Kicillof anunció finalmente un aumento salarial para los policías bonaerenses cercano al 40%, tras el motín que se extendió por toda la provincia. En tiempo récord, el gobernador cedió a los “sirenazos” y comunicó una equiparación de la remuneración con los agentes de la Policía Federal, por lo que un oficial cobrará 44.000 pesos de bolsillo. Aclaró, además, que sumando los adicionales el sueldo ascenderá por encima de los 60.000.

Es que las hora extra denominadas Cores se triplican para alcanzar los 120 pesos, y el plus por uniforme sube aún en mayor proporción hasta los 5.000. Además, se afirmó que dos hospitales serán asignados para atención médica específica de los policías.

Estos anuncios de Kicillof serán sustentados gracias a la adjudicación de 30.000 millones de pesos que comunicó ayer Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos, en base a la reorientación de fondos que por la coparticipación federal recibía la Ciudad de Buenos Aires. Esto, por sobre los 37.000 millones que habían sido adjudicados al “Megaplan de Seguridad”. En disconformidad por ello los intendentes de Juntos por el Cambio se ausentaron de la conferencia de prensa en la Gobernación, y de hecho hasta uno de los barones del PJ del Conurbano como Juan Zabaleta, de Hurlingham, agradeció tras el encuentro… al presidente.

No es para nada seguro que estos anuncios vayan a descomprimir totalmente la tensión de los últimos días, manifestada en concentraciones policiales incluso frente a la Quinta presidencial. Uno de los grandes inconvenientes que afronta el gobierno es la ausencia de interlocutores con representatividad para sellar o no un acuerdo, o levantar las protestas. Los medios de comunicación registraban declaraciones de numerosos voceros de los agentes que se mostraban insatisfechos.

Una derivación compleja de esta crisis es la ruptura de la cadena de mando, tras los serios cuestionamientos al ministro Berni y la desautorización que sufrió el jefe de Policía García al ser increpado por efectivos. La situación puede agravarse.

La velocidad del gobierno nacional y provincial en responder a los reclamos policiales responde a que en el plan de ajuste que está siendo acordado con el FMI para garantizar el repago de la deuda, en plena recesión económica, se avizora un ascenso de la conflictividad social. En concreto, Kicillof y Alberto Fernández necesitan recomponer la relación con la fuerza para desalojar las tomas de terrenos como la de Guernica, para la represión a los portuarios o a los trabajadores de la algodonera Avellaneda en Santa Fe.

Todo esto, a pesar de que el propio gobernador reconoció de entrada en su conferencia de prensa que la plata que faltaba para el salario policial también falta para el resto de las paritarias que están congeladas, para la educación, la salud y la vivienda. De hecho, mientras se desarrollaban los “sirenazos” proliferaron también concentraciones de profesionales de la salud en distintos puntos de la provincia para reclamar, justamente, que ninguno puede cobrar salarios por debajo de los 45.000 pesos, cuando arriesgan su vida en plena pandemia. Los estatales solo recibieron este año 3.000 pesos de bolsillo en negro, sobre sueldos de 21.000 pesos. Hace pocos días la propia ministra de Trabajo declaraba que la paritarias seguirían cerradas por ausencia de recursos. En conclusión, el gobierno concede los reclamos “legítimos” a la Bonaerense, para tenerla a su lado para reprimir los mismos reclamos del resto de los trabajadores.

Finalmente, la sumatoria de halagos oficiales al esfuerzo de los policías cuando todavía está abierta la herida por la desaparición y asesinato de Facundo Castro, y cuando vienen de perpetrar más de 40 casos de gatillo fácil en pocos meses, no deja lugar a dudas de que el reforzamiento represivo apunta no contra la inseguridad (para lo cual habría que meterse con la propia cúpula policial y judicial) sino contra las familias trabajadoras, que son el blanco del ajuste.

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