El gobierno confirmó el monto de las jubilaciones y asignaciones familiares para el mes de abril, con la actualización según la fórmula de movilidad que fija los aumentos al IPC de dos meses atrás. Son cifras de miseria que muestran sobre quiénes se descarga el ajuste.

Con el aumento del 2,4%, a partir de abril quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $355.820,63, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.

Las jubilaciones constituyeron un factor clave en el ajuste del gasto público: explicaron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024. Frente al promedio de las jubilaciones mínimas con bono entre septiembre y noviembre 2023 a marzo 2025, los haberes mínimos perdieron un 13,3% de poder adquisitivo, según la medición del CEPA.

Por eso, estos se agrupan para movilizarse cada miércoles, luchando por una jubilación mínima igual a la canasta básica y por el 82% móvil, entre otros reclamos, y son brutalmente reprimidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mantener en la indigencia a los jubilados forma parte estratégica del plan de guerra del gobierno contra el conjunto de los trabajadores.

En el caso de las asignaciones familiares, el incremento se aplica tanto a los ingresos como a los techos de ingresos para poder acceder a ellas. Recordemos que estos últimos fueron reducidos mediante el decreto 194/2024 del gobierno de $1.980.000 a $1.077.403, lo que afectó a un millón y medio de familias que ya no pudieron acceder a la misma, incluso percibiendo ingresos por debajo de la canasta básica, la cual se ubicaba en $1.649.499 en enero de este año y que ahora probablemente esté superando los $2.000.000.

A partir de abril, si uno de los integrantes de la familia percibe un ingreso superior a $2.105.438, es decir si apenas logra cubrir dicha canasta, la familia quedará excluida del cobro de las asignaciones, sin importar si el ingreso total del grupo no supera el máximo permitido. 

Desde abril, la Asignación Universal por Hijo se ubicará en $102.705 y, en lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $795.177, se cobrará por hijo $51.355, mientras que si el ingreso familiar es superior a $795.177 y de hasta $1.166.207, se cobrará por hijo $34.640, por citar algunos ejemplos.

Son montos sumamente magros que no resuelven el problema que tienen miles de familias para mantener a sus hijos, sobre todo en un contexto de despidos, destrucción del salario y del poder adquisitivo mediante paritarias a la baja, y avance en la precarización laboral. Este cuadro es el resultado del ataque permanente del gobierno a las condiciones de vida de los trabajadores.

El ajuste sobre las asignaciones familiares forma parte del torniquete que aplica el gobierno sobre la asistencia social. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los programas sociales cayeron un 45,6% interanual –noviembre 2024 vs. noviembre 2023– en términos reales. Es decir, en un año, ajustaron casi un 50% a los que menos tienen, tanto en partidas alimentarias, asistenciales y educativas. Todo esto pese a que la pobreza creció al 52,9% en el primer semestre del año y la indigencia se duplicó, alcanzando al 18,1% de los argentinos.

El Ejecutivo, lejos de recomponer absolutamente nada, continúa descargando el ajuste sobre los más vulnerables, lo que constituye un motivo más para ir al paro general del 10, convocado por la CGT, y ganar las calles el 9. A su vez, es fundamental reforzar las movilizaciones de jubilados y acompañar la lucha de las organizaciones piqueteras para tirar abajo todo el programa de hambre oficial.

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