El gobierno anunció una actualización del 12,2% en las prestaciones de la seguridad social para marzo, conforme la fórmula de aumentos trimestrales fijada para las jubilaciones, pensiones y asignaciones. El monto se ubica una vez más por debajo del ritmo de la inflación, que consultoras privadas proyectan en 13 puntos para los primeros tres meses del año, y dejaría la jubilación mínima algo por encima de los 32.000 pesos.

A la par de esta desvalorización permanente de los haberes avanza una reforma previsional silenciosa, que consiste en que cada vez menos adultos mayores acceden a una jubilación y deben vivir con pensiones de indigencia. Según el boletín de la Secretaría de Seguridad Social, en 2021 cayó por segundo año consecutivo el número de jubilados y pensionados: el promedio mensual fue 1,2% menor que en 2020. Dentro de ese universo, disminuye la proporción de quienes cumplieron con los años de aportes para jubilarse y aumenta la de quienes cobran una Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), fijada en el 80% del haber mínimo (al día de hoy poco más de 23.000 pesos).

Es un resultado de la generalización de la precarización laboral y la desocupación masiva, con su consecuente vaciamiento de las cajas previsionales por la evasión que implica sobre las contribuciones patronales y aportes personales. Comparado con diciembre de 2019, se redujo en casi 100.000 beneficiarios los que cuentan con 30 años de aportes o más. Entre los jubilados el 64,8% accedió al retiro mediante una moratoria, por lo que engrosan el pelotón de los que perciben la mínima -e incluso menos durante los primeros años debido a las cuotas que deben pagar por los aportes adeudados.

El gobierno se ahorra con esto una buena parte del gasto previsional. Según los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en 2021 esta partida perdió 4,3% contra la inflación. Gracias a ello, su monto se desplomó hasta representar apenas un 8,4% del PBI, por debajo de todo el mandato de Macri. El achicamiento del déficit fiscal se cobró una factura clave a los trabajadores.

Hacia adelante se abre un horizonte lúgubre, porque centenares de miles de trabajadores se aproximan a la edad de retiro sin contar con los aportes ni estar incluidos dentro de los regímenes para adherir a una moratoria. Tenemos en marcha el corazón de las reformas previsionales que exige el Fondo Monetario Internacional, basado en la liquidación de la jubilaciones como un salario diferido por el cual aportan los trabajadores durante toda si vida laboral, para pasar un sistema de pensiones a la vejez desvinculado de todo salario en actividad -y en niveles de recontra indigencia.

Lo dicho desmiente la tesis oficial de que el acuerdo con el FMI excluye de reformas estructurales. Las metas de ajuste pautadas solo pueden cumplirse con ataques a la clase obrera. Para derrotarlo es necesario profundizar la movilización popular, en el camino trazado por la masiva jornada de lucha del 8 de febrero que colmó Plaza de Mayo y decenas de plazas en todo el país. En ese proceso se inscribe la pelea por un aumento de emergencia para jubilados y pensionados, el 82% móvil, una moratoria para todos los trabajadores que no cumplan con los años de aportes, la reposición de las cargas patronales y el pase a planta permanente bajo convenio de todos los precarizados.