La conflictividad social en Jujuy ha menguado, lo que no significa que las condiciones no estén dadas para que las revueltas populares vuelvan a surgir frente a la crisis económica que se descarga sobre los trabajadores y el brutal ajuste que soporta la población llevado adelante por el gobierno nacional y el provincial. Entre los trabajadores, y especialmente en el activismo que estuvo al frente de la lucha contra la reforma, por los salarios y todos los derechos, sigue abierto un debate sobre el balance de la lucha de junio y julio y también sobre qué salida puede encontrarse al ajuste y la persecución que desenvuelve Morales. Una polémica siempre abierta es sobre el pedido de intervención de la provincia y de la justicia provincial.

¿Dónde estamos parados hoy?

En las últimas semanas ha escalado la persecución judicial de Gerardo Morales contra decenas de luchadores que vienen enfrentando sus políticas de ajuste y represión. El caso más resonante fue la condena a 3 años y medio de cárcel al Dr. Nallar por “instigación a cometer delitos”; solamente por haber apoyado los masivos cortes de ruta en la provincia contra la reforma constitucional trucha. Pero también se han reflotado causas viejas, como la que utilizan para perseguir a quien escribe, a Juan Chorolque y a Veronica Urzagasti por haber participado de acciones por alimentos a merenderos y comedores; y otras causas armadas muy graves como aquella con la que pretenden acusar de homicidio a los maloneros en Abra Pampa. No solo la persecución es con las causas penales mencionadas arriba, sino también con el código contravencional –creado por el gobierno del PJ de Fellner–, reforzado con la nueva constitución, que aplica multas millonarias ante cualquier movilización que surja en la provincia.

A través de esta nueva ofensiva judicial, Morales, deslegitimado electoralmente, quiere retomar el dominio político de la provincia, pero especialmente de la calle, que presenció una heroica lucha jujeña con huelgas y corte de ruta en junio y julio. El gobernador busca, con esta política revanchista, reordenar el régimen político de la provincia y dejarle al débil Carlos Sadir un gobierno más robusto.

La experiencia de Jujuy nos muestra que la forma de frenar a un gobernador que quiso tomar la suma del poder público para darle mayores garantías a los negocios del litio, la energía solar y el cannabis, es con la intervención de la clase obrera y el pueblo en la calle a través de la acción directa. En 8 años, Morales no había sufrido nunca un golpe por los “opositores” peronistas. Su régimen político se construyó sobre la base de un acuerdo con Sergio Massa y con el PJ local comandado por Rubén Rivarola. Fue la lucha del pueblo de Jujuy la que quebró este régimen de cogobierno. Los limites y la falta de una dirección que convoque a todo el activismo a deliberar cómo continuar hicieron que la cosecha política de esta gran lucha la hiciera Milei, que se valió del descrédito de Morales y el PJ para hacer una elección histórica en agosto.

Hoy, con un reflujo lógico de la lucha, estamos sufriendo no solo la persecución, sino un nuevo ajuste que Morales, al compás del gobierno nacional, descarga sobre los trabajadores. El aumento salarial importante logrado por la docencia está siendo absorbido por el congelamiento de paritarias hace 3 meses y los descuentos por paro. La nueva constitución, a pesar de ser más limitada que el proyecto presentado por Morales, está en marcha como se ve en la velocidad de la condena a Nallar.

Es necesario retomar el camino de la lucha y reforzar la organización de los trabajadores. Sin embargo, la intervención federal de la provincia sigue siendo un debate. Veamos.

¿Quién haría una intervención?

Abordar el problema de la intervención de una provincia requiere analizar su contexto concreto y qué intereses sociales están en juego. Si el pueblo está luchando, la solución nunca puede venir de arriba para abajo. En ese caso, las intervenciones tienen como objetivo clausurar la lucha popular y reordenar un régimen político ajustador y represor. Así ocurrió, por ejemplo, en Santiago del Estero (1993) y en Catamarca (1991).

En el caso hipotético de Jujuy, el que haría la intervención federal sería el gobierno de Massa, que es socio de Morales. Si la política represiva y la reforma constitucional de Morales tienen como objetivo blindar los negocios de las multinacionales del litio, hay que preguntarse si Massa está en contra de esos intereses. Una intervención del gobierno nacional sería reaccionaria, contra la lucha de las comunidades y en favor de defender los mismos negocios capitalistas que Morales.

El pedido de intervención federal, además, contiene dos funciones política fundamentales. La primera es lavarle la cara al peronismo y el gobierno nacional. El PJ y el peronismo no tienen autoridad para oponerse a Morales. Solo con ver lo que pasa en el resto del país nos damos cuenta que Jujuy no es una isla y que la política represiva de Morales se replica también en gobiernos peronistas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, que sería el más “progresista” de los peronistas, tiene como ministro de Seguridad a Sergio Berni, un represor de pobres y apologista de la mano dura policial. Ni hablar de Gildo Insfrán en Formosa, Capitanich en Chaco, o de la propia Alicia Kirchner en Santa Cruz, que judicializó a docentes con una causa de “intento de femicidio” por haber movilizado contra su gobierno.

La segunda función política que tiene el pedido de intervención es quitarle a los trabajadores y el movimiento popular la expectativa de pensar una salida política propia. El planteo de una intervención vuelve impotente a los trabajadores, que solo podríamos reclamar, pero las soluciones al conflicto solamente vendrían de los partidos políticos patronales que gobiernan este país.

Al ajuste y la represión de Morales y sus socios hay que oponerles una salida de los trabajadores

El reclamo de intervención federal paraliza nuestra intervención como clase trabajadora ante la crisis. Entramos a una etapa donde lo que se discute es una ofensiva histórica contra los trabajadores y un mayor saqueo de los recursos naturales cuyo objetivo es juntar dólares para pagar la deuda externa. Tanto Milei, por un lado, como la unidad nacional de Massa con Morales, por el otro, levantan ese programa y sus diferencias tienen que ver con cómo aplicarlo.

La independencia política de los sindicatos y todas las organizaciones populares es fundamental para involucrar a muchísimos trabajadores que quieren enfrentar esta realidad, pero no quedar pegados al peronismo o a Milei. Podemos volver a ganar la calle y levantar un programa propio de los trabajadores: la entrega inmediata de los títulos de propiedad a las comunidades, la estatización del litio bajo control de trabajadores y comunidades, salario igual a la canasta familiar con actualización automática por inflación, defensa de los convenios colectivos de trabajo, el control obrero de Cannava y las empresas de energía y transporte.

Con la organización independiente de los trabajadores podemos derrotar a Morales, Sadir y cualquier gobierno capitalista ajustador que se nos ponga enfrente.