Por segunda vez en una semana, la reunión del gobernador Axel Kicillof con los intendentes postergó una decisión con respecto a la limitación de la circulación de personas en este nuevo pico, rebrote o segunda ola de la pandemia. Según el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, no habrá una resolución por ahora a la espera de una “nueva ronda de consultas” que incorpore a todos los jefes comunales. Reafirmando lo dicho por Kicillof, Costa enfatizó que la prioridad está puesta en “cuidar el trabajo y la producción”.

Nuevo pacto con el macrismo y crisis en el Frente de Todos

El compás de espera a la búsqueda de un “mayor consenso” deja en suspenso el llamado “toque de queda sanitario”. Es por demás significativo que Costa anunciara el “cuarto intermedio” flanqueado por los intendentes macristas de Mar del Plata y Pinamar quienes públicamente rechazaron el decreto de Alberto Fernández. El lugar que Kicillof le dio al macrismo en la conferencia de prensa oficial habla a las claras de una comunión de intereses patronales presentados como la defensa de la temporada turística. Muy lejos quedaron el “quedate en casa” y más lejos aún el relato peronista de la vida y la salud como prioridad.

Que este portazo haya ocurrido después del decreto gubernamental habla a las claras de un inmovilismo del gobierno nacional y de una resolución que nadie va a cumplir vaciando de autoridad a Alberto Fernández. Esta nueva vuelta de tuerca de la crisis política tendrá sus consecuencias, más aún cuando está provocando una fractura en las propias filas del kicillofismo y el Frente de Todos. Es significativo que el “nacional y popular” delfín de Cristina Kirchner haya quedado por detrás del liberal Larreta que anunció una limitación en el horario de funcionamiento de bares y restaurantes a partir de la una de la madrugada.

Por lo pronto, el estallido de la pandemia puso entre paréntesis la arremetida del kirchnerismo por la jefatura del PJ provincial que encuentra resistencia en algunos intendentes y en el propio aparato pejotista. A esto no sería ajeno Kicillof, quien con la provincia quebrada busca mantener un equilibrio inestable con los jefes comunales. Sergio Berni, el aliado cuartelero del gobernador, salió a cuestionar otra cuarentena garantizada por la fuerza pública aduciendo que la Bonaerense “no está para actuar como niñera”. El represor de Guernica no se privó de atacar a los jóvenes mientras se sumaba al discurso oficial y opositor de la “responsabilidad individual” para absolver a toda la clase capitalista que no quiere restricciones ni controles.

La negativa de Kicillof a imponer el “toque de queda” dejó en offside al ministro de Salud Gollán y a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, que habían anticipado su instauración en el territorio bonaerense en nombre del aumento exponencial de casos y el peligro de colapso el sistema sanitario. La misma posición sostuvo Kreplac, el vice de Salud que sonaba como reemplazante de Gollán si este pasaba de la provincia a ocupar la titularidad del Ministerio de Salud nacional ante un eventual desplazamiento de Ginés que viene de capa caída (Cristina lo incluyó en la lista de los funcionarios que “no funcionan”). Esta ala del gobierno provincial del Frente de Todos quedó patinando después de los anuncios de Kicillof y Costa.

La pandemia nuevamente en el centro de la crisis

El rechazo a poner en práctica una “cuarentena” light, como la bautizaron algunos medios oficialistas, es la confesión de que el gobierno de Kicillof no va a poner un peso para sostener o contener esta segunda fase de la pandemia. Es la línea también de Alberto Fernández y sobre todo el resultado de un pacto con el FMI que no termina de cerrar y cuya firma se postergó para marzo o abril. Tanto los Fernández como Kicillof entran al rebrote de contagios -que en la provincia ya superan los 5.000 diarios- con los cartuchos gastados, sin IFE y sin ATP y en el caso del gobernador sin haber podido cerrar la “reestructuración” de la deuda externa, lo que pone a la provincia de Buenos Aires en cesación de pagos y a merced de los tribunales de Nueva York con que amenazan los bonistas.

La gravedad de la situación sanitaria fue reconocida por el propio Costa cuando dijo que los contagios se multiplicaron por cuatro en la provincia en los últimos diez días. La apertura de la temporada de verano es una espada de Damocles que puede extremar esta emergencia que ya puso a la Argentina en el puesto once del ránking con mayor cantidad de fallecidos (más de 44.000 en todo el país y los 22.000 en la provincia). Kicillof se suma sin grieta al pelotón de las provincias que desconocieron de hecho el decreto “recomendador” del gobierno nacional que es pura pólvora mojada y chamullo.

Detrás del limbo en que entró el decreto están Cristina Kirchner y La Cámpora que pretenden mostrarse como representantes “responsables” de la clase capitalista. El kichnerismo tiene el ojo puesto también en las elecciones de legisladores y se hizo eco del llamado “hartazgo popular” que considera piantavotos. Se apropia de esta forma de una bandera “anticuarentena” que agitaban los “medios hegemónicos”, TN , Patricia Bullrich y el macrismo con los banderazos de la derecha. El hartazgo, y más claramente la desconfianza en otro “aislamiento obligatorio”, tiene que ver con el fracaso de una cuarentena perforada desde el primer día por los capitalistas, y jaqueada por la falta de recursos del Estado. Con hambre no hay cuarentena.

El resultado está a la vista. En plena pandemia creció la pobreza que abarca al 60% de los trabajadores y la indigencia que se extiende a millones de jubilados, creció la expulsión de los inquilinos y la carencia de tierras y viviendas que van a agravarse con la liberación de los alquileres y los salarios de hambre, y se profundizó el colapso de los hospitales por el aumento de infectados pero también por los despidos y la desocupación que dejan sin obra social a miles de trabajadores. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof remató esta situación desesperante con la aprobación de un presupuesto para la salud (votado en común con Juntos por el Cambio) que continúa el ajuste de tierra arrasada de Vidal.

En paralelo tanto Cafiero y Trotta ratificaron el inicio de las clases presenciales a pesar de que la situación epidemiológica es de extrema gravedad y que el cumplimiento del cronograma de vacunación está sujeto a la llegada de las nuevas tandas de vacunas. El ministro de Educación dijo que los trabajadores de la educación empezarían a ser vacunados en febrero, sin las vacunas aplicadas, el retorno a clases puede ser una bomba de tiempo. Esta urgencia sin condiciones sanitarias ni de infraestructura acompaña las presiones capitalistas por la “nueva normalidad” y como se señala en la convocatoria al Congreso Nacional de Tribuna Docente tiene como función avanzar en una mayor precarización laboral docente, ataque al Estatuto del Docente, descalificación de los títulos y abaratamiento de la mano de obra a tono con la reforma laboral.

Crisis sanitaria, crisis capitalista

Como sucediera en marzo, el gobierno se declara “sorprendido” por la celeridad con que llegó la segunda ola a la Argentina. Una forma de encubrir el largo “vía crucis” que seguirá la aplicación de la vacuna entre otras cosas por la guerra multimillonaria que enfrenta a los laboratorios y grandes empresas en el marco de una crisis capitalista que tiene de rehenes a la población mundial. Lo ocurrido en Olavarría, donde se perdieron 400 dosis en medio de acusaciones cruzadas entre la provincia y el municipio macrista, es un retrato de la Argentina semicolonial y sometida al FMI donde son moneda corriente los cortes de luz masivos y recurrentes por la falta de inversiones y sabotajes organizados de los privados.

Una política sanitaria al servicio del pueblo trabajador es incompatible con el régimen fondomonetarista que encabeza el gobierno peronista y con todos los representantes políticos de los gobiernos patronales que hundieron a los trabajadores en las últimas décadas. Esta bancarrota sanitaria expondrá crudamente esta contradicción que es social, de clase y de régimen. Las organizaciones obreras y populares deben ponerse a la cabeza del control de la vacunación para que llegue a la masa de la población, y de los protocolos de seguridad e higiene en las fábricas, talleres, lugares de trabajo y estudio para enfrentar la desidia patronal y el colaboracionismo de las burocracias sindicales.

Es la clase obrera la que debe determinar las condiciones y el veto allí donde no se cumplan los protocolos sanitarios. El Partido Obrero lucha por la centralización del sistema de salud, el aumento de presupuesto para garantizar los testeos masivos, seguimiento de contactos estrechos, y construcción y equipamiento de los hospitales; para conquistar los salarios y jubilaciones acorde al costo de vida incluyendo un seguro al desocupado, y por una reorganización económica y social que empiece por el corte de la sangría de la deuda externa.

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