El 6 de marzo estaba previsto que comenzara el juicio por la inundación de la ciudad de La Plata del 2 de abril de 2013, la que causó al menos 89 víctimas reconocidas judicialmente, ya que los damnificados siguen sosteniendo que fueron más.

El juicio tenía como acusados a Miguel Ángel De Lorenzo y Sergio Daniel Lezana, titulares de Defensa Civil de la Provincia y el Municipio, respectivamente, a la fecha de los hechos.

De Lorenzo falleció hace pocas semanas mientras que Lezana decidió adherirse a un juicio abreviado, que consiste en la asunción de la pena sin la realización del juicio. El delito que se le imputa es el de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, que tiene una pena de multa de mil a 12 mil pesos e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un máximo de un año. 

Durante estos seis años se presentaron múltiples denuncias penales para que se investiguen las responsabilidades de funcionarios y las causales de muerte. El fiscal Paolini, quien las instruyó, decidió unificar todas las presentaciones para que se arme una única causa penal y elevarla a juicio oral.  Sin embargo, en dicho trabajo, haciendo un recorte arbitrario en relación a las responsabilidades, dejó fuera de toda responsabilidad a una serie de funcionarios provinciales y municipales; entre ellos, el ex intendente Pablo Bruera y el ex gobernador Scioli.

El fiscal asumió la acusación en el juicio luego que la fiscal asignada, la Dra Huergo, se excusara de intervenir, retomando el control de la acusación, quien debería admitir el juicio abreviado o rechazarlo. El magistrado ha adelantado que no se opondrá a la finalización del juicio abreviado. Con esta maniobra el juicio de la impunidad, que pretendía el cierre de las responsabilidades en sólo dos funcionarios ni siquiera será oral y público.

La razón para evitar la realización del juicio es que este pondría en evidencia que en el banquillo de los imputados no estaban todos los que debían estar, que los hechos han sido minimizados y tergiversados, que la inundación causó diversos daños a la vida, la salud y bienes materiales de numerosos ciudadanos de la ciudad de La Plata, cuyas responsabilidades penales y civiles no se han atribuido a nadie.

El fiscal Paulini y, por su intermedio, todo el Ministerio Fiscal ha logrado cerrar un circulo legal de impunidad, en una accionar criminal para garantizar la total impunidad.

Asimismo, este encubrimiento es también una cobertura para que el actual gobierno tampoco deba responder ante los futuros desastres en una ciudad que se sigue inundado. A pesar de las aseveraciones de la gobernadora Vidal de que se han realizado las obras, solo se ha finalizado una etapa de la totalidad de las obras necesarias.

El 6 de marzo las victimas acompañadas de organizaciones populares y de derechos humanos, se manifestarán ante tribunales exigiendo JUSTICIA y denunciando la impunidad.