El lunes 11 de diciembre se produjo frente a la Asamblea Legislativa la jura de asunción de Axel Kicillof y Verónica Magario para la gobernación de la provincia de Buenos Aires por un nuevo período. Luego del acto formal, el reelecto gobernador del peronismo realizó un discurso de casi una hora.

Durante su alocución, Kicillof admitió que la derrota de Unión por la Patria a nivel nacional fue el resultado del crecimiento de la pobreza (hoy por encima del 44%), de la inflación y de la crisis más general que atraviesa nuestro país. Planteó que en 2019 el voto al Frente de Todos tuvo como contenido “Recuperar los salarios, los ingresos y el trabajo”, y criticó al saliente gobierno nacional de Alberto Fernández por “falta de audacia”, en situaciones que igualmente consideró “desfavorables”.

La “falta de audacia” fue uno de los ángulos de demagogia de un gobernador que enumeró problemas de “distribución de la riqueza y falta de igualdad”. Pero si analizamos concretamente su gestión en la provincia Kicillof no afectó ninguno de los grandes recursos. El negocio agrario, por caso, sigue siendo beneficiado por las postergaciones del revalúo del inmobiliario rural, que reducen significativamente la carga impositiva para los empresarios del campo. Tampoco se afectaron los grandes negocios de los bancos, la industria y el juego (bingos y casinos), que también obtienen beneficios del gobierno provincial.

El reclamo por la coparticipación fue, una vez más, un ángulo reiterado hasta el hartazgo por el gobernador. A esta altura, es casi un saludo a la bandera, que se repite desde su asunción cada vez que tiene que hacer mención a la crisis de vivienda, de infraestructura, educativa y de salud que atraviesa la provincia. “Faltan cosas pero faltan recursos” repite Kicillof para justificarse, luego de cuatro años que el gobierno nacional de su mismo signo político desestimara una y otra vez el “reclamo” provincial.

Detrás de la demagogia discursiva sobre la justicia social y la distribución de la riqueza, Kicillof planteó afrontar el nuevo período cubriendo las cuentas provinciales con nueva deuda que será pagada una vez más a expensas del pueblo bonaerense. Por el momento, esta es la única vía de financiamiento prevista por el Ejecutivo, que además de pedir autorización para tomar nueva deuda quiere ejecutar pedidos que no se concretaron bajo los períodos de Scioli y Vidal, una maniobra para repartir responsabilidades y evitar el mote de “gobierno endeudador”.

Llamativamente, el gobernador evitó hablar sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva para el 2024. Al momento, el Ejecutivo no ha presentado dichos proyectos, que según la Constitución provincial deberían haber ingresado antes del 31 de agosto. Mientras hay quienes indican que ambos pueden tratarse de forma exprés en las próximas semanas, luego de una negociación del gobierno provincial con Milei y su gabinete, también crece la idea de que Kicillof podría prorrogar el Presupuesto y Ley Impositiva 2023, lo que le daría atribuciones especiales para reasignar recursos y gastos toda vez que los cálculos presupuestarios del año anterior han quedado obsoletos por la inflación y la devaluación. Por lo pronto, lo único que sigue en agenda de la Legislatura es el proyecto de endeudamiento ya mencionado, que debe recibir tratamiento de ambas cámaras para ser sancionado.

Más allá de algunas críticas a La Libertad Avanza, fue reiterado el llamado de Kicillof a “respetar la voluntad popular”. Incluso, hacia el final del discurso repudió “los discursos de odio” y saludó en ese marco los “gestos pacificadores” del presidente Javier Milei. Evidentemente, el gobernador remarca la intención del presidente de amigarse con la casta política de todos los colores, pero no critica el anuncio de un shock (y por tanto un plan de guerra) contra los trabajadores.

Más allá de mostrarse opositor al nuevo gobierno nacional, Kicillof dejó clara su voluntad de un acuerdo político en varios pasajes de su discurso. Los “deseos sinceros de que le vaya bien” son, en principio, un lugar común, pero de fondo pueden ser invocados para acompañar las medidas antipopulares de Milei a cambio de recursos para la provincia o por otros intereses concretos.

La provincia de Buenos Aires es un escenario más (y de los más importantes) de la crisis política, social y económica que atravesamos, y que el gobierno de Milei amenaza con profundizar a través de su plan de guerra contra los trabajadores. Como señaló al término de la asamblea legislativa el diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Guillermo Kane: “Kicillof no planteó medida alguna de protección social y económica frente a esta situación. Desde el PO en el FIT-U, por el contrario, llamamos a poner de pie a los sindicatos y a todas las organizaciones populares para defender el salario y el empleo en la provincia y en el país”.

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