Después de la derrota electoral del 12 de setiembre, Axel Kicillof y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, reflotaron el proyecto de una ley para la “buena gestión de la administración pública”, ahora con el reconocimiento de la Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales (Flacso). A pesar de que los lineamientos generales fueron presentados un año atrás, el proyecto de ley sigue en veremos y sin presentarse en la Legislatura. Un párrafo aparte merece la lisonja de Juntos por el Cambio a la “Ley de Ética Pública ” que promueven los nacionales y populares del Frente de Todos. Walter Lanaro, senador de Juntos, calificó al proyecto de ley como una oportunidad histórica para la provincia de Buenos Aires y continuidad de las políticas de “transparencia” de María Eugenia Vidal. Otra grieta que se rellena.

Bajo la lupa del capital

La mentada “Ley de Ética y Transparencia”, que vuelve al ruedo como parte de la campaña electoral hacia el 14 de noviembre, fue presentada en una reunión con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), a fines del 2020, y contó con la presencia de Ana Laura Ramos, titular de la Subsecretaría de Transparencia Institucional. La rendición de cuentas ante un organismo del capital internacional dice mucho sobre el contenido y la finalidad de la “transparencia”. En sus postulados, la OCDE, encargada de supervisar la “ética de los negocios”, declara actuar para “mejorar el clima de inversión extranjera”. Viniendo de los “nacionales y populares”, el proyecto de ley es otro guiño de Kicillof a las multinacionales y a los bonistas buitres.

La OCDE -como el Banco Mundial y otros organismos del imperialismo- tiene una fuerte injerencia en la mercantilización (privatización) del sistema educativo, en particular en lo que hace a las pruebas PISA, ratificadas por el Ministerio de Educación Nacional y la directora general de Escuelas de la provincia, Agustina Vila. Estas pruebas standarizadas evalúan competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes en el marco de la llamada educación para la “incertidumbre laboral”, que no es otra cosa que descalificación, precariedad y mutilación de una educación integral para proveer mano de obra barata y flexible a las empresas. El “consenso” del Frente de Todos con Juntos por el Cambio, que dio lugar a un proyecto común en Senadores, no debería sorprender porque está auditado por la OCDE.

La transparencia institucional es puro relato al servicio de la patria contratista y los negociados de los capitalistas con el Estado. Son los capitalistas los que financian las campañas electorales de los partidos burgueses y del sistema. Marcelo Mindlin, quien supo ser uno de los empresarios preferidos de Macri, terminó haciendo campaña con el Frente de Todos en las Paso. El presidente del pulpo eléctrico Pampa Energía pretende reducir el capital social de la empresa, emitir deuda por dos mil millones de dólares y reacomodar sus negocios con los Fernández y Kicillof, incluidos nuevos tarifazos.

Al servicio de la impunidad

La Oficina de Transparencia Institucional (OTI) es una prolongación del gabinete, depende del ministro Julio Alak, y su titular, Ana Laura Ramos, es nombrada por el Poder Ejecutivo. La función de la OTI se reduce a recibir las Declaraciones Juradas de los funcionarios y las denuncias por actos reñidos con la Administración Pública. Por su parte, la “Mesa de Trabajo” conformada a fines del 2020 para “enriquecer” el proyecto de “ley de ética” es un organismo burocrático integrado mayoritariamente por la representación del gobierno y los tres poderes del Estado, secundados por los “actores de la sociedad civil”. El zorro puesto a cuidar al gallinero y a garantizar la impunidad.

Quienes participaron del lanzamiento de la “Mesa de Trabajo” dice mucho sobre los llamados “actores” de la sociedad. A los altos funcionarios de la OCDE de México, Suiza y Francia se sumaron integrantes del gobierno de Kicillof y de Alberto Fernández, de la Oficina Anticorrupción de la Nación y la directora de “Chile Compra” y el director de “Colombia Compra Eficiente”. Ana Laura Ramos destaca la necesidad de una capacitación de la “ley de ética” en las escuelas, y, por lo tanto, del instrumento que la OCDE invoca para “fortalecer la confianza mutua entre las empresas y las sociedades”. Mayor penetración del capital en la educación pública.

Kicillof transita por el mismo camino que Horacio Rodríguez Larreta y el Pro en CABA. Con el relato de ocasión, la versión bonaerense de la Oficina de Integridad Pública porteña también invalida las tareas de investigación y litigio, limitándose a revisar Declaraciones Juradas de patrimonios y a controlar que no haya conflictos de intereses con la gestión. Es una política general de impunidad estatal que llevó en su momento al titular de la Oficina Anticorrupción nacional a desistir de actuar como querellante en las causas Hotesur y Los Sauces que comprometen a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a parte de su familia. No son subsecretarías y oficinas de “transparencia” sino de impunidad.

Tolosa Paz

Kicillof y Ana Laura Ramos se jactan de las declaraciones juradas presentadas por el gobernador, los ministros y funcionarios del Estado provincial. Más allá de que los bienes están subvaluados y declarados por su valor fiscal o disimulados como propiedades de cónyuges o familiares y testaferros, la “transparencia” invocada suena patética tratándose la candidata empresaria y millonaria Victoria Tolosa Paz, esposa de Pepe Albistur, exsecretario de medios de Néstor Kirchner, amigo personal de Alberto y procesado en distintas causas por corrupción. La candidata a primera diputada nacional por la provincia, Tolosa Paz , todavía no puede explicar por qué omitió en la declaración jurada su mansión de 857 metros cuadrados en un country de City Bell. El clan Albistur-Tolosa Paz supo tejer negocios inmobiliarios y concesiones de publicidad callejera con las distintas intendencias de La Plata.

Pandora Papers y corrupción capitalista

El reflote de la ley de transparencia de Kicillof coincide con el nuevo escándalo del “Pandora Papers”, que compromete a macristas, menemistas, kirchneristas y albertistas; es decir, a todos los representantes políticos de la burguesía que hundieron a la Argentina en las últimas décadas. Nuestro país es el tercero con mayor cantidad de implicados en este pozo ciego de las cuentas offshore y la evasión fiscal, entre ellos Hugo Sigman, fundador y director general del Grupo Insud y propietario del laboratorio mAbxience -productor de componentes para la fabricación de vacunas contra el coronavirus. Sigman, también amigo del presidente, incumplió los contratos para la entrega de las vacunas AstraZeneca en plena pandemia. Mientras Sigman giraba la producción al exterior y fugaba beneficios, la Argentina subía en el ranking de fallecidos.

Ninguna “oficina” va a poner fin a la corrupción estatal que es inherente al régimen capitalista como lo prueban los negociados con la patria contratista y el reconocimiento de la deuda externa usurera y fraudulenta nacional y provincial. Las “oficinas de transparencia” digitadas por los gobiernos patronales son la tapadera de todos los ilícitos capitalistas. Para terminar con la corruptela de un régimen explotador y parasitario hay que poner fin al monopolio de las corporaciones capitalistas, reorganizando al país y la provincia sobre nuevas bases sociales y bajo la dirección de clase obrera. El voto al Frente de Izquierda Unidas refuerza esta lucha por un gobierno de los trabajadores, contra la patria contratista y privatizadora y el saqueo de la deuda externa.

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