Tras vencerse la prórroga de la concesión, el gobierno oficializó vía decreto la cesión de la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná (el canal por el cual transita el 80% del comercio exterior y el 95% de las importaciones) a la Administración General de Puertos (AGP) por el plazo de un año hasta concretar una nueva licitación. El DNU cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Transporte, Alexis Guerrera. El empantanamiento de la licitación obedece a las presiones cruzadas en el marco de la guerra comercial, ya que la intención oficial es mantener la privatización de esta arteria estratégica.

El ministro Guerrera no dejó dudas sobre la orientación a seguir. Aclaró que el ente estatal asume la “licitación corta” en la previa de que se resuelva la “licitación larga” para la Hidrovía, y así lo formaliza el decreto. “Ahí podrán competir chinos, japoneses, franceses, alemanes y belgas también” dijo el funcionario para aclarar lo que sucederá pasados estos doce meses. Es la continuidad de una política privatista que sostuvieron todos los gobiernos desde el menemismo, cuando fue adjudicaba la Hidrovía Paraguay-Paraná a manos del pulpo belga Jan de Nul y asociada a la local Emepa (luego involucrada en la Causa de los Cuadernos). Esa concesión fue prorrogada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Este limbo agrega incertidumbre sobre el curso económico de Argentina, y los exportadores no recibieron la medida con devoción. El plan oficial es hacer cargo a AGP del mantenimiento de la Hidrovía y del cobro de peajes, pero habilitando la tercerización de las tareas de dragado y balizamiento a sociedades privadas. Los exportadores presumen que esto podría subir la tarifa de los fletes, porque estiman que las empresas contratadas para obras y mantenimiento buscarán asegurarse primas de riesgo; pretenden asegurarse que los mayores costos sean asumidos íntegramente por el Estado sin tocar su rentabilidad.

El motivo por el que la definición de un adjudicatario para la Hidrovía está empantanada es la guerra comercial que enfrenta a las principales potencias del mercado mundial, especialmente China y Estados Unidos. Sucede que el mejor posicionado es un consorcio chino, el gigante CCCC Shanghai Dredging (que ya realiza tareas de dragado y balizamiento en la zona norte del Puerto de Buenos Aires), pero ante los recelos que ello despertó en el imperialismo yanqui el gobierno se comprometió poner la licitación bajo la égida de la OCDE a modo de “garantía”.

El país asiático es el principal comprador de las exportaciones argentinas y ha avanzado en la penetración de toda la cadena de valor agraria, desde las semillas y los insumos con Syngenta hasta la fabricación de productos agroindustriales y su veta al exterior con Cofco. Pero su desembarco en el control de la infraestructura estratégica, como parte del intento de integrar comercialmente a la región en la Nueva Ruta de la Seda. Por eso el imperialismo norteamericano comunicó sus reparos. Además de que más de un tercio de las exportaciones están en manos de tres pulpos yanquis (Cargil, Bunge y ADM), la postración del gobierno a las exigencias del FMI para llegar a un acuerdo de repago opera como herramienta de subordinación colonial del país. El impasse de la Hidrovía refleja que el régimen de saqueo expone más que nunca a la Argentina a las disputas entre las grandes potencias.

Un sector del kirchnerismo y la centroizquierda presenta la gestión temporaria de la AGP como un avance hacia una estatización, y bate el parche en nombre de la soberanía nacional. Son quienes se embanderaron tras el proyecto de creación de una Comisión Bicameral que supervise la concesión, lo cual finalmente operará como un reaseguro de la adjudicación privada y por eso contó hasta con el voto de Juntos por el Cambio. Esta pose soberanista es una impostura, que busca brindar una cobertura por izquierda a un gobierno entregado a los dictados del capital financiero y el imperialismo, y es incapaz de plantear la estatización del corredor fluvial como parte de un plan real que debería incluir indefectiblemente el fin de todo el complejo de puertos privados desde donde despachan su exportaciones los sojeros, las mineras y los grandes industriales.

La novela de la Hidrovía solo puede tener una salida con un planteo de fondo y urgente para acabar con estas relaciones de coloniaje, mediante la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero. Es una medida que se opone por el vértice a todo un régimen político que se ha sostenido por décadas, turnándose entre gobiernos de distintos colores políticos, que perpeturaron la privatización del intercambio internacional y la enajenación de la riqueza nacional. Por tanto, es parte de un programa de reorganización económica desde el campo de los trabajadores.

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