La inflación de 4,7% en febrero con un 7,5% en alimentos, que trepa al 8,6% en el conurbano bonaerense, muestra un nuevo salto en la grave crisis social. El movimiento piquetero recibió el dato acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de la duplicación del salario mínimo, hoy en 33.000 pesos. La burocracia sindical que participa del Consejo del Salario, en cambio, se apresta a aceptar sin chistar un salario mínimo que alcanzaría los 46.000 pesos ¡dentro de un año! O sea, un nuevo robo inflacionario a los trabajadores peor pagos y a los jubilados, cuyo mínimo es el 82% de los nuevos importes. Las cuotas mantienen a los planes sociales en la mitad de la línea de indigencia.

El salto inflacionario es explosivo. El aumento de los alimentos escala sin techo. El salto del precio de la bolsa de harina, por ejemplo, alcanza el 100%; el capital agrario está aprovechando la suba internacional de los precios para hacer un negocio, ya que sus costos son locales, a expensas de los consumidores. Con los cereales, saltan todas las carnes -que se alimentan de ellos- al igual que otros derivados. Los trabajadores argentinos están pagando los costos de la crisis internacional causada por el avance de la Otan imperialista, de un lado, y de la burocracia de Putin, del otro. En el medio, la burguesía agroindustrial festeja ganancias récord en medio de la sequía.

La disparada inflacionaria se completa con el aumento de los precios de los combustibles. El ascenso del petróleo y el gas natural licuado a nivel internacional tiene su contraparte en la Argentina con el naftazo del 11,5% de YPF el lunes, al que le seguirán otros. El gobierno que le declara “la guerra a la inflación” la promueve desde la petrolera estatal. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario, comprometiendo una reducción sustancial de subsidios solamente cierra, en este cuadro, con un tarifazo masivo que de todas formas no llegaría a compensar los aumentos de costos.

La inflación presiona al Banco Central, que viene de comprometerse, de nuevo, con el FMI, en acelerar la devaluación de la moneda. Otra vez, nafta al fuego. Como medida “anti-inflacionaria” preparan más aumento de las tasas de interés, que resultará recesivo e incluso eleva los costos de financiamiento. Por otro lado, el aumento de tasas que prepara la Reserva Federal de Estados Unidos incrementará la presión sobre el tipo de cambio vía fuga de capitales.

Como se ve, el país marcha a paso redoblado a una aceleración de la debacle económica, incluida la posibilidad de una hiperinflación. Una debacle que ya arrojó a casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza.

El gobierno aborda esta situación quebrado, paralizado y comprometido en acelerar el plan de ajuste por el pacto con el Fondo Monetario, que el Congreso se apresta a firmar esta semana. La “suba de retenciones” no va a desacoplar los precios locales de los internacionales: son dos puntos miserables en los derivados de la soja. El famoso fideicomiso del pan, manejado por los funcionarios gubernamentales, terminará en un negociado sin efecto sustancial en los precios. El gobierno no va a un choque con el campo porque depende de los acuerdos con Juntos por el Cambio para su propia supervivencia. El arbitraje excepcional en una crisis de estas características está totalmente fuera del horizonte político de Alberto Fernández. El único arbitraje real en la Argentina es el del FMI.

Es viendo este escenario de crisis que Cristina Kirchner atiza las maniobras rupturistas, actuando como dique de contención para garantizar la gobernabilidad y como reserva futura última del sistema. Ir a fondo contra el pacto con el FMI es cuestionar la orientación central del gobierno, por eso La Cámpora no abrió la boca en la sesión que votó el pacto con el Fondo. El banquero K Carlos Heller presentó el proyecto del Fondo, Itai Hagman, de Patria Grande, no votó en contra sino que se abstuvo, y los gobernadores trabajan para una mayoría abultada en el Senado. Los sindicalistas kirchneristas Palazzo y Yasky también se abstuvieron “para no obstaculizar”, ni hablar de paro alguno. Los intelectuales K, con Foster a la cabeza, se alinearon con el Presidente en la defensa del pacto entreguista, al igual que elementos como Luis D’Elía. La disgregación del campo oficial es múltiple.

Es que el programa K parte de los mismos límites insalvables que condicionan al nacionalismo en el poder. Muy lejos de desconocer, investigar y repudiar la deuda externa, solo se trata de “negociar mejor”. Coloca esta “mejor negociación” en función de ganar una libertad de acción para tomar medidas keynesianas, que son imposibles con un Estado en bancarrota. Si el gobierno ganara “negociando mejor”, como dice La Cámpora, debería tener la capacidad de sortear el tarifazo. ¿Cómo financiaría la montaña creciente de subsidios energéticos que se llevaron 11.000 millones de dólares en 2021, con un superávit comercial de 15.000? No está en el horizonte nacional y popular la única medida posible: nacionalizar integralmente la energía y terminar con el régimen de las privatizadas menemistas y sus negociados.

Cristina se mira en el espejo para ser Boric de Chile o Petro de Colombia (una línea de salvataje del régimen político ante una eventual irrupción popular), cuando lo que tiene para ofrecer es la misma receta recalentada de intervencionismo en rescate del capital que nos llevó a esta crisis. La crisis nacional es un punto culminante del fracaso de todo el arco político patronal del país, desde Macri y sus colaterales liberales, hasta el kirchnerismo.

Nuestro programa, nuestra estrategia

El salto en la crisis va a promover grandes choques sociales. La cuestión salarial se coloca al rojo vivo, con la burocracia pactando la pauta Guzmán-FMI con cuotas de aumentos del 40% punta a punta y dudosas “revisiones” en la segunda mitad del año. El avance de la miseria social con la brutal inflación en alimentos le da un impulso de masividad aún mayor al movimiento piquetero, que construyó, barrio por barrio, un canal de movilización por estos reclamos urgentes. Las jubilaciones de miseria no escapan a este escenario, porque deben esperar meses por aumentos que podrán quedar debajo de la inflación. Preparar cada lucha, para derrotar el plan de hambre y miseria del gobierno y el Fondo Monetario es una cuestión fundamental.

El rol de la izquierda es levantar un programa de salida a la crisis, que parte de esta lucha de clases, porque se basa en colocar los intereses de la clase obrera como punto central de una reorganización económica y política. A la confiscación inflacionaria del pueblo empobrecido en favor de los monopolios del capital financiero, agroindustrial y energético hay que oponerle la confiscación de estos mismos monopolios para colocar los recursos nacionales al servicio de resolver las necesidades de las masas. O sea, un programa de lucha contra el capital: el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para financiar un plan de vivienda e infraestructura, un salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil para las jubilaciones y la duplicación del monto de los planes sociales en la emergencia, todo actualizado por inflación.

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