Tras la media sanción en Senadores y el dictamen favorable en dos comisiones de Diputados, avanza para convertirse en ley el proyecto que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, presentado por la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun. La iniciativa es la demostración de que el kirchnerismo ha renunciado a la pretensión de que la ruta fluvial más importante del país en materia de comercio exterior quede bajo control de un ente estatal. Pareciera existir un consenso en el bloque oficial de que tiene que haber una licitación internacional que dé paso a una nueva concesión privada. La única salvedad es que la tarea de supervisar dicha licitación quedaría en manos de esta comisión parlamentaria.

A tal punto el proyecto no modificará un ápice el carácter privado de la concesión del canal, que hasta contó con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio. Clara señal por parte de los partidos patronales de que habrá una continuidad, gobierne quien gobierne, de la defensa de los negocios de la burguesía internacional, en este caso relacionados a las exportaciones locales. Tampoco la existencia de la Bicameral excluye la supervisión de la OCDE que estableció Alberto Fernández para cuando se efectúe la licitación, con lo cual, lejos está de ser una iniciativa en favor de la “soberanía” del país.

Es preciso señalar que del menemismo a esta parte, todos los gobiernos han mantenido la concesión privada de la hidrovía en manos del grupo belga Jan de Nul junto a capitales argentinos de la empresa Emepa, sociedad encargada del dragado, balizamiento y cobro de peajes en la ruta fluvial. La propia Cristina Kirchner prorrogó el contrato en el 2009, el cual vencía este año. Se trata de un enorme negociado puesto que a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que desemboca en el Río de La Plata, transita el 80% de las exportaciones del país y el 95% de las importaciones.

Las idas y venidas al interior del oficialismo en torno a una nueva licitación obedecieron a varios motivos. Por sobre todos, a la deriva de Argentina en la guerra comercial que enfrenta a las grandes potencias a nivel mundial. Recordemos que uno de los pulpos que se perfilaba para hacerse con la concesión era el gigante chino CCCC Shanghai Dredging, algo que puso rápidamente en alerta a Estados Unidos, que presionó para evitar que sea el país asiático quien quede a cargo de una ruta estratégica para el comercio exterior del país y la región.

Bajo la presión de Biden, Alberto Fernández resolvió dilatar el concurso y prometió que el mismo estaría bajo la tutela de la OCDE (es decir bajo supervisión directa del imperialismo yanqui). El empantanamiento de la política oficial en torno a este punto expresa su subordinación colonial a las grandes potencias; por un lado, el gobierno teje relaciones con China debido a que es nuestro principal comprador de materias primas, pero sin embargo debe congraciarse con Estados Unidos ya que pretende arribar a un acuerdo con el FMI.

La cuestión es que todo el complejo agroexportador de la ribera del Paraná está copado por multinacionales extranjeras, como las norteamericanas Bunge, Cargill y ADM, la francesa Dreyfus, y la china Cofco. Además de esta última, que es una de las principales exportadoras agroindustriales que opera en el país, capitales chinos también dominan gran parte del mercado de los insumos para el cultivo (semillas, agrotóxicos) a través de la empresa Sygenta.

Por otra parte, el debate alrededor del destino de la vía fluvial litoraleña está relacionado a que la misma es una usina de todo tipo de operaciones ilegales a manos de los pulpos exportadores, tales como la subfacturación de exportaciones, la fuga de capitales, la evasión fiscal y el contrabando utilizando embarcaciones con bandera extranjera. Sin ir más lejos, distintos informes estiman que el 20% de los granos que circulan por la hidrovía no están declarados. A su vez, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico ha puesto de relieve cómo la misma es un canal propicio para el narcotráfico.

La actual concesión, además, está fuertemente cuestionada luego de haberse visto involucrada en la “causa de los cuadernos”. Allí salió a la luz que el titular de Emepa, Gabriel Romero, le había pagado a modo de coima 600 mil dólares a Cristina Kirchner cuando era presidenta a cambio de renovar el contrato de la hidrovía.

En un momento, incluso, Alberto Fernández se había hecho eco de un reclamo que anidaba en el ala “izquierdista” del kirchnerismo y que impulsaban, por ejemplo, los legisladores oficialistas Taiana y Fernanda Vallejos, sobre que el Estado nacional y las provincias debían encargarse de controlar la Hidrovía Paraguay-Paraná y no empresas privadas. El planteo fue rápidamente abandonado por el presidente,  lo que constituyó un gesto hacia el capital internacional. De este modo, el sector del Frente de Todos autor de la proclama “Paraná Soberano” redujo su demagogia nacionalista a la conformación de esta Comisión Bicameral dedicada al seguimiento de una futura licitación, avalando así que la hidrovía permanezca en manos de empresas foráneas.

Este recule por parte del gobierno nos trae a la memoria lo que ocurrió con Vicentín, donde no solo Alberto Fernández prometió estatizarla y no lo hizo, sino que luego de que la cerealera cayera en default y se diera lugar a un concurso de acreedores, las multinacionales Cargill y Glencore absorbieron sus ventas al exterior. Es decir, la verborragia oficial en relación a la “soberanía nacional” presente en el caso Vicentín culminó en una mayor extranjerización de las exportaciones.

Más allá del desenlace, es preciso señalar los límites del planteo de nacionalización de la Hidrovía del Paraná como medida aislada. Taiana y compañía no cuestionan que todo el esquema del comercio exterior está en manos de pulpos internacionales. Para empezar, el transporte fluvial está monopolizado por empresas extranjeras como Hamburg Süd, Mediterranean, Maersk y flotas pertenecientes a las empresas granarias. Solo el 2% de las embarcaciones que utilizan esa ruta pertenece a la Marina Mercante, el 80% de los buques que circulan tiene bandera extranjera. Es un enorme negociado en el que las empresas navieras extranjeras embolsan por realizar fletes 7 mil millones de dólares cada año.

Por otro lado, treinta de los puertos que se hallan a orillas del Paraguay y el Paraná son privados. Las exportaciones agroindustriales del país están concentradas en ocho puertos ubicados en la provincia de Santa Fe que pertenecen a las multinacionales dedicadas a exportación de granos como Cofco, Cargill, AGD, Dreyfus y Glencore. Los mismos facturan por arriba de los 3 mil millones de dólares anuales cada uno. Es decir, la fuente del saqueo nacional no es solo el control privado de la vía fluvial sino todo un complejo exportador monopolizado por grandes grupos internacionales.

El sector marginal del kirchnerismo que devaluó su planteo de nacionalización, conformándose con la puesta en pie de una Comisión Bicameral, es incapaz de plantear una salida de fondo a este régimen de saqueo. Su función es ofrecer una cobertura centroizquierdista a un gobierno que no está dispuesto a tocar este esquema de drenaje de los recursos del país, sino que lo refuerza ofreciendo mayores ventajas a los pulpos exportadores, fuente de divisas, en función de dar garantías al FMI de repago de una deuda externa usuraria.

Solo los trabajadores pueden llevar adelante medidas que terminen con el contrabando, la fuga de dólares y los desfalcos al Estado. Es necesario nacionalizar el conjunto del comercio exterior, los puertos, las rutas fluviales, la industria naval y agropecuaria bajo control obrero para dirigir esos recursos a un plan de desarrollo del país al servicio de las necesidades sociales. El repudio de la deuda externa y la ruptura con el FMI son pasos fundamentales en esa dirección. Esto forma parte de un programa que defendemos desde el Partido Obrero y Frente de Izquierda Unidad en función de que exista una salida a la crisis que priorice los intereses populares y nacionales.

 

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