Patricia Bullrich admitió el miércoles por la noche en el programa de Luis Novaresio que cree que la vacunación debería ser privada. La exministra declaró que “quién puede, que la compre” y agregó que los pobres podrían tener un subsidio del Estado para acceder a ella. Lo de la actual presidenta del PRO no es una declaración aislada, sino que es una idea defendida por el conjunto del bloque: bajo el nombre de “Ley de acceso y equidad en la vacunación contra el Covid-19”, Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron un proyecto de ley en el Congreso que pretende liberar la compra de vacunas para provincias y privados, así como su importación y comercialización.

Sigue la misma línea que lo sucedido en la Ciudad con Rodríguez Larreta y Quirós, ministro de Salud de CABA, a la cabeza: la privatización del sistema de vacunación mediante contratos secretos con prepagas y obras sociales que le destinaría un lote de dosis exclusivas, rompiendo el registro único de vacunación y salteándose las prioridades establecidas a nivel nacional, sin mencionar que, cómo en este caso, privilegia a aquel sector de la población que puede acceder a la medicina privada por sobre el que no. En este caso sucedería lo mismo.

Bajo la excusa de la “ineptitud” de la estrategia sanitaria del gobierno nacional y detrás del “que pague el que pueda” se esconde la lógica de mercado ante un bien escaso: quien pueda pagarlo, podrá obtenerla. En el caso de la vacuna, la adquisición por parte privados aumentaría el precio debido a la propia pelea por el acceso (demanda) sumado a la poca oferta. Es la propia “lógica del mercado” la que hace que el precio suba, aumentando la brecha entre quienes pueden acceder a ella y quienes no. Un negocio perfecto para los laboratorios, quienes han tenido un 2020 rodeado de ganancias gracias al negociado que hicieron con las dosis.

La realidad es que la actual campaña de vacunación no brilla por su eficacia y rapidez. El escándalo de la vacunación VIP abrió la puerta para que la oposición patronal lleve adelante este tipo de planteos bajo la idea de una defensa de la vacunación ante la “corrupción e incapacidad de asegurar proveedores” (Página 12, 12/03). Ni la Nación ni las distintas provincias han logrado adoptar un ritmo adecuado de inoculación, por lo que hoy la cantidad de dosis distribuidas casi duplican las aplicadas. Al mismo tiempo, la campaña gratuita de vacunación del gobierno no es tal en tanto las vacunas no son declaradas de utilidad pública, los laboratorios y las farmacéuticas no son intervenidas y las patentes liberadas, a fin de poner todos los recursos necesarios (económicos, humanos, tecnológicos) para lograr una producción a gran escala y poner en pie un plan de vacunación universal y gratuito.

 

https://prensaobrera.com/politicas/las-razones-de-este-24-de-marzo/

https://prensaobrera.com/salud/los-intereses-capitalistas-retrasan-el-acceso-a-las-vacunas/