27/09/2021

Jubilaciones y Leliqs: los jubilados financian a los bancos

El Estado nacional se ahorró $190.403 millones en haberes con los que pagó una parte de los $814.190 de intereses de Leliqs.

En lo que va del 2021, el Estado recortó el gasto previsional en un cuarto de lo que utilizó para pagar los intereses de las Leliqs y pases el BCRA. La noticia la difundió un informe del centro de estudios Idesa, que estimó que el ahorro en las jubilaciones y pensiones fue de $190.403 millones en comparación a los $814.190 millones que se pagó a los tenedores de los títulos de las letras.

El hecho desdice al propio presidente Alberto Fernández, que en la campaña presidencial de 2019 prometió “dejar de pagar los intereses de las Leliq para aumentar un 20% las jubilaciones”. Sin embargo, las prioridades oficiales durante la gestión fueron contrarias, sobre todo si se tiene en cuenta que el aumento de las jubilaciones hasta agosto rondó el 36%, mientras que la inflación en el mismo periodo se ubicó en 51%.

También confirma que quienes iban a “combatir la timba financiera del macrismo” se convirtieron en sus facilitadores. Gracias a las altas tasas de interés -de 34% para las Leliq- y bajo la premisa de intentar mantener la pax cambiaria y evitar una corrida del dólar, el BCRA engrosó vigorosamente las letras emitidas hasta alcanzar la suma de 3,9 billones, que explica el pago de 814.190 millones en concepto de intereses en casi 10 meses, superando los gastos estatales en salarios y salud durante el mismo periodo.

Los grandes beneficiarios de estos negocios son los bancos, que encuentran una excelente oportunidad para invertir los pesos de los ahorristas, pero que trae consecuencias para el conjunto de los trabajadores ya que culmina por encarecer los créditos del sistema bancario y aumentando la inflación debido a que el BCRA recurre a la emisión monetaria para poder cancelar los distintos pagos.

Las jubilaciones han sido particularmente perjudicadas por el aumento de la inflación. El aumento del 35% no le ganará a la inflación, que advierten rondará el 50%. Así es como al día de hoy, más de la mitad de los jubilados cobran los haberes mínimos equivalentes a $25.922, es decir ubicados por debajo de la línea de indigencia. En cambio, el gasto dirigido al pago de intereses de Leliq y letras desde julio de 2020 a julio de este año había aumentado un 89%.

Ni siquiera la derrota en las Paso logró modificar el rumbo fondomonetarista del gobierno. El bono que ahora distintos sectores plantean otorgar seguirá el tono ajustador del posible IFE 4, que consta de una sola cuota de $15.000, pero será incluso menor: se espera un monto de $6.000. Mientras, el aumento de la mínima -gatillado por el aumento del salario mínimo vital y móvil- que cobran más de un millón de jubilados para los próximos dos meses será de $318.

El nuevo bono jubilatorio sigue la lógica del otorgado en abril y mayo de este año y busca esconder la liquidación de la movilidad jubilatoria debido a la nueva fórmula responsable de desvincular los aumentos de la inflación, ya que perpetúan el desgaste de las jubilaciones por no incorporar dichos montos a las actualizaciones. Junto a este paquete de medidas, el gobierno anticipó que permitirá acceder a una jubilación a trabajadores desocupados o bajo regímenes informales que cumplan 30 años de aportes y que no alcancen la edad jubilatoria, pero con haberes entre el 50 y el 80%.

Lo que parece una medida en favor de cierta recomposición en realidad implica una quita, sobre todo si se tiene en cuenta que la jubilación anticipada ya tenía dictamen en la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados con el 100% de los haberes, mientras cientos de trabajadores siguen sin poder jubilarse. Corresponde una moratoria automática y universal y garantía de acceso de quienes trabajan de manera informal a una jubilación, que sea financiado con aportes de las patronales que se beneficiaron durante los últimos años con la precarización laboral.

El gobierno busca recomponer su imagen de ajustadores seriales repartiendo pequeños bonos y aumentos, pero que no lograrán mejorar los índices de pobreza porque son una reedición de medidas que ya fracasaron en el pasado. La política oficial de rescate de los capitalistas a través de los fondos públicos se profundizó durante la gestión de Alberto Fernández, responsable de vaciar los presupuestos de salud, educación y disminuir el gasto social para atender la pandemia en detrimento de las condiciones de vida.

Es necesaria una jubilación mínima de $67.000, movilidad automática indexada a la inflación y a los salarios, restitución de los aportes patronales, moratoria general para quienes no tienen aportes en blanco.

 

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