Es conocido que los rubros de alimentos y de indumentaria vienen liderando el crecimiento de la inflación. Los altos precios de venta, sumado a las prebendas oficiales y a la desvalorización de la mano de obra dan como resultado beneficios extraordinarios para las patronales tanto alimenticias como textiles. Sin embargo, las mismas se encuentran en un proceso de desinversión que se evidencia en los niveles de capacidad ociosa de ambas industrias.

En el mes de abril, la inflación en “prendas de vestir y calzados” fue del 9,9% y del 73,4% en términos interanuales; mientras que el índice de precios de “alimentos y bebidas no alcohólicas” llegó al 5,9% y al 62,1% respectivamente. Lo anterior impacta de lleno en el consumo popular; según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas del rubro textil en el mes de mayo cayeron un 9% interanual y 13,8% mensual, y las de alimentos lo hicieron en un 2,9% en relación a mayo del año pasado y retrocedieron un 4,2% comparado con abril 2022.

No obstante, en medio de la crisis, donde la población trabajadora se ve obligada a reducir el consumo de artículos de primera necesidad, como son los alimentos y la vestimenta, los empresarios de ambos sectores amasan fortunas debido a los precios siderales, a los incentivos por parte del Estado y a la superexplotación de la fuerza de trabajo.

Por su parte, la industria textil-indumentaria cuenta con reintegros a la exportación en función del valor agregado, disminución de las retenciones y medidas proteccionistas destinadas a proteger la producción local. A su vez, los salarios registrados del sector son un 27% inferior al promedio de la industria y la informalidad laboral alcanza el 22,4% en el eslabón de “Fibras, hilados y tejidos” y el 57,8% en el de “Confección de prendas de vestir”, según los datos del SIPA.

En la industria alimenticia, por ejemplo, el oligopolio compuesto por Arcor, Molinos Río de la Plata y Mastellone Hnos. registró un incremento del 112% en sus ganancias brutas (la diferencia entre ventas y costos) en el bienio 2020-2021, alcanzando los $87.346 millones en 2020 y los $126.317 millones en 2021, según un estudio realizado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas. Como contrapartida, el salario básico de bolsillo de los trabajadores de la alimentación es de $80.340, por debajo de la línea de pobreza.

Sin embargo, a pesar de que aumentan sus ganancias, estos capitalistas son renuentes a invertir. Tal es así que presentan índices de capacidad instalada en utilización inferiores al promedio de la industria (67,1% en marzo 2022). La misma se ubica en el 64,4% en el caso de la industria alimenticia y en el 33,4% en la textil. Aquí queda desmentido el argumento patronal de que un aumento general del salario de los trabajadores sería inflacionario porque recalentaría la demanda de bienes; cuando bien podría incrementarse la oferta ampliando la producción pero prevalece el parasitismo de la clase capitalista.

Los empresarios exigen nuevas concesiones para invertir. Sin ir más lejos, en el marco de las discusiones por la renovación del programa Precios Cuidados, las cámaras alimenticias le reclamaron al gobierno la flexibilización del cepo cambiario bajo el pretexto de que una mayor cantidad de divisas disponibles les permitiría importar los insumos necesarios para incrementar la producción y terminar con el desabastecimiento. Lo cierto es que esta política lo único que podría asegurar es un escenario más ventajoso para que las empresas giren sus ganancias al exterior, a costa de las reservas del Banco Central.

Considerando las rentas extraordinarias que estas patronales embolsan todos los días con la anuencia del gobierno – en detrimento del bolsillo popular- aparece la importancia de abrir sus libros y someterlos al control obrero como una media necesaria para combatir la inflación. A su vez, es momento de que la clase trabajadora intervenga en la situación política para enfrentar el ataque a los salarios y defender su poder de compra, reclamando un mínimo de $180.000 y aumentos salariales indexados a la inflación. En función de ese objetivo, corresponde pelear por un paro nacional, seguido de un plan de lucha.