Con casi 3.000 familias y más de 10.000 personas instaladas en unas 100 hectáreas de terreno en el distrito bonaerense de Presidente Perón, la ocupación de Guernica aparece como la expresión más masiva y dramática de un proceso de luchas por la vivienda y la tierra que recorre a todo el país.

En el distrito liderado por la intendenta pejotista Blanca Cantero, donde se combinan fuertes necesidades sociales y laborales irresueltas, con grandes extensiones de tierras fiscales y ociosas, los vecinos, cansados de su situación, decidieron emprender la lucha para acceder a un pequeño lote de tierra, en las fronteras de la civilización, para poder edificar allí sus viviendas.

Los vecinos comentan que han llegado a esta decisión obligados por distintas situaciones habitacionales de emergencia. Algunos empujados por el encarecimiento de los alquileres o siendo desalojados de sus viviendas ante la imposibilidad de pago; otras como resultado de situaciones de violencia de género que las obliga a huir de sus propios hogares para resguardar su vida y la integridad física de sus hijos. Muchos han decidido ocupar tierras como resultado del colapso de sus viviendas, donde distintas generaciones conviven en situaciones de hacinamiento.

Lo que se impone como regla es la responsabilidad del Estado, que no solo carece de cualquier iniciativa o política para resguardar a estos sectores más vulnerables sino que estigmatiza a los ocupantes -que han tenido que optar por esta salida al encontrarse en un callejón sin salida-, tratándolos como delincuentes.

Quienes permanecen en los terrenos aseguran que la situación no es nada fácil. Se encuentran instalados en medio de la intemperie con solo algunas cosas esenciales para sobrevivir. Ningún vecino se anima a trasladar sus pertenencias o algunos insumos básicos como colchones, elementos de aseo y de cocina, por miedo a que un desalojo violento los despoje de lo poco que tienen. “Aguantamos frío, lluvia, con mis compañeros, tratando de socorrernos los unos a los otros”, manifiesta una de las vecinas.

Fuera de lo que los intendentes, el gobernador Axel Kicillof y los funcionarios de Alberto Fernández, sumados a los medios, intentan presentar como un procedimiento ilegal dirigido por punteros que buscan enriquecerse con el loteo de los terrenos, los vecinos comentan que la ocupación ha logrado sostenerse con la organización propia, dividiendo tareas entre sí y funcionando por medio de asambleas de vecinos.

“Tenemos un grupo de delegados, de todos los manzaneros, que nos juntamos cada vez que hay alguna inquietud […] vamos viendo el día a día”, comenta Luis, otro de los vecinos, quien también manifiesta que tienen pensado un lugar para crear una escuela y otras cuestiones indispensables para que prospere un barrio en ese lugar. Son los propios vecinos, trabajadores y trabajadoras, que intentan darle forma a su propia vivienda y al barrio en el cual quieren vivir.

También manifiestan que sufrieron el ataque de unos supuestos dueños de los terrenos, quienes montados a caballo trataron de desalojar a los vecinos atacando a adultos y niños. Se trata de gente que hasta el momento no ha podido acreditar un título suficiente sobre esas tierras y cuyo accionar, aun así, es respaldado por el poder político municipal.

Relatan que ya enfrentaron un intento de desalojo cuando pesa una nueva orden de la Justicia en esa dirección. Y que, incluso, se ha tratado de desacreditar y deslegitimar a los abogados que los representan, con el propósito de debilitar su lucha.

Los vecinos están solicitando una respuesta inmediata a sus necesidades. Tampoco plantean que les regalen las tierras sino que les permitan ir pagando los terrenos en función de sus ingresos y su poder adquisitivo. Se trata de gente trabajadora. Muchos relatan que, aunque ambos integrantes de la familia trabajen, no existe ni la más remota posibilidad de acceder a un terreno o a una vivienda propia.

La reciente orden de desalojo ordenada por la Justicia reafirma la orientación represiva del gobierno nacional, provincial y de los intendentes en medio de un crecimiento de las necesidades populares ante el agravamiento de la crisis económica y social. Los vecinos de Guernica permanecen inamovibles debido a que no tienen ninguna otra salida a sus necesidades urgentes, de las cuales el Estado es el principal responsable.

El Frente de izquierda ha presentado un proyecto de ley nacional para detener todo desalojo de ocupación de tierras en el país. Necesitamos una salida inmediata a las miles de familias de la ocupación de Guernica y de todo el país, que garantice un acceso a la vivienda partiendo de las necesidades más inmediatas. En esa dirección debe estar colocado el Banco de Tierras, con terrenos ociosos y fiscales, para la construcción de un plan de viviendas que satisfaga el déficit habitacional que alcanza a casi 4 millones de familias.