Políticas
6/4/2026
Juicio por Daiana Abregú: por su muerte en una comisaría, condenan solamente a una policía “por incumplimiento de deberes”
Se trata de Vanesa Núñez, quien enfrenta una pena menor. 4 policías fueron sobreseídos y reintegrados a la Bonaerense. La lucha por justicia sigue a pesar de la trama de encubrimiento e impunidad.
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Justicia por Daiana. Foto tomada por los familiares.
Los pasados 17 y 25 de marzo, en los tribunales de Azul, se dieron las audiencias del juicio oral y público por la muerte de la joven Daiana Abregú en la comisaría de la ciudad de Laprida. En el proceso se juzgó únicamente a Vanesa Núñez, quien se encontraba cumpliendo la función de imaginaria (custodia del calabozo) el 5 de junio de 2022 cuando Daiana, siendo la única detenida en la comisaría, supuestamente se ahorcó con su propia campera.
Se llegó a este juicio luego de meses de maniobras dilatorias y postergaciones a pedido de la defensa de esta única acusada. La condena se conoció el 1 de abril y fue notificada por mail a los abogados y la familia, impidiendo la presencia y movilización de familiares y organizaciones al Poder Judicial. Núñez fue encontrada culpable de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y sentenciada a dos años de prisión (pena que no es de cumplimiento efectivo) y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos (luego de los cuales podrá volver a ejercer como policía).
Para la familia de Daiana, este resultado tiene sabor a impunidad: esperaban una condena mayor y un cambio de carátula. La versión de la familia de Daiana no es la de un suicidio, sino la de un asesinato y encubrimiento por parte de la policía. Ya en los meses posteriores al crimen una segunda autopsia realizada al cuerpo de Daiana evaluaba lesiones de terceros y marcas defensivas, convalidando la hipótesis de un homicidio. La primera autopsia, que había realizado la Justicia bonaerense, fue denunciada por los familiares como “trucha” porque no aplicó el “protocolo Minessota”.
A partir de la segunda pericia, realizada luego de la manifestación popular por justicia, quedaron detenidos tanto Vanesa Núñez como otros cuatro efectivos: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Juliana Zelaya y Leandro Fuhr. Poco después, esta situación cambió a partir de un informe de la Policía Federal (ratificado por el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de la provincia) que reafirmó la hipótesis del suicidio y permitió al fiscal José Ignacio Calonje ordenar la liberación de los policías acusados. Excepto Núñez, los otros fueron sobreseídos en 2024 y llegaron al juicio en calidad de testigos.
Una trama de encubrimiento e impunidad
Las maniobras de encubrimiento del accionar de la Policía Bonaerense vienen operando desde el primer momento, involucrando especialmente al nivel político. El Ministerio de Seguridad bonaerense (primero con Sergio Berni y ahora con Javier Alonso) pagó con el presupuesto estatal abogados defensores para los policías acusados y reintegró a los efectivos sobreseídos. El intendente de Laprida, Pablo Torres del peronismo, en todo momento se desentendió de cualquier tipo de responsabilidad política ante lo sucedido y defendió siempre la versión del suicidio.
Ignacio Calonje, quien es desde 2018 el titular de la UFI especializada en Violencia Institucional, fue acusado de negligencia por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), involucrada en el caso como particular damnificado por medio del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En lugar de actuar con celeridad y cumpliendo su función de investigar, el accionar de este fiscal permitió que los policías involucrados quedaran impunes o, como Núñez, con una condena mínima.
Desde lo judicial, contó con el acompañamiento del abogado Sergio Roldán, quien defendía a la familia de Daiana pero coincidió con el fiscal en el pedido de condena. Esta “traición” también explica por qué la sentencia no se notificó presencialmente. Al decir de la madre de Daiana, “Roldán arregló con Calonje” y no acompañó al pedido de la CPM y de la familia de 5 años de prisión que se basaba en un cambio de carátula a “homicidio culposo en concurso ideal de incumplimiento de deberes del funcionario público”.
Justicia: una lucha en toda la región
Roldán, abogado radicado en Olavarría, es un “viejo conocido” de Calonje, quien proviene de Tandil, porque el Departamento Judicial de Azul tiene una extensión que abarca todo el centro de la provincia e incluye además de esos tres municipios a: Bolívar, Las Flores, Rauch, Laprida, Lamadrid, Benito Juárez, entre otros.
Por lo general, Calonje interviene para el bando de la impunidad: en 2023 promovió un juicio abreviado (con penas mínimas) para Luciano Jaureguiber, exfuncionario municipal de Tandil que atropelló y mató a Sebastián Simon (ABC Hoy, 15/2/23). En 2024, negando las pruebas existentes, desestimó la denuncia de abuso sexual de una aspirante a cadete de la Escuela de Policía de Loma Negra (Olavarría), donde el acusado era el comisario Iván Rodríguez (Verte, 16/02/24). Calonje tiene en sus manos la causa de Nahuel Tasori, un joven de 29 años que murió bajo custodia policial en la comisaría 4ta de Tandil en 2023; Ricardo Tasori, su padre, denuncia que el fiscal defiende la impunidad de los oficiales y que no busca pruebas. Verdaderamente, estamos ante un funcionario que encubre el accionar criminal de la policía y la política.
Calonje es el fiscal que también tiene la causa por la muerte de Gonzalo Tamame en la comisaría 1ra de Olavarría, en julio del año pasado, por la que hay diez policías involucrados pero ninguno incriminado judicialmente ni detenido. Coincidentemente, el abogado que representa a estos policías es el olavarriense César García, el mismo que el de Vanesa Núñez. Y por si fuera poco, Sergio Roldán es el abogado que patrocina a la familia Tamame. Magali Acevedo, pareja de Gonzalo y reciente mamá de su hijo, manifestó que “nos deja muchas dudas” el accionar de Roldán en la causa de Daiana Abregú (Perycia, 1/4/24).
La movilización popular es la única manera de romper esta trama de impunidad. Tomemos nota de lo ocurrido en el Poder Judicial para las luchas que vendrán. Sigamos rodeando de solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas. Ante la apelación de la condena, movilicemos por el cambio de carátula a homicidio y por Justicia por Daiana Abregú.
¡Nadie se suicida en una comisaría!
