La cena anual del Cippec (un “think tank” patronal), del pasado lunes 27, colocó nuevamente a debate la ofensiva ajustadora contra los regímenes jubilatorios especiales, como medida para confiscar las cajas jubilatorias de los trabajadores en vistas a cumplir con las metas fiscales del FMI.

La propuesta de este sector es avanzar hacia un “sistema de jubilación universal” complementado con “una jubilación diferencial ponderada según la cantidad de años de aportes”. Para esto plantean terminar (o minimizar) el conjunto de los regímenes jubilatorios especiales para equiparar hacia abajo y así hacer “sostenible” el sistema jubilatorio.

A continuación extractamos algunos párrafos de la nota de Nelson Marinelli, en Prensa Obrera, respecto al carácter y la naturaleza de dichos regímenes, publicada el 7/3/2020, en ocasión del intento del gobierno de Alberto Fernández de avanzar contra las cajas previsionales.

¿Qué son los regímenes especiales de jubilación y cuáles tiene en la mira el gobierno?

La sola recorrida por los sectores que quedarían afectados por la ofensiva oficial en preparación da cuenta del salvajismo y el retroceso social que supone esta decisión, que recaerá sobre obreros y obreras que realizan tareas penosas, de riesgo o insalubres y que se jubilan a edades más tempranas que los demás porque tienen menores expectativas de vida, sus actividades son determinantes de vejez o agotamiento prematuro o enfrentan la imposibilidad de mantener más años su vida laboral.

Además de los docentes, que incluyen a los que trabajan en establecimientos de frontera o de educación diferencial, que aportan a la jubilación un 2% mensual más de su salario (13% en lugar de 11%) y que pasan 25 a 30 años al frente de alumnos en condiciones laborales conocidamente deficientes, en el listado del Anses donde se precisan los beneficiarios de jubilaciones diferenciadas, están los trabajadores mineros que realizan tareas a cielo abierto o subterráneas; el personal de la salud que está en salas o servicios de enfermedades infecto-contagiosas y establecimientos de asistencia de diferenciados mentales y los obreros petroleros que se hayan desempeñado en la exploración petrolífera y gasífera llevado a cabo en campaña y en boca de pozo o la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos.

También tienen regímenes especiales que, en la mayoría de los casos, no cobran un haber diferenciado sino que pueden jubilarse con menos años de edad y de servicios, los choferes de ómnibus y colectivos, que sufren el deterioro de la salud con las jornadas de 12 horas conduciendo; el personal embarcado, incluidos los trabajadores de la pesca, una tarea reconocidamente riesgosa y dura; los estibadores portuarios que realizan tareas de enorme esfuerzo; las trabajadoras del servicio doméstico; los de la industria de la construcción que realizan tareas peligrosas y que tienen altos índices de siniestralidad.

A ellos se les suman los pilotos, copilotos y auxiliares a bordo, que sufren un mayor deterioro físico por el trabajo en altura; los trabajadores del campo; los recolectores de residuos; los integrantes del ballet del Teatro Colón, cuya actividad tiene un límite claro de años y el personal de Luz y Fuerza que realiza tareas en altura, en celdas y barras de alta tensión o instalaciones no protegidas, en trabajos con tensión o postes.

En la industria de la carne, está incluido el personal que realiza tareas de matanza, faenamiento y procesamiento de reses, el control veterinario y en el tratamiento y destrucción de animales enfermos y en salas de máquina donde se superen los 85 decibeles y cuando no hubiere protección auditiva, o los 115 decibeles cuando la hubiere. Y, entre los metalúrgicos, aquellos que estén expuestos a la radiación del calor afectado a procesos de producción en tareas de laminación, acería y fundición realizadas en forma manual o semimanual desarrolladas en ambientes de alta temperatura.

Un golpe a estos regímenes especiales, justificado por cualquier argumentación nac&pop devenida reaccionaria, supondría que todos estos trabajadores, que sufren condiciones de trabajo que provocan un alto deterioro físico y/o mental, deberían extender su vida laboral a las “generales de la ley”. Supondría un retroceso de un siglo en las condiciones sociales y de vida.

La ofensiva que pretende liquidar conquistas históricas del movimiento obrero, que fueron logradas con años de lucha, el oficialismo vuelve a justificarla en la necesidad de equiparar –siempre hacia abajo- los ingresos de los beneficiarios, claro que solo en el caso de los trabajadores.

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