En el día de hoy, integrantes de los pueblos qom y moqoit de la provincia del Chaco convocaron a una jornada nacional reclamando justicia por el joven qom de 14 años, Josué Lago, asesinado por la policía de Capitanich, en San Martín, provincia de Chaco. En Buenos Aires, tuvo lugar una concentración en la Casa de Chaco y se realizaron acciones en distintos puntos del país. El crimen fue cometido días después de que el presidente Alberto Fernández afirmara que los argentinos “vinieron en barco”, invisibilizando a los pueblos originarios, dichos que se enmarcan en una persecución sistemática por parte de todos los gobiernos a las comunidades.

 

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Las condiciones de vida a las cuales son sometidas los pueblos indígenas del Noroeste y el Noreste argentino se vieron agravadas a raíz de la pandemia. La falta de obras para garantizar el acceso al agua potable tuvo gravísimas consecuencias sanitarias en las comunidades. A esto se suma la falta de insumos en los centros de salud cercanos y la lejanía de los hospitales de alta complejidad. Además, no existe una adecuación cultural de la atención médica y escasea el personal de salud que hable lenguas indígenas.

Por otra parte, la decisión de los gobiernos provinciales de cerrar rutas durante el aislamiento social dificultó la obtención de recursos y de bienes básicos por parte de las poblaciones originarias. Muchos, incluso, se quedaron afuera de poder recibir una mínima asistencia social por falta de conectividad para inscribirse a los programas o de cajeros automáticos cercanos para cobrar dichas prestaciones.

La represión ha sido la norma ante los levantamientos que han ocurrido producto de estos atropellos. En noviembre del 2020 la policía de Infrán reprimió y detuvo a integrantes de la comunidad wichí de Pocitos, provincia de Formosa, quienes reclamaban políticas públicas para poder tener acceso al agua potable. En enero de este año, las mismas fuerzas represivas escarmentaron brutalmente un corte de ruta realizado por por la comunidad wichí de María Cristina y Santa Teresa, en reclamo de la instalación de un cajero automático para poder acceder al cobro de pensiones, haberes y distintas transferencias estatales.

En octubre 2020 fue el episodio en el cual la policía de Chaco irrumpió en la vivienda de una familia qom en Fontana, torturando a sus miembros y violando a las mujeres. La fuerzas policiales de Capitanich también fueron protagonistas del ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. La cuarentena ha servido como excusa para avanzar en la represión de las comunidades originarias, como lo muestra el ataque con balas de goma y la posterior detención de 20 integrantes wichí en Formosa el año pasado por haber “incumplido las medidas de restricción”.

Durante el 2020, a pesar de que estaban prohibidos los desalojos, comunidades originarias fueron expulsadas violentamente de sus tierras en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe para favorecer distintos negociados inmobiliarios. Existe la ley 26160, que supone avanzar en el relevamiento de los territorios de los pueblos indígenas para que nadie reclame su propiedad, sin embargo, no se lleva adelante dando como resultado despojos sistemáticos hacia las comunidades, avalados por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Este es el trasfondo de las movilizaciones del día de hoy. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha de los pueblos originarios contra la represión, por el derecho a la tierra, a la salud y a los servicios básicos contra las fuerzas políticas que gobiernan, que no hacen más que empobrecer a las comunidades y fomentar la discriminación. Como se ve, la frase xenófoba Fernández es la punta del iceberg del genocidio indígena como política de Estado. Justicia por Josué Lago, respuesta inmediata a todos los reclamos históricos.