Políticas
10/6/2026
Jorge Macri y la construcción de un régimen policial para la clase capitalista
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Jorge Macri.
El reforzamiento represivo que el gobierno de Jorge Macri impulsa en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolla en un cuadro de profundización de la crisis política y económica, donde la campaña electoral se ha adelantado de hecho y la disputa por la sucesión de Milei ya está abierta. En ese escenario, el macrismo intenta proyectarse a escala nacional ofreciendo a la clase capitalista una salida represiva frente al derrumbe social que se acelera.
La orientación represiva se generaliza por todo el país y muchos gobernadores la asumen como propia. Más allá de la General Paz, el gobierno de Axel Kicillof despliega su propia variante, radicalizando la violencia policial y el control poblacional bajo un discurso de seguridad progresista que consolida un régimen de intervención permanente sobre los barrios trabajadores. Esa variante no es un matiz sino una orientación completa: controles, detenciones arbitrarias y operativos que reproducen la misma lógica de disciplinamiento social que Macri exhibe en la ciudad. El orden que la burguesía reclama es asumido tanto por la derecha explícita como por el peronismo que se reivindica popular.
El escenario internacional refuerza esta tendencia. El pueblo boliviano en las calles enfrentando la misma agenda de ajuste que aplica Milei en Argentina muestra que la crisis social está abriendo paso a choques de fondo entre los pueblos y los gobiernos ajustadores del continente. En este cuadro, Macri intenta ofrecer a la burguesía una orientación represiva a escala nacional como herramienta para contener cualquier desborde social frente al deterioro acelerado de las condiciones de vida.
Pero el modelo que Macri presenta como salida no está exento de contradicciones internas. Operativos como el Tormenta Negra, que movilizaron 1.500 efectivos en una sola jornada, revelan un aparato policial sobreexigido, precarizado y sometido a un desgaste creciente, mientras el ajuste presupuestario reduce los recursos materiales con los que ese mismo aparato pretende sostener una presencia permanente en los barrios.
La orientación represiva se exhibe como una demostración de fuerza, pero se sostiene sobre un Estado que no puede financiar ni garantizar la cohesión de su propia tropa. El llamado “modelo CABA” funciona así como una fuga hacia adelante: una construcción política que promete un orden que el propio régimen es incapaz de sostener en las condiciones actuales.
Lo particular del modelo que impulsa Jorge Macri es que lleva la orientación represiva más lejos que el propio gobierno nacional. No se limita a saturar el territorio: construye un régimen de control policial permanente, profesionalizado y con continuidad operativa. La ciudad organiza un dispositivo de vigilancia cotidiana que opera en todos los barrios bajo un mando centralizado, y esa sistematicidad exige una reorganización presupuestaria que desfinancia áreas sociales y habitacionales para sostener un aparato policial en expansión.
La caída del presupuesto en vivienda, urbanización e infraestructura barrial libera los recursos que alimentan este régimen de control, en sintonía con el ajuste nacional que Milei descarga sobre los programas sociales. Mientras el gobierno nacional declama un orden que no puede sostener por su propia crisis, el modelo porteño avanza en la construcción de un régimen de autoritarismo represivo capaz de intervenir de manera continua sobre la vida cotidiana, aproximándose a una forma estable de control social en un cuadro de crisis creciente.
La masividad de los encuentros por el Indio expuso de manera inmediata el límite de esta política. El intento temprano de impedir la concentración en Plaza de Mayo se desarmó antes de comenzar y la policía solo reapareció cuando todo había terminado, revelando que el Estado carece hoy de la autoridad política necesaria para intervenir de manera directa sobre un movimiento de masas sin quedar desbordado.
Esa incapacidad no detiene, sin embargo, el refuerzo del aparato represivo: por el contrario, el avance hacia un régimen policial de control territorial permanente busca compensar la pérdida de autoridad preparando a las fuerzas de seguridad para intervenir en un cuadro donde la crisis económica y el deterioro social anticipan tensiones crecientes con la clase trabajadora.
La represión durante los encuentros por el Indio no fue un episodio aislado, sino la manifestación más visible de una tendencia que se profundiza. En los últimos meses, distintos conflictos obreros, la lucha de los jubilados, el Garrahan, la lucha universitaria y diversas movilizaciones populares se han abierto paso mostrando un debilitamiento sostenido en la capacidad del Estado nacional para aplicar su propio protocolo antipiquetes.
No se trata de un ablandamiento del gobierno, sino de la crisis política que envuelve al Estado en su conjunto, incapaz de sostener el orden que proclama incluso cuando refuerza su orientación represiva. Ese contraste se profundiza en el terreno operativo: a medida que el aparato represivo nacional pierde cohesión y capacidad de intervención, el gobierno de la Ciudad consolida un régimen policial propio, sostenido por una estructura de control con continuidad, planificación y presencia permanente en las calles.
Frente a este cuadro, la salida no puede ser otra que la intervención organizada de la clase obrera. La orientación represiva en expansión exige que los movimientos democráticos se pronuncien contra la violencia estatal y la impunidad policial, que las organizaciones sociales enfrenten la avanzada sobre la vivienda popular y que la clase trabajadora intervenga para frenar un régimen que busca disciplinar al conjunto del pueblo y descargar su propio fracaso sobre sus espaldas. La defensa de un porvenir propio exige una respuesta organizada de todos los sectores golpeados por la orientación del gobierno, para abrir paso a una salida propia de los trabajadores frente al derrumbe social.
