Este miércoles fue velado y sepultado el cuerpo de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía durante un intento de robo. A raíz de la preocupación popular por la inseguridad, tanto desde el gobierno como desde la oposición se formulan por estos días las mismas recetas que ya han fracasado en el abordaje del problema: endurecer penas, bajar la edad de imputabilidad, e incrementar el poder de la policía.

El secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni, que quedó en el ojo de la tormenta por el caso, defendió su gestión y planteó recientemente que el problema sería la “puerta giratoria” de la justicia, retomando el latiguillo derechista según el cual los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”. Pero el autor del crimen del kiosquero, Leandro Suárez, había purgado una condena de cinco años por robo a mano armada. Aun así, reincidió. En vez de poner en debate el fracaso del sistema carcelario, que en lugar de resocializar a los reos, los atesta en centros inhumanos de castigo, donde operan bandas criminales y mafias penitenciarias, Berni propone con completa liviandad seguir desarrollando ese semillero del delito.

Ahora, además, en confusas declaraciones realizadas en una entrevista con la periodista Romina Manguel, por A24, dijo que la pena de muerte es “imperfecta y constitucionalmente inviable”, pero sostuvo que está dispuesto a discutir el tema y que “desde lo técnico y desde lo moral (?) no me temblaría el pulso en aplicarla”. El ministro del gobierno “nacional y popular” de Kicillof se hace eco, así, de los planteos más rancios de la derecha. El que crea que la pena de muerte es capaz de resolver algún problema puede dar una mirada a la experiencia infame de los Estados Unidos, donde lo único que ha conseguido es llevar negros y latinos a la silla eléctrica.

A propósito de la derecha, los referentes de Juntos por el Cambio derraman lágrimas de cocodrilo por las víctimas de la inseguridad, en su inmensa mayoría población humilde de las barriadas que ellos han hundido en la miseria, con el mero propósito de asestarle un golpe al gobierno en las elecciones del domingo y de instalar su agenda represiva.

Diego Santilli, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, hizo el mismo planteo de Berni sobre la “puerta giratoria”, reclamando un endurecimiento de las penas (nuevo código penal). Su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, había planteado previamente bajar la edad de imputabilidad, pese a que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los crímenes cometidos por menores de 16 y 17 años son apenas el 3,2% de los cometidos por adultos.

María Eugenia Vidal, la candidata de JxC en la Ciudad, fue un paso más allá: dijo que “es imposible que la seguridad mejore si liberás miles de presos [una referencia imprecisa a los reos con mayor riesgo de Covid que obtuvieron la prisión domiciliaria], si avalás la toma de tierras, si no respaldás a tu Policía”. Asoció, de este modo, el delito con los vecinos que toman terrenos, ante la falta de un lugar donde vivir. Quiere una fuerza policial implacable con la población más oprimida, para mejor custodiar los intereses de los grupos capitalistas, los mismos que se apropian del espacio público y desarrollan negociados inmobiliarios.

Por lo demás, el planteo de “respaldo” a la policía, que también esgrimió la jefa del PRO, Patricia Bullrich, es un eufemismo para dar piedra libre a las mafias de la Federal y la Bonaerense en el gatillo fácil, la represión contra los explotados, los apremios ilegales y la tortura que ya vienen ejecutando.

Todos los reclamos de fortalecimiento policial son inconducentes por el simple hecho de que es la propia policía la que -junto al aparato judicial y el poder político- organiza el delito, liberando zonas y permitiendo el accionar de las bandas del narcotráfico, con las que suele estar imbricada. Ni el gobierno ni la oposición desconocen esto. Si, aun así, alientan un reforzamiento represivo, eso responde a su necesidad de aplicar las políticas de ajuste que exigen el gran capital y el FMI.

El problema de la inseguridad hay que enfrentarlo empezando por el propio aparato estatal. Es preciso descabezar a las cúpulas policiales, abrir los libros de las comisarías y desmantelar el aparato represivo, reemplazándolo por una fuerza de seguridad ciudadana.