Luego de haber convalidado una fuga de capitales permanente, en la que están incluidas las prácticas de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones a manos de los capitalistas, el gobierno se vio obligado a reforzar el cepo a las importaciones ante la crisis de reservas, lo cual traerá efectos tanto recesivos como inflacionarios.

Lo cierto es que prevalecen todo tipo de maniobras espurias por parte de las patronales importadoras, entre ellas la sobrefacturación para hacerse de una mayor cantidad de dólares a precio oficial. Sin ir más lejos, la Aduana acaba de denunciar el arribo a Zona Franca La Plata de 2.233 máquinas de minado de criptomonedas facturadas USD 5 millones por encima de su precio. Se logró detectar revisando antecedentes de itinerarios e ingresos aduaneros recientes. Un desfalco al Banco Central que es moneda corriente y que sería perfectamente evitable si se sometiera al control obrero tanto el comercio exterior como los libros de las empresas. A su vez, la evasión impositiva está a la orden del día, como lo muestra las infracciones aduaneras cometidas por Mercado Libre en la importación de 400.000 terminales de pago en los años 2019, 2020, y 2021.

En este cuadro, el Banco Central venía atravesando un mes con saldo negativo, con lo que peligraba, por un lado, la meta de acumulación de reservas diseñada por el FMI, y, por otro, la capacidad del país para seguir importando energía durante el invierno y evitar un desabastecimiento. A su vez, el gobierno sabe que si continúa el drenaje de divisas el salto devaluatorio será inevitable, agravando la escalada inflacionaria y presionando enormemente sobre las tarifas.

Como medida de emergencia, sin ninguna intención de terminar con todos los mecanismos de fuga que desembocaron en esta situación, el oficialismo decidió endurecer las restricciones para importar. Una receta destinada al fracaso porque mantiene inalterable todo un régimen de saqueo, empezando por la completa privatización del comercio exterior y el pago de la deuda externa.

En ese sentido, la defensa del secreto comercial permitirá que las empresas trasladen a los precios finales los mayores costos que les reporta el endurecimiento del cepo. Por un lado, si superan el tope estipulado deberán financiar parte de sus importaciones acudiendo préstamos en dólares (con tasas que van desde el 4% al 8% debido al alto riesgo país) o comprando dólares más caros en el mercado de cambio paralelo. A su turno, ante las nuevas trabas, las patronales reducirán la oferta y buscarán maximizar beneficios aumentando los precios.

Por otra parte, luego de anunciar las últimas restricciones, subieron las cotizaciones paralelas del dólar, agrandando la brecha cambiaria, lo cual también actúa como aliciente para la remarcación de precios. Contradictoriamente, el objetivo de ahorrar divisas con esta iniciativa se ve cuestionado ya que Banco Central se verá obligado a vender dólares en función de contener los tipos de cambio financieros.

Esto, sin mencionar los efectos recesivos que acarrea dicha disposición, en momentos donde la actividad económica se desacelera. En mayo la misma tuvo un retroceso mensual del 1,2% según la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

Como vemos, la “sábana corta” con la que lidia el gobierno, fruto de una política al servicio de la fuga de capitales, se descarga fuertemente sobre las espaldas de los trabajadores, víctimas principales del crecimiento inflacionario y la recesión. Por lo tanto, corresponde pelear por un paro nacional y plan de lucha que ponga las reivindicaciones de las masas en el centro de la escena.

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