En las últimas semanas una serie de robos puso de nuevo en la agenda mediática la cuestión de la inseguridad. El ataque a un taxista, en Villa La Lonja, detonó el pase a retiro del comisario General Walter Luján, quien era el jefe de Seguridad de la ciudad.

De este modo, el gobierno provincial busca presentar una iniciativa para solucionar un problema que hunde sus raíces en una crisis de todo un régimen político, y que se expresa en una descomposición de la policía.

Vale recordar que, en el verano, una “ola de robos” tuvo como protagonistas a una banda conocida como los “poliladrones”. Además, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, realizó una asociación entre delito y pobreza que implicó un gol en contra, puesto que el PJ gobierna la provincia desde hace más de dos décadas. Con su declaración, el cuestionado funcionario buscó safar por que la inseguridad viene desde arriba y tiene a la policía entrelazada con el crimen organizado, o actuando de manera delincuencial.

En su discurso de la sesión de apertura legislativa, el gobernador Juan Schiaretti anunció medidas que implicaron un aumento de presupuesto para el área de seguridad. La policía cada vez acumula más fondos, pero el problema continua. Lo que permite concluir que un reforzamiento del aparato represivo no es salida.

El intento de robo del taxista que pasaba por Villa La Lonja provocó la militarización del lugar, y la amenaza de la vuelta de los operativos con los que pagan “justos por pecadores”, una estigmatización que, vale reiterar, no es una solución. Es que con la excusa de perseguir el hurto y el “chiquitaje” se pretende establecer medidas que apuntan a una regimentación social.

Así las cosas, el aparato represivo del Estado no apunta a las usinas generadoras de delito como el narcotráfico sino que es copartícipe del mismo. El tráfico de droga es un proceso de descomposición social que genera todo un circuito delictivo, en el que la policía se integra por acción u omisión. En las barriadas se sabe quien vende, y cada tanto cae un tranza o mediano vendedor, pero la cadena no se corta. Los pibes son utilizándolos como “mano de obra barata” para todo tipo de delitos, y cuando se niegan a robar son represaliados o desaparecidos, como lo atestigua el caso de Luciano Arruga.

La descomposición policial en Córdoba viene siendo largamente registrada. Solo para citar casos ejemplificadores podemos citar el policía judicial, detenido semanas atrás, que tenía el deber de investigar la corrupción en la fuerza, pero quedó privado de libertad por robo. Un escándalo. En la misma línea también se puede mencionar la sustracción de computadoras de Tribunales II: “Para cometer el ilícito, los ladrones no rompieron nada y tenían conocimiento de todo. No hay detenidos ni imputados”, afirmó La Voz.

Otro escándalo es la excarcelación de los policías implicados en el caso de gatillo fácil de que fue víctima Joaquín Paredes. Y también no olvidar que los oficiales que tiraron contra Blas Correa no podían estar en circulación porque tenían causas abiertas. Lo señalado sirve para reflejar la responsabilidad que le cabe al poder judicial, dependiente del poder político.

Un programa de salida

Es necesario que los jueces y fiscales sean electos por el voto popular. Además, es urgente terminar con la policía del gatillo fácil, cómplice e integrante del delito organizado. En su lugar se debe crear una fuerza de seguridad ciudadana, controlada por organizaciones populares y de derechos humanos, en la perspectiva de transformar la sociedad sobre nuevas bases sociales.

Todos los que gobernaron se valieron del aparato policial para la represión de las luchas obreras y populares, por eso lo apañan en sus crímenes. Es necesario una intervención independiente y el desmantelamiento del aparato represivo del Estado.

El planteo señalado también es integrado por un programa que arranque al pueblo trabajador de la pobreza e indigencia al que viene siendo sometido por todos quienes gobiernan. Solo los trabajadores podemos darle una salida a la crisis.

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