerdo al que arribó con el Club de París, para la postergación del vencimiento de 2.400 millones de dólares hasta marzo de 2022 a cambio del pago de 430 millones como adelanto. Sin duda el gobierno sorteó así la eventualidad del default; pero en medio de un empobrecimiento generalizado de las familias trabajadoras y un desastre sanitario, semejante fuga de recursos del país mal puede ser aliviador. Efectivamente, con esta política de rescate de la deuda el gobierno nos condena a un saqueo sin fin.

La hipoteca con el Club de París es un fraude bochornoso. Este no es un organismo de crédito ni institución alguna, sino simplemente un “grupo informal de acreedores” compuesto por Estados imperialistas (especialmente europeos, pero también Japón, Estados Unidos, Israel, entre otros), que se asociaron a los únicos fines de contar con mayor capacidad de presión sobre los países deudores. La deuda de Argentina con este pool proviene de 1956, originada principalmente de garantías de créditos de exportación con algunas de esas naciones y luego fue abultada por algunos préstamos bilaterales para financiar compras -en muchos casos notoriamente fraudulentas, como el caso de dos aviones británicos que nunca llegaron. Pero en lo esencial deriva de sucesivas reestructuraciones que fueron incrementando el monto como una bola de nieve, a base de capitalizar intereses y punitorios.

La deuda se renegoció en nueve oportunidades. Por lejos, la más leonina de todas fue la de 2014, comandada por Axel Kicillof en sus tiempos de ministro de Cristina Kirchner, cuando acordó pagar 9.600 millones de dólares a una tasa del 9% anual en cinco años, para cancelar un impago de 6.300 millones. Pero aún ese monto de capital partía de reconocer ¡una tasa de intereses punitorios del 7,2% anual por cada año que estuvo defaulteada desde 2001! El vencimiento actual de 2.400 millones (incumplido desde mayo de 2019) era la última cuota de esta reestructuración usuraria, pero como vemos volverá a refinanciarse. Una deuda eterna. Con estos antecedentes, es evidente por qué habrá que poner la lupa sobre la letra chica del acuerdo comunicado por Guzmán, es decir qué es lo que deberá volver a negociar antes de marzo de 2022.

Si con lo dicho basta para ilustrar la necesidad de cesar el pago de esta hipoteca e iniciar una investigación, estamos solamente ante un botón de muestra del carácter fraudulento de toda la deuda externa que pesa sobre el país, y que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa -como se encargó de enumerar el ministro de Economía en su conferencia de prensa- se propone rescatar. Veamos un poco más.

Fraude

Nada menos que el 9 de julio, Día de la Independencia, empieza a pagarse el canje pactado con los bonistas el año pasado. Más de la mitad de esa deuda viene también de las reestructuraciones que siguieron al quebranto de 2001. Un 40% proviene de los canjes de 2005-2010 bajo el kirchnerismo, que compensó la quita nominal con cupones atados al PBI y la inflación al punto de que los acreedores terminaron cobrando un 40 por ciento más (según cálculos del propio Guzmán en una columna publicada en The New York Times en 2016); otra quinta parte de la deuda viene del acuerdo con los fondos buitre del gobierno de Macri -con los votos peronistas en el Congreso-, un negoción de los que habían comprado títulos defaulteados por centavos y luego cosecharon ganancias del 1.000 por ciento, como Paul Singer.

Como se ve, la defraudación al país no se reduce a lo que acusa el gobierno, acerca de que el megacrédito del FMI financió la fuga de capitales y el pago de deuda externa durante el macrismo; una verdadera “querella criminal” debería sentar en el banquillo a todos los que gobernaron las últimas décadas y abrir curso a una investigación independiente del Estado.

Pero incluso aquella afirmación oficial sobre el préstamo del Fondo es autoincriminatoria, porque para seguir pagando puntualmente sus intereses y a otros organismos se “ahorra” en vacunas (en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero), se roba la movilidad a los jubilados, se cancela el IFE, se imponen paritarias a la baja, se ajusta en salud y educación, se recortan las transferencias a las provincias, se perpetúa la parálisis de la obra pública, y hasta se bloquean importaciones agravando la recesión industrial. Todo, incluso, con el changüí de un boom histórico de la soja ¿Se justifica semejante costo para rescatar un crédito ilegítimo?

El gobierno y la derecha ni siquiera se plantean esta pregunta. Dan por sentado que no hay otro camino que un nuevo programa fondomonetarista. Sin embargo, es prácticamente imposible que Argentina pueda devolver 50.000 millones de dólares en diez años -el plazo máximo-, por lo que en realidad nos llevan a un callejón sin salida de nuevas renegociaciones que extenderán la tutela del FMI por décadas. ¿No hay escapatoria? Contra lo que declaman los partidos patronales y los capitalistas, hay otra alternativa, que permitiría cortar con esa sangría de los recursos del país.

Sobre la supuesta falta de dólares (o el saqueo)

El punto es que se fabrica la idea de que faltan dólares para hacer funcionar la economía nacional, y que no queda otra que traerlos tomando deuda y promoviendo inversiones de capitales extranjeros. Un acuerdo con el Fondo es imprescindible para ambas cosas. Pero eso es falso.

Según un reciente informe del Indec, la economía argentina tiene una posición de acreedora neta internacional, cuyo saldo favorable pasó en el primer trimestre del año de 121 a 129.000 millones de dólares. Es decir que genera mucho más de lo que debe: los activos nacionales superan en un 50% a los pasivos (o sea la suma de las deudas externas del Estado nacional y las provincias, las empresas, entidades financieras, etc.). En efecto, lo que los residentes del país tienen invertido en el exterior o colocado fuera del sistema (cajas de seguridad, o “abajo del colchón”) superó los 400.000 millones de dólares, un valor que es bastante mayor al equivalente de todo un PBI argentino y unas diez veces las reservas del Banco Central. El problema es entonces que impera un régimen de saqueo, cuyos resortes es imprescindible atacar.

El organismo oficial de estadística registra que solo en el primer trimestre de 2021 los capitalistas fugaron 7.500 millones de dólares, y eso que por definición no contempla lo que se gira hacia afuera por vías ilegales. Así, lo que se denomina la posición de inversión internacional de los residentes argentinos sigue mejorando ¿De dónde proviene esta riqueza? De lo que gana la burguesía nacional expoliando a los trabajadores. Buena parte es colocada incluso en bonos de deuda del Estado, convirtiéndose así en acreedora de la nación… lo que deriva a su turno en una factura que se carga de nuevo sobre los hombros de las familias obreras del país. ¿No es claro entonces por qué no solo los bloques políticos sino también los empresarios se resisten a cualquier investigación de la fraudulenta hipoteca nacional, y presionan por su pago íntegro?

Decimos que se trata de un régimen de saqueo porque involucra a todo el funcionamiento de la economía, en el cual los capitalistas criollos operan como socios menores de grandes compañías multinacionales. Un aspecto es la concentración del mercado exterior en manos de un puñado de pulpos mayoritariamente extranjeros. Lo atestiguan especialmente los agronegocios, que representan en estos momentos la mitad de las exportaciones del país, las cuales están abrumadoramente concentradas en una decena de empresas (de las cuales solo dos son de capitales nacionales) que cuentan con puertos privados para despachar directamente sus ventas. Como reflejó Vicentin, esta operatoria facilita todo tipo de maniobras de evasión y contrabando, aceitadas por la concesión también privada del corredor estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Lo mismo se expresó en el tironeo con la cadena cárnica, y sucede por igual con las mineras, etcétera. La nacionalización del comercio exterior es vital para cerrar el grifo de este drenaje de divisas y riquezas del país.

Otra manifestación del saqueo, que también reveló con nitidez el caso Vicentin, es el inmenso endeudamiento privado de las empresas, que supera los 80.000 millones de dólares. A menudo representan autopréstamos de filiales de las mismas compañías en el exterior, que incluso disimulan así sus inversiones, para por esa vía evadir impuestos y sortear obstáculos para el giro de dividendos a las casas matrices. Importa señalarlo porque, además de reflejar el parasitismo de la clase capitalista, refuta que la vía para el desarrollo de la economía nacional pase por otorgar facilidades e incentivos al gran capital, como hace el gobierno flexibilizando el cepo para que puedan girarse utilidades o prometiendo regímenes especiales a la agroindustria y las petroleras con la ilusión de revertir la huelga de inversiones. Este modus operandi tiene como pata fundamental a los bancos. Para combatirlo, es clave la nacionalización de la banca y el sistema financiero, y su concentración en una banca única nacional. Ello, junto con la apertura de los libros de las empresas al control obrero, para investigar las cuentas y las operaciones.

Una salida de los trabajadores

Se trata de quebrar un régimen de saqueo que impera desde hace décadas. Finalmente, si el kirchnerismo cuestiona al macrismo el destino dado al crédito del FMI, vale recordar que durante los mandatos de Néstor y Cristina se financió de todas formas una fuga de capitales de más de 100.000 millones de dólares (según el Banco Central) y el pago de 145.000 millones en deuda externa, solo que se hizo dilapidando el superávit comercial hasta que se secaron las reservas internacionales y terminó cumpliendo el “pago serial” a fuerza de cepo cambiario. En definitiva, ello obedece a que ambos lados de la grieta gobiernan y gobernaron para la misma clase social que lucra con el remate de la Argentina. Por eso no pueden escapar de las recurrencia en el default y la devaluación del peso, con sus trágicas consecuencias para los laburantes del país.

Por eso, las medidas que planteamos -investigación y no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio exterior, apertura de los libros de las grandes empresas- solo pueden ser llevadas adelante por los trabajadores, en función de poner los resortes de la economía argentina al servicio de las necesidades sociales y de un desarrollo nacional sobre nuevas bases. Es lo que plantea el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad como alternativa al rumbo fondomonetarista del gobierno y la oposición patronal, que nos conducen hacia un abismo.

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