Políticas
24/2/2026
¿Jubilados? Cada vez más adultos mayores tienen que seguir trabajando para vivir
Crece la cantidad de retirados que sale a trabajar en condiciones de precariedad laboral, debido a que los haberes no satisfacen sus necesidades básicas.
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Imagen: archivo.
La cantidad de jubilados que salen a trabajar debido a que los haberes que perciben no cubren sus necesidades sociales ha aumentado, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Son consecuencias de la política de destrucción del sistema previsional que han llevado adelante los distintos gobiernos capitalistas y que ahora Milei profundiza.
La tasa de actividad económica se incrementó, alcanzando el registro más alto para un trimestre desde 2016 (48,6%), fundamentalmente por la incorporación de adultos mayores al mercado laboral. Entre quienes tienen 66 años o más (la edad de retiro en Argentina es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres), la misma creció un 11%.
La mayoría de los jubilados cobra casi $430.000 con el bono -congelado desde marzo de 2024- incluido. Muchos, por lo tanto, se ven obligados a trabajar para siquiera arrimarse a la canasta de la tercera edad, que fue estimada en $1.500.000 en octubre pasado por la Defensoría de la Tercera Edad.
Realizan trabajos precarios o en la informalidad total: limpieza en casas, cuidado de personas con enfermedades, venta ambulante, jardinería, Uber. Se trata, además, de actividades que requieren de un esfuerzo físico que para los adultos mayores supone un desgaste brutal y, por lo tanto, una pauperización más acelerada de sus condiciones de vida.
Según IAG, la precarización laboral alcanzó por primera vez a más de 6 millones de personas, abarcando al 44,2% de los ocupados. Su trabajo también aborda un aspecto de la realidad laboral que denomina como “desempleo encubierto”, que incluye a las personas que buscan trabajo pero solo encuentran “ocupaciones de pocas horas y alta precariedad”. Este asciende al 13,8% -por encima de la tasa de desocupación oficial- y para los jubilados creció un 34,1% interanual.
La introducción de los jubilados en el mercado laboral, por otra parte, refuerza la competencia entre los trabajadores que tiene lugar bajo el capitalismo, tensando hacia abajo el precio que pagan los patrones por la compra de la fuerza de trabajo.
El fenómeno refuta a los capitalistas y sus representantes políticos, que sostienen que, como la gente “vive más”, debe seguir trabajando, o que los jubilados son una carga. La realidad es al revés: los diferentes gobiernos le robaron a los trabajadores para financiar al fisco, desconociendo que la jubilación es un salario diferido que el trabajador ha ido “financiando” a través de los aportes que ha hecho al sistema previsional.
Más que parte del “costo laboral” o un “impuesto al trabajo”, estos aportes son una deducción del valor que producen los trabajadores durante su vida como activos.
Todo esto muestra, más bien, la quiebra en la que han sumido los distintos gobiernos capitalistas al sistema previsional. Utilizaron su dinero para subsidiar capitalistas, pagar deuda externa y, en muchos casos, para sostener negocios como el carry trade.
Los haberes de miseria son el resultado de esto, de la promoción del trabajo en negro y de los robos que han venido perpetrando los gobiernos mediante las modificaciones de las fórmulas de cálculo de haberes.
A esto se suma la rebaja sistemática de los aportes patronales, que no se han repuesto desde que disminuyeran sustancialmente bajo Menem y Cavallo. La reforma laboral mileísta incluye, por otra parte, la creación de un fondo para pagar indemnizaciones financiado con dinero de los aportes jubilatorios, que será destinado inmediatamente a sostener la bicicleta financiera.
Para consagrar este robo a los jubilados, los empresarios y el gobierno quieren avanzar en una reforma previsional que eleve la edad de retiro y tienda a convertir las jubilaciones en una mera pensión a la vejez. Todo lo mencionado se hace, en última instancia, para elevar o recomponer la tasa de ganancia capitalista.
Peleemos por un salario que equivalga a la canasta básica familiar, una recomposición de los haberes, por el 82% móvil (en función de dicho salario) y por la restitución de los medicamentos. El camino lo marcan los jubilados que se plantan todos los miércoles en Congreso.
