La crisis con las privatizadas eléctricas que operan en la provincia de Buenos Aires está teniendo un alto impacto, y ya se habla de Edesur como “otro Vicentin”. La disputa con las distribuidoras de energía eléctrica, que amasaron ganancias siderales con los tarifazos y subsidios de los últimos años, escaló hasta ocupar las primeras páginas de los diarios nacionales, agudizada con los piquetes de vecinos en distintos municipios contra los permanentes y prolongados cortes de luz. La respuesta popular al vaciamiento de los monopolios eléctricos “despertó” a los intendentes del Frente de Todos, al “Defensor del Pueblo” Guido Lorenzino y al gobernador Kicillof. La magnitud del vaciamiento eléctrico ha puesto en debate el retiro de la concesión a Edesur y la estatización de la empresa.

Los cortes son en realidad un lock out y un chantaje para presionar por un nuevo aumento de las tarifas -congeladas por la “emergencia”. No obstante Kicillof, que hizo público su “acompañamiento” a los jefes comunales que realizaron denuncias por el mal servicio, los cortes reiterados y la falta de inversión en el mantenimiento de la red eléctrica, evitó todo pronunciamiento sobre una eventual estatización de la empresa. Algunos intendentes buscan con esto la condonación de una deuda de 3.000 millones de pesos que tienen con Edesur, o en su defecto que la provincia se haga cargo de ese pasivo, en un cuadro en que los municipios tienen sus cuentas en rojo.

La paralización del servicio eléctrico en la provincia ha puesto en discusión la propiedad de los grandes monopolios que se reparten el territorio bonaerense y tienen como rehenes cautivos a la población. La huelga de inversiones para forzar tarifazos y subsidios no es por supuesto una novedad. En 2012 y en 2014, cuando era funcionario en el gobierno de Cristina Kirchner, Kicillof amenazó reiteradamente con la estatización de las empresas eléctricas pero no dio nunca un solo paso en esa dirección. Ahora, después de recular en la expropiación de Vicentin y cajonear el proyecto de impuesto a la riqueza, Alberto Fernández hace buena letra con el gran capital y se declara un ferviente defensor de la propiedad privada. Es evidente que una estatización de Edesur entraría en contradicción con el “pacto social” que promueve el gobierno, y exigiría además un desembolso millonario en tiempos de ajuste y bonapartismo de vacas flacas, en el preciso momento en que los fondos buitres y el FMI exigen máximas garantías de repago de la deuda en base a una reducción del gasto público. Sería por último un arma de doble filo, porque terminaría concentrando los reclamos y protestas de los usurarios directamente sobre el gobierno nacional y provincial.

Mientras los intendentes cercanos a Cristina se valen de los chispazos con Edesur como parte del intento por recuperar un protagonismo político del kirchnerismo en la coalición de gobierno, Kicillof estudia una variante “indolora” y demorada en el tiempo. Baraja fijar una nueva licitación internacional con intervención del Estado, en cuyo caso el traspaso de manos de la empresa no sería antes del 2022 -cuando además se proceda a una revisión integral de tarifas (RTI) para el período 2022-2026. El temor del gobierno es que ello derive en litigios y sentencias indemnizatorias millonarias, de lo cual Kicillof conoce de cerca tras pagar sumas siderales por juicios en el Ciadi cuando fue ministro de Economía.

Es notable que mientras tanto Alberto Fernández elogia a la “exitosa” Edenor para diferenciarla de la “ineficiente” Edesur. Encubre así una privatizada que redujo en un 50% sus inversiones argumentando una supuesta caída de las ganancias por el congelamiento de las tarifas. Además, Kicillof omite volver a criticar a Edelap, responsable de los cortes permanentes y apagones en la región del Gran La Plata, perteneciente al grupo Desa del llamado “rey de la energía” Rogelio Pagano, quien controla el 65% de la distribución eléctrica de toda la provincia y tiene a cinco millones de usurarios cautivos.

La conducta cobarde y cómplice del peronismo con las privatizadas retrata a un régimen político al servicio del FMI y de rescate de los capitalistas a costa de los trabajadores. El Partido Obrero lanza una campaña por la nacionalización sin pago de Edesur y de todas las privatizadas, bajo control obrero y sin indemnización, como parte de un programa de los trabajadores para la reorganización de la provincia sobre nuevas bases sociales.

¡Por la formación de comités de vecinos para organizar la lucha de los vecinos en defensa de la luz y el agua! Qué se abran los libros de Edesur y todas las privatizadas. Ningún tarifazo. Impuestos al gran capital para financiar el funcionamiento y mantenimiento de la red eléctrica. No al pago de la deuda externa.