Como señalamos días atrás en Prensa Obrera, a medida que avanzan los días el sonado proyecto de impuesto a la riqueza del gobierno se devalúa más y más.

Los recortes sobre el ya limitado proyecto original, así como los destinos establecidos para los fondos, confirman que la orientación del gobierno apunta hacia una transferencia de ingresos al interior de la clase capitalista, y no a la atención de las acuciantes necesidades de la población trabajadora, en un cuadro de creciente crisis económica y sanitaria.

En contraposición, el Frente de Izquierda presentó hace ya varios meses un proyecto que tiene efectivamente por fin gravar a las grandes rentas y fortunas empresarias del país. Y poner los fondos resultantes bajo control de los trabajadores, para hacer frente a las demandas del sistema de salud -mientras la pandemia hace crecer sin pausa las víctimas del vaciamiento hospitalario- y de la vivienda -cuando los vecinos protagonizan tomas en todo el país por este derecho-, y a garantizar un salario mínimo de cuarentena de 30 mil pesos, ante el desempleo creciente. Un proyecto ligado a la pelea por una reestructuración del país sobre nuevas bases.

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A continuación presentamos las diferencias entre ambos proyectos, relativas tanto a quienes deberán pagar, a los porcentajes en que deberán hacerlo, a la valuación de las propiedades, al destino de los fondos y al control de los mismos. También al monto total previsto que podría recaudarse, que es de solo 2.000 millones de dólares en el proyecto oficial contra 20.000 millones de dólares en el del Frente de Izquierda.

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