Julián Domínguez llegó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para reemplazar a Luis Basterra, como parte del recambio de gabinete tras la derrota electoral. El nuevo elenco, más derechista, responde a la necesidad de profundizar la orientación de avanzar incondicionalmente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se expresa en el Presupuesto 2022. En lo que respecta al campo, este cambio de nombres busca acercar posiciones con la Sociedad Rural y los grandes pooles del agronegocio. Durante la primera semana de su mandato, Domínguez -que proviene de la zona núcleo sojera del interior bonaerense- se ocupó de dejar en claro esto.

El martes pasado el nuevo ministro participó del seminario de la Asociación de la Cadena de Soja y declaró que llega al cargo con la “disposición a trabajar para que la Argentina pueda recuperar el nivel de sueños e iniciativas que nos planteamos hace diez años, de alcanzar 70 millones de toneladas”, lo cual significa un incremento de más del 50% de la producción actual -que se encuentra en 43 millones de toneladas. Esto agravará el deterioro de los suelos por desertificación, y requiere de desmontes y atropellos sobre las comunidades para que avance la frontera sojera. Según el Inta, cada 40.000 toneladas de soja producidas el suelo pierde 8.700 toneladas de nutrientes naturales (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio), de los cuales sólo se repone el 37% con fertilizantes.

Según la Secretaría de Agroindustria (2020), en la Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anualmente, lo que representa el 12,5% de la producción agroalimentaria del país. Mientras casi la mitad de la población está debajo de la línea de la pobreza, estos datos demuestran el fracaso de los gobiernos para sacar de la miseria a la población durante los últimos 30 años. Sin embargo, la correlación de estos datos con la profundización del modelo sojero es taxativa: la soja transgénica y el uso de agrotóxicos, junto al monopolio de las semillas en manos de las multinacionales, produce daños graves en la salud de los trabajadores, como cáncer, malformaciones y daños neuronales en niños y hasta causa la muerte.

Otro de los objetivos declarados por Domínguez es poner en marcha el Plan Ganadero, para dar por finalizado el conflicto del gobierno con el campo sobre las limitaciones a las exportaciones de carne. El gobierno de Alberto Fernández busca aumentar a 85% el cupo de exportación, que hoy se encuentra en 50%, y además ofrecerá incentivos fiscales y beneficios crediticios al sector cárnico, en línea con lo planteado por el Consejo Agroindustrial Argentino. Nada de esto garantiza una mayor inversión en el sector, pero sí confiesa que no hay siquiera perspectiva de que “vuelva el asado” a la “mesa de los argentinos”.

Todos estos anuncios fueron aplaudidos por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quien destacó que Julián Domínguez “es un dialoguista”. Su llegada al ministerio fue saludada también por la Mesa de Enlace. Sin embargo, nada de esto anula que existen tensiones ente los beneficios oficiales a las grandes exportadoras del complejo cerealero-oleaginoso y los terratenientes y productores agropecuarios, como se expresa en que la propia Mesa de Enlace pidió que el gobierno nacional dé marcha atrás con la habilitación del trigo transgénico HB4 y las 50.000 hectáreas ya sembradas.

Lo que queda claro es que el gobierno de Alberto Fernández busca despejar tensiones con el campo. Como sucedió con el recule en la intervención de Vicentin o en la fijación de precios al aceite e insumos claves de la fabricación de alimentos como son el maíz y el trigo, todo el discurso de la soberanía alimentaria es abandonado cuando se choca con intereses del gran capital y se busca ofrecer garantías de repago al FMI vía incentivos a las exportaciones.

La capitulación constante ante el capital agrario retrata a un gobierno que se dice “nacional y popular” pero desarrolla un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario, y profundiza el sometimiento a los grandes pooles de siembra, los terratenientes y las multinacionales que tienen el monopolio del paquete tecnológico para la producción rural. Estos capitalistas son, además, quienes fugan la mayor parte de sus ganancias producidas sin dejar beneficios para el país. De hecho, todo el boom exportador de este año se debió exclusivamente a los altos precios de la soja y demás commodities, mientras que cayeron las cantidades y hasta el rendimiento por hectárea (reflejando una desinversión).

Para lograr un real desarrollo nacional, que venga acompañado de una reinversión de la renta agraria en función de las necesidades sociales productivas, se requiere romper con el FMI y el no pago de la deuda externa, y la nacionalización del comercio exterior. Es la dirección opuesta a la que viene a desarrollar Julián Domínguez, como parte de un gobierno que condena a millones al hambre.

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