En la segunda reunión de la Comisión de Juicio Político se expusieron los 14 proyectos vigentes, presentados por diputados y algunos particulares, que buscan enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Corte

Este tribunal es parte de un régimen que condena a las mayorías trabajadoras a una situación cada vez más grave; compuesto por cortesanos que deben ser nombrados por los senadores de la nación, entre los que se encuentran miembros de todos los bloques políticos patronales, incluido el peronismo, quien tiene la mayoría en esa cámara desde hace 39 años.

Es una corte de clase, que avala regímenes de privilegio, el ataque a las jubilaciones, al ambiente, y a los derechos sociales y laborales.

Por solo mencionar algunos aspectos, el actual presidente de la CSJ, Horacio Rosatti, tan cuestionado ahora por los diputados oficialistas, fue Ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005. Esto luego de que haya sido de público conocimiento que mientras era intendente de la ciudad de Santa Fe, entre el ‘95 y el ‘99, mantuvo en su puesto como empleado municipal al represor Ramos Castagnolo, incluso habiendo recibido en su momento la denuncia de Patricia Isassa, una de las expositoras en la comisión y víctima de la represión de Ramos en el año ‘76.

Pablo Llonto, otro de los expositores particulares y querellante en causas de lesa humanidad, planteó el hecho de que las condenas en casos de esta índole se dan de manera lenta sin que haya una respuesta a este problema por parte del tribunal. Aún cuando tiene herramientas para revisar las actuaciones de los jueces que intervienen en estas causas, como la Comisión Interpoderes, la cual Rosatti no pone en funciones. Esto conlleva a que el número de condenados por los crímenes de la última dictadura militar sea ínfimo.

Carlos Rosenkrantz, nombrado por decreto por Mauricio Macri en el 2015, pero luego convalidado en su puesto por el Senado en el 2016, ha sido parte, junto con Horacio Rosatti, de esta Corte que votó el 2×1, cuya aplicación favoreció a los genocidas de la última dictadura. Solo a partir de la masiva movilización de mayo del 2017 retrocedió en su resolución. Aun así, Rosenkrantz siguió sosteniendo su posición, y en minoría continuó votando a favor de los genocidas.

Ricardo Lorenzetti está siendo acusado tanto por diputados del oficialismo como de la Coalición Cívica (CC), que integra Juntos por el Cambio, por la “mala administración y gestión de recursos” mientras fue presidente del tribunal, entre otros hechos. Paula Oliveto, la diputada de la CC que expuso su proyecto, expresó que a diferencia de los impulsados por el oficialismo, el propio no buscaba ir contra todos los miembros de la Corte como una suerte de presión sobre la institución por motivos políticos, sino que defendían la independencia de poderes y acusaban sobre la base de sus propias convicciones. Esto cuando son sabidos los cambios y las acusaciones según la conveniencia de su principal referente, Elisa Carrió.

La farsa

El inicio de las reuniones de esta comisión la semana pasada, se dio luego de que el oficialismo impulsara su tratamiento a partir de la condena a CFK por la causa vialidad, y poniendo como caballito de batalla el argumento de la resolución de la Corte sobre la coparticipación en favor de la ciudad de Buenos Aires.

Esto demuestra el interés claramente político del juicio, en medio de disputas tanto entre los distintos bloques como dentro de cada espacio en un año electoral. La búsqueda de impunidad en casos de corrupción por parte de todos quienes han gobernado, y de tener un respaldo en el máximo tribunal de justicia a la hora de hacerlo, es lo que ha llevado a este debate.

La oposición se excusa en que está este juicio en proceso, con el que no acuerda, para no dar quórum en las sesiones del Congreso y no tratar otros proyectos. El oficialismo busca desplazar a quienes han sido hostiles a intereses propios. El proyecto oficialista principal, cuya exposición estuvo a cargo del diputado Eduardo Valdés, planteó varios cargos contra todos los miembros de la Corte con ese fin. “Este juicio no llega por la defensa de ningún interés popular sino como parte de la lucha de camarillas entre el macrismo y el peronismo por la impunidad”, como expresó la diputada del PO-FIT-U, Romina Del Plá. Cuando en el 2017, luego del aberrante fallo del 2×1, desde la banca del Partido Obrero se presentó un proyecto de juicio político, no se dignaron a tratarlo.

El ajuste

Al mismo tiempo que se está llevando adelante este juicio, continúa el ajuste ordenado por el FMI. Los 160 mil despidos en el Potenciar Trabajo, el tope de 60% para las paritarias acordado con la burocracia sindical y la falta de tratamiento de la moratoria previsional, con todos los límites que posee, tienen el fin de juntar los recursos que exige el FMI para asegurarse el pago de la deuda.

Todo esto luego del ajuste y el retroceso de los ingresos que sufrieron los trabajadores durante el último tiempo. Por solo dar un ejemplo, los trabajadores registrados sufrieron una pérdida del 24,9% en los últimos 5 años frente a la inflación, mientras que los no registrados tuvieron una disminución del 39,7% en el mismo periodo. Frente a esto, la burocracia sindical sigue la agenda del gobierno.

Cómo sigue

Luego de esta reunión de exposición, el próximo jueves se debatirá la admisibilidad o no del juicio y, en caso de ser aprobada, se abrirá el periodo de producción de prueba luego del cual se dictaminará si debe realizarse o no el Juicio Político, dictamen que deberá llevarse al recinto. Desde ya que esta campaña del oficialismo no tiene destino, ya que precisa de dos tercios de los votos de la Cámara para prosperar, con lo que necesitaría sí o sí a la oposición mayoritaria.

Desde el PO-FIT-U rechazamos no sólo a estos cortesanos que han demostrado su orientación, sino a esta justicia de clase en su conjunto, con cargos vitalicios, y avalada por todos los bloques patronales ya que garantizan la continuidad del régimen y sus privilegios. Planteamos la elección popular de jueces y fiscales con carácter revocable. Solo un gobierno de trabajadores podrá cambiar de raíz una Justicia social de los explotadores y su régimen social.

Es necesario que les trabajadores no caigamos en esta maniobra del gobierno y que impulsemos una intervención propia en la crisis económica y política por nuestras reivindicaciones. Por el salario y que no haya techo en las paritarias, por el 82% móvil para las jubilaciones, por el cese de los 160 mil despidos del Potenciar Trabajo.

Tenemos que fortalecer una alternativa independiente de los trabajadores con un Frente de Izquierda que intervenga de manera unificada, fortalecido por su apoyo en las luchas populares y para lo cual estamos proponiendo un congreso del FIT-U que discuta un programa y los candidatos de cara a las elecciones. En ese sentido es que realizaremos un plenario abierto del PO y los luchadores el próximo sábado 11/2 a las 10hs en el microestadio de Lanús para darle impulso a esta campaña.

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