El fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni, completó una lotería de interrogantes que se plantea en torno al futuro de la Hidrovía Paraguay Paraná, la vía por donde transita la enorme mayoría del comercio exterior argentino, y cuya concesión vence el 30 de abril. Por este rol estratégico no es meramente un gran negocio, sino uno de los pilares de todo el régimen de saqueo que impera en el país, y empalma de lleno en los choques entre Estados Unidos y China en el marco de guerra comercial que domina el mercado mundial.

Tras conocerse el accidente vial en que perdió la vida el funcionario, fue suspendida la segunda reunión del Consejo Federal de la Hidrovía que iba a realizarse el lunes 26 de abril, es decir en la misma semana en que vence la concesión que hace 25 años está en manos del pulpo belga Jan de Nul asociado a la empresa local Emepa. Considerando además que el primer encuentro del Consejo había sido más de dos meses atrás, va de suyo que el organismo no cumple papel alguno en la trama que derivará en la nueva licitación.

La Hidrovía concentra el 80% de las ventas al exterior. Contando a su vez las importaciones, por esta vía fluvial circula el 90% de los contenedores que entran y salen del país. La concesión de la “autopista” navegable incluye las tareas de mantenimiento, dragado, señalización y cobro de peajes, un negocio que se estima en unos 300 millones de dólares al año sin contar las actividades secundarias (como la venta de la arena extraída).

La incertidumbre inquieta al gran capital exportador del país, que ve amenazada la normal continuidad de sus operaciones, pero desde el gobierno insisten en que no se discontinuarán las tareas. A estas alturas se descuenta que se prorrogará por decreto la concesión hasta que se efectivice la nueva licitación, que debería entrar en vigencia hacia fin de año. Pero el hecho de que sobre la hora aún no haya claridad de la hoja de ruta oficial expresa un empantanamiento. Ello se hizo visible en las sucesivas oscilaciones del gobierno.

En agosto Alberto Fernández anunció que el control y la administración de la Hidrovía quedaría en manos de una sociedad del Estado nacional y las provincias involucradas, la cual nunca fue conformada y tres meses después se emitió el decreto 949/20 que encomendó al Ministerio de Transporte el llamado a licitación internacional para arribar a una nueva concesión, incluidas facultades extraordinarias para acortar los plazos. Habiendo llegado ya a la fecha límite de vencimiento del contrato no hay novedades sobre los pliegos licitatorios, y ni siquiera acerca qué pasará en el mientras tanto. Lo único seguro es el abandono de la pretensión de que un ente público intervenga en la administración.

Los motivos del empantamiento son muy concretos y refieren a que, como decíamos, además de lo redituable de la concesión en sí se trata del control sobre la arteria principal de la economía nacional. Su papel se acentúa más cuando toda la política económica reposa en fomentar las exportaciones para contar con las divisas necesarias como garantía del repago de la deuda externa. Pero esa integración colonial de la Argentina en el mercado mundial la deja expuesta de par en par a las presiones de la guerra comercial, y ese es el telón de fondo de toda la crisis de la Hidrovía.

Resulta que entre el puñado de empresas que manifestó su interés en presentarse a la licitación (ninguna de capital nacional) corría con ventaja una subsidiaria de la gigante China Communications Construction Company -la más grande del mundo en tareas de dragado-, que ofrece reducir los peajes como reclaman las cerealeras. Para el país asiático se trata de una apuesta estratégica.

Con la compra de Nidera, la china Cofco se convirtió en la principal exportadora agroindustrial del país, con puertos propios como el resto de los pulpos que controlan en enorme medida el rubro (junto con Cargill, Bunge y ADM representan casi la mitad de las exportaciones agrarias). Pero además través de Syngenta domina toda la cadena de valor desde los insumos (semillas, fertilizantes, agrotóxicos). Otros capitales chinos están copando la explotación del litio en la Puna, y asegurándose además de la extracción del mineral su procesamiento para la fabricación de baterías. La Hidrovía coronaría el desembarco en la infraestructura clave del país, como se aprecia en las represas hidroeléctricas o las centrales nucleares, en función de integrar a la Argentina en la Nueva Ruta de la Seda y fortalecer su injerencia en América Latina.

Por todo esto es que la cuestión despertó recelos en el imperialismo yanqui. El gobierno de Joe Biden se aseguró el control de la licitación al forzar a Alberto Fernández a colocarla bajo la órbita de la OCDE, es decir bajo la batuta norteamericana. La postración ante el FMI refuerza esa presión. Ya antes el gobierno de Trump había manifestado su oposición a que pueda competir en el proceso la empresa china, acusando reiteradas causas por corrupción.

Esa es en realidad una de las ramas troncales del negocio de este tipo de operadoras. La propia Jan de Nul que detenta la concesión actual está involucrada en varios escándalos -entre ellos uno en torno al Canal de Panamá-, mientras que Emepa forma parte de la Causa de los Cuadernos por el pago de coimas cuando se renovó la entrega de la Hidrovía en 2010, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. La privatización de puertos y la vía fluvial, que además fue de la mano del desguace de la marina mercante nacional, propicia una evasión fiscal en gran escala que en 2017 fue cuantificada por la ONU en 21.000 millones de dólares al año.

Es otra de las aristas de un régimen de saqueo. Como destaca una presentación del Centro de Estudios Agropecuarios, “el 100% de las empresas extranjeras del complejo oleaginoso tiene sus casas matrices en paraísos fiscales”. Ello vale para todas las ramas. La minera La Alumbrera también cuenta con un puerto propio en el Gran Rosario, desde donde declara una parte menor de los metales que exporta (ocultando por ejemplo valiosas tierras raras), generando un contrabando que fue estimado en 8.200 millones de dólares por año; son las mismas compañías que buscan explotar Agua Rica en Andalgalá, donde se toparon con un rechazo popular que buscan combatir con una persecución judicial contra manifestantes. Shell, Acindar, Pampa Energía, Pan American Energy, son otras empresas con plataforma privadas sobre el río. La sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, posibles por la entrega de esta arteria clave, cuando no el contrabando liso y llano, son pilares de la incesante fuga de capitales y de divisas que redunda en el empobrecimiento sostenido del país y las sucesivas devaluaciones.

En resumen, la concesión de la Hidrovía retrata cabalmente al régimen económico y social que impera en Argentina, motivo por el cual el capitalismo criollo asiste a una declinación secular desde hace décadas. Revela además hacia dónde nos lleva la perpetuación de este saqueo por el gobierno de Alberto Fernández y su premisa de rescatar la deuda “con crecimiento”. El verdadero crecimiento, es decir el desarrollo del país, requiere un rumbo opuesto. Es lo que experimentó en carne propia la centroizquierda referenciada en el Frente de Todos, que recibió con enorme frustración el decreto 949/20 que desliga la licitación de la Hidrovía de la realización del Canal Magdalena, una obra que permitiría conectar con una salida marítima directa -y no como actualmente sucede con el Canal Punta Indio que obliga a pasar por Montevideo.

Otra manifestación de la entrega es que nunca se realizaron estudios reales de impacto ambiental por el dragado y la circulación de grandes embarcaciones, que afecta fuertemente a todo el sistema de humedales de la Cuenca del Plata y contamina el agua de la que se abastecen un gran número de las grandes ciudades del país. Es un capítulo más de la depredación ambiental con la que se producen los mismos granos, minerales y demás artículos que se exportan por esta vía fluvial.

La defensa de los intereses nacionales exige entonces un rumbo opuesto al que se sostiene desde hace décadas. Quienes cargan las tintas responsabilizando exclusivamente al gobierno de Menem, que concretó esta entrega por primera vez, deben tomar nota de que Cristina Kirchner extendió la concesión y ahora Alberto Fernández se encuentra empantanado precisamente por su dependencia a potencias enfrentadas. El régimen de saqueo solo puede ser enterrado con un plan económico de los trabajadores que parta de la nacionalización de todo el comercio exterior, incluyendo los puertos y la Hidrovía, el desarrollo de una marina mercante y una industria naval nacionales, junto con la investigación y no pago de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI. Sería, en definitiva, una reorganización económica sobre nuevas bases sociales.