El ataque que prepara el gobierno sobre los regímenes previsionales especiales, en primer lugar el de los docentes, involucra a una enorme cantidad de sectores de trabajadores que, por las características especiales de sus tareas, tienen requisitos diferenciados a la hora del retiro. Como una forma de darle “amplitud” al golpe a los jubilados, desde el oficialismo han armado una comisión parlamentaria que acaba de dar a conocer una parte de su trabajo “de asesoramiento” al Ejecutivo, donde “explica” los déficits que generan los regímenes especiales y, claro está, la necesidad de corregir ese desbalance.

La comisión parlamentaria oculta que el déficit de la Anses no está vinculado con los regímenes especiales, sino por el desfinanciamiento provocado por los distintos gobiernos liberales y nac&pop con la baja de los aportes patronales, la utilización de los fondos del organismo para pagar deudas, la permisividad con el trabajo en negro, entre otras cosas.

En la reciente audiencia en defensa de la movilidad de las jubilaciones, convocada por la diputada del FIT, Romina Del Plá, la previsionalista Andrea Falcone señaló que según estudios bajar el porcentaje de trabajadores en negro del 44% al 30% implicaría un aporte a la Anses de 500.000 millones de pesos anuales, a valores de hoy.

Conclusiones de la Audiencia en defensa de la movilidad jubilatoria

La ofensiva que pretende liquidar conquistas históricas del movimiento obrero, que fueron logradas con años de lucha, el oficialismo vuelve a justificarla en la necesidad de equiparar –siempre hacia abajo- los ingresos de los beneficiarios, claro que solo en el caso de los trabajadores.

Así, el proyecto que espera su aprobación en el Senado respecto de la supuesta eliminación de los privilegios en las jubilaciones de jueces y embajadores ha sido armado como un show para esconder esta ofensiva, ya que aquellos mantienen, al retirarse, los actuales haberes previsionales de 200.000 a 500.000 y el 82 y 85 por ciento móvil. Este proyecto, además, deja sin modificación alguna la jubilación más que de privilegio, del o de la presidente y vice, de los miembros de la Corte Suprema y de los obispos y arzobispos, que solo por haber pasado por esos cargos, ya tienen el derecho a una jubilación con el mismo monto de su ingreso en actividad.

Los regímenes especiales en la mira

La sola recorrida por los sectores que quedarían afectados por la ofensiva oficial en preparación da cuenta del salvajismo y el retroceso social que supone esta decisión, que recaerá sobre obreros y obreras que realizan tareas penosas, de riesgo o insalubres y que se jubilan a edades más tempranas que los demás porque tienen menores expectativas de vida, sus actividades son determinantes de vejez o agotamiento prematuro o enfrentan la imposibilidad de mantener más años su vida laboral.

Además de los docentes, que incluyen a los que trabajan en establecimientos de frontera o de educación diferencial, que aportan a la jubilación un 2% mensual más de su salario (13% en lugar de 11%) y que pasan 25 a 30 años al frente de alumnos en condiciones laborales conocidamente deficientes, en el listado del Anses donde se precisan los beneficiarios de jubilaciones diferenciadas, están los trabajadores mineros que realizan tareas a cielo abierto o subterráneas; el personal de la salud que está en salas o servicios de enfermedades infecto-contagiosas y establecimientos de asistencia de diferenciados mentales y los obreros petroleros que se hayan desempeñado en la exploración petrolífera y gasífera llevado a cabo en campaña y en boca de pozo o la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos.

Otros regímenes en peligro

También tienen regímenes especiales que, en la mayoría de los casos, no cobran un haber diferenciado sino que pueden jubilarse con menos años de edad y de servicios, los choferes de ómnibus y colectivos, que sufren el deterioro de la salud con las jornadas de 12 horas conduciendo; el personal embarcado, incluidos los trabajadores de la pesca, una tarea reconocidamente riesgosa y dura; los estibadores portuarios que realizan tareas de enorme esfuerzo; las trabajadoras del servicio doméstico; los de la industria de la construcción que realizan tareas peligrosas y que tienen altos índices de siniestralidad.

A ellos se les suman los pilotos, copilotos y auxiliares a bordo, que sufren un mayor deterioro físico por el trabajo en altura; los trabajadores del campo; los recolectores de residuos; los integrantes del ballet del teatro Colon, cuya actividad tiene un límite claro de años y el personal de Luz y Fuerza que realiza tareas en altura, en celdas y barras de alta tensión o instalaciones no protegidas, en trabajos con tensión o postes.

Queda claro que no hay aquí ningún privilegio. Porque, además, los salarios con los cuales llegan a la jubilación son, en la mayoría de los casos, lindantes o por debajo del costo de la canasta básica.

Esfuerzo y riesgo para la salud

En la industria de la carne, está incluido el personal que realiza tareas de matanza, faenamiento y procesamiento de reses, el control veterinario y en el tratamiento y destrucción de animales enfermos y en salas de máquina donde se superen los 85 decibeles y cuando no hubiere protección auditiva, o los 115 decibeles cuando la hubiere. Y, entre los metalúrgicos, aquellos que estén expuestos a la radiación del calor afectado a procesos de producción en tareas de laminación, acería y fundición realizadas en forma manual o semimanual desarrolladas en ambientes de alta temperatura.

Un golpe a estos regímenes especiales, justificado por cualquier argumentación nac&pop devenida reaccionaria, supondría que todos estos trabajadores, que sufren condiciones de trabajo que provocan un alto deterioro físico y/o mental, deberían extender su vida laboral a las “generales de la ley”. Supondría un retroceso de un siglo en las condiciones sociales y de vida.

Y en esto no hay grieta, es una política del conjunto de la burguesía, es la misma política que intentó aplicar el macrismo y lo hizo hasta donde pudo. A mediados de mayo del 2018, Macri hizo una declaración aplicable a la justificación de la ofensiva actual: en referencia a las jubilaciones (y también a los regímenes laborales especiales) planteó que “una sociedad más justa significa que todos trabajemos la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días y la misma cantidad de años”.

La burocracia sindical de todo pelaje, que está entregando las paritarias, también entrega las jubilaciones (allí están las declaraciones avalando la quita de la movilidad).

Esta ofensiva no puede pasar. Los jubilados y los trabajadores, que serán golpeados a futuro, tienen por delante la pelea para derrotar este golpe que quiere aplicar el gobierno. Una muestra de la preocupación y disposición a enfrentarla fue la masiva audiencia pública convocada por Romina.

Hay que extenderla a una campaña en las calles y en los lugares de trabajo. Es en defensa de la vida.

Con la excusa de las jubilaciones de privilegio atacan los regímenes…