Se trata de una denuncia por desvío de fondos pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del distrito de Quilmes hacia varias cooperativas de trabajo que estarían vinculadas a Sebastián Raspa, quien anunció su renuncia como Secretario de Hábitat del Municipio frente a esta denuncia.

La imputación, además de alcanzar a la camporista Mayra Mendoza, incluye también a varios funcionarios y ex funcionarios del distrito.

El monto desviado sería de unos 535 millones de pesos. La denuncia incluye la mención del giro de dinero a cuentas off-shore en Miami que estarían a cargo de Martín Bordalejo, otro ex funcionario de Mayra; un mecanismo clásico para el desfalco de fondo públicos que tiene a macristas y kirchneristas implicados en otros casos como los “Panamá Papers” y “Pandora Papers”.

Las cooperativas de trabajo mencionadas en la denuncia están compuestas por trabajadores desempleados que tienen un plan social con montos miserables que parten de los 16 mil pesos mensuales en su mayoría. Las tareas asignadas a estas cooperativas habrían sido de recolección de residuos, puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos, fumigación y control de plagas, adquisición de plantas ornamentales, y mantenimiento de plazas (Infobae). Esto constituye un fraude laboral, muy extendido en los municipios, donde exigen una contraprestación a los beneficiarios de planes sociales, que realizan tareas fuera de convenio por una suma que está muy por debajo de los salarios que corresponden.

La utilización de los beneficiarios de planes sociales como mano de obra barata y precarizada ha sido un objetivo explicitado por el ministro nacional de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y reivindicado recientemente por Milei y el intendente macrista de Lanús, Grindetti.

Por su parte, Mayra Mendoza ha negado ayuda económica y asistencia de algún tipo a las cooperativas puestas en pie por trabajadores de fábricas cerradas como la papelera Ansabo, así como rechaza permanentemente los reclamos de las organizaciones piqueteras de lucha como el Polo Obrero que se han movilizado reiteradamente al municipio el año pasado.

Es necesario la apertura de los libros del municipio para el control por parte de los trabajadores y del conjunto de la comunidad quilmeña. Pase a planta permanente de todos los trabajadores cooperativistas que realizan tareas para el municipio y salario igual a la canasta familiar para los municipales. Reclamamos la universalización de los programas sociales, sin intermediarios, ya que ese mecanismo es terreno fértil para el manejo punteril y saqueo de los recursos públicos por parte de la red de punteros y funcionarios de los partido patronales. Plan de obra pública bajo control obrero y popular, por la creación de puestos de trabajo genuino bajo convenio.