El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la fuerza que lo dirige, el Pro, con Jorge Macri a la cabeza, quedaron expuestos ante la filtración de un mail dirigido a funcionarios de la gestión porteña “invitando” a aportar el 2% de sus sueldos -por la vía de descuento por nómina- al sostén de dicha fuerza política. La “propuesta” llamó la atención y fue comparada con el aporte voluntario solicitado por el Polo Obrero a sus integrantes, con la salvedad de que el Pro actúa como la patronal directa de eso funcionarios obligados a aportar.

El responsable directo de esta medida, Jorge Macri, reconoció la existencia de dicha iniciativa, señalando que la misma se circunscribe a un universo de 600 funcionarios políticos en la administración pública porteña, con salarios superiores a las $4.000.000 mensuales, a quienes se “solicita” su autorización para retenerles el 2% de aporte a partir del 1° de diciembre.

Las declaraciones de Macri son más que contradictorias ya que al tratarse de cargos con designaciones políticas difícilmente uno pueda optar por negarse a “aportar voluntariamente” sin que esto acarree consecuencias negativas, e incluso el despido.

En una entrevista que el jefe de Gobierno porteño sostuvo ante el más que servil y oficialista medio LN+, el conductor Jonatan Viale le cuestionó que ésta práctica se “asemejaría” a lo que Macri, el gobierno y el propio medio se pasaron denunciando como supuestos aportes compulsivos solicitados por el Polo Obrero.

Esto fue negado categóricamente por Jorge Macri, quien alegó que su práctica estaría circunscripta a la lógica y transparencia de los aportes personales al sostén de los partidos políticos, tras ofrecer números al voleo sin ninguna prueba o constancia.

Lo cierto es que a la inversa de lo que plantea el dirigente del Pro estamos ante una práctica compulsiva de financiamiento del oficialismo porteño bajo una amenaza solapada, la de “hacer merito” para continuar en la gestión. El aporte “voluntario2 bien puede ser tenido en cuenta como una exigencia de “exteriorización” de adhesión política a una función que el gobierno reconoce como un “cargo político”.

Diferente es el caso del Polo Obrero que, sin tener ninguna gestión directa n la continuidad o no de la percepción del programa social, y pudiendo el beneficiario optar por cambiarse de organización en todo momento, solicita un 2% de aporte voluntario para financiar su funcionamiento en todo el país, como cualquier asociación civil transparente.

Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, en cambio, carecen de la “libertad” para decidir aportar o no, o incluso seleccionar el destino final de esos aportes ¿Alguien cree que alguno de estos funcionarios podría aportar, por ejemplo, al Polo Obrero sin que esto tuviera consecuencias inmediatas?

Claro que esto difícilmente ocurra, tratándose de funcionarios de jerarquía, pero si nos orientamos hacia trabajadores de planta permanente con salarios de la media la sola adhesión pública al Partido Obrero podría ser variable de persecución política y sindical.

Cabe agregar que mientras los militantes del Polo Obrero realizaban su aporte voluntario de forma presencial e individual, ratificando su voluntad con cada aporte, el descuento del Pro se realiza por planilla, haciendo aún más eficiente la extorsión oficial y violentando aún más la voluntad de los funcionarios.

Estimaciones periodísticas calculan que esta caja compulsiva del Pro podría recaudar hasta $48.000.000 mensual ¿Acaso habrá algún fiscal o juez de oficio que investigue esta vía ilícita de financiamiento partidario o esos recursos solo son aplicables al financiamiento honesto y trasparente de las organizaciones políticas, sociales y sindicales de los trabajadores?

Cabe señalar que tampoco se trata de una excepción, con la memoria fresca del escándalo de los aportes truchos de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Cambiemos), cuando era presidenta del Pro bonaerense. Los partidos políticos patronales se financian por todas las vías ilegales habidas y por haber, y persiguen a las organizaciones obreras que reúnen sus recursos a base de esfuerzo y colaboración colectiva, ya que esto último entraña un principio de organización política contra el régimen social imperante.

El origen de los recursos de los partidos políticos patronales debe ser investigado para echar luz sobre estos métodos ilícitos y condenar a los responsables, y terminar con la persecución contra las organizaciones piqueteras y políticas que nada esconden. Algo que requiere de una lucha política más integral contra el régimen capitalista y sus partidos políticos patronales.

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