En los últimos días la novela del gobierno con los exportadores de carne sumó otro capítulo. El presidente Alberto Fernández fue el primero en tomar palabra, y defendió el cepo a la exportación presentando que habría logrado bajar los precios. Luego, le siguió Cristina, que recogió una nota de TN en una carnicería de Caballito donde un vendedor decía que desde hace más de dos meses no tiene que aumentar el precio, y acusó tibiamente al capital agrario de “ver un momento de oportunidad y hacer disloque”. Las federaciones agrarias recogieron el guante y contestaron. Aducen que lo que se refleja en los precios es propio de una época de estacionalidad, pero que la medida fue inútil. En el medio de las fricciones están los trabajadores, que todavía siguen esperando la prometida vuelta del asado.

Los Fernández se jactan, para respaldar la medida, de un descenso del 1,4% en el último mes de los precios de la carne. Pero es un sorbo de agua en medio de un incendio. El aumento de junio, en el mes consiguiente de aplicarse el cepo, fue de un 10%. Si se compara incluso en el lapso interanual con respecto a mayo de 2020, los principales cortes como el asado, el vacío y el matambre aumentaron 92,6%, 84,6% y 80,2% respectivamente. Es decir que, a pesar de esta medida parcial (que tampoco logró revertir el aumento generalizado de los cortes), el gobierno le aseguró a la cadena de los productores de carne desde el inicio de su gobierno la liberalización completa del esquema. Ahora, cuando a la salida del cierre se estableció un sistema de exportación por cupos en aras de permanente flexibilización por presión de los exportadores, insisten con que se busca defender “la mesa de los argentinos”. Pero nada más alejado de la realidad. Aunque Cristina acuse de oportunistas a los consorcios de la carne, quienes le garantizaron (y le siguen garantizando) la fiesta de formación de precios son ellos mismos.

Algunas entidades agropecuarias, encabezadas por la Sociedad Rural, evalúan y buscan sumar apoyo para presentar un recurso de amparo sobre el cupo, que recientemente fue prorrogado por dos meses. También barajaban volver a un cese de la comercialización, pero el principal refreno que encuentran es que el capital agrario -y la burguesía en general- no está en un cuadro de conflictividad frontal con el gobierno. Más bien, avanza la presentación de leyes de estímulos en sectores clave como la agroindustria y los hidrocarburos, dentro de los cuales hay que apuntar al propio Plan Ganadero que consiste en exenciones y estímulos fiscales, como intento de conciliación con la cadena cárnica. Se trata de un fuego cruzado de munición liviana, porque la digitación del esquema económico sigue siendo a medida de las grandes patronales del país.

Pero quienes verdaderamente quedan en el medio de unos y otros son los trabajadores y el bolsillo popular. Por un lado, mientras los exportadores aducen pérdidas sin abrir los libros, avanzan con los despidos y las flexibilizaciones a los trabajadores del rubro. Es lo que se ve en Santa Fe, donde en la última semana más de 150 trabajadores de la carne perdieron sus puestos de laburo. El gobierno no solo les permite a los frigoríficos pasarle la factura a los trabajadores con despidos, flexibilización y recortes salariales a libro cerrado. Sino que sus voceros también niegan que eso sea así, como hizo Jorge Torelli, el secretario de Agroalimentos santafesino del gobierno oficialista de Omar Perotti.

Por otro lado, pagan los consumidores. Como ya señalamos en un artículo previo, de 2017 a esta parte la evolución de la capacidad de comprar carne refleja una brutal licuación de los salarios. En aquel entonces, con $1.000 podían comer un asado entre quince y dieciséis personas. Hoy día este monto no alcanza ni para que coman cuatro. Los cruces del gobierno con los exportadores de la carne no le devuelven al pueblo trabajador el asadito de los domingos, lo que fue una de las promesas centrales de la campaña del 2019. Por el contrario, los Fernández solo empeoraron, en todos los planos, la ya enorme dificultad que sufría la población trabajadora bajo el macrismo de poder comer carne.

Ante el hilo de continuidad de los gobiernos a un lado y otro de la “grieta”, donde permanentemente ganaron los exportadores y perdieron los salarios, hay que ponerle punto final con un programa propio de los trabajadores para salir de la crisis. Abrir los libros de los formadores de precios y nacionalizar toda la cadena productiva, del faenado a las góndolas, al control obrero y popular. Reabrir las paritarias y recomponer el salario con un piso de $100.000, donde hoy se sitúa la canasta básica familiar. Es lo que plantea el Frente de Izquierda – Unidad en contraposición a todos los partidos de este régimen de hambre y de saqueo.