El pasado 24 de noviembre una nutrida representación del Instituto Biológico de La Plata se movilizó a la Legislatura como parte del plan de lucha por el rechazo al cambio de figura jurídica. Desde hace semanas crece la oposición combativa a esta política privatista que dio lugar a varios abrazos masivos y asambleas de las que vienen participando la inmensa mayoría del personal de salud del Biológico.

Privatización y reforma laboral

El proyecto de “sociedad de estado” tiene el sello de los laboratorios, elimina atribuciones fundamentales del Instituto Tomás Perón resignándolas a favor de los privados e implica una reforma laboral explícita que suprime conquistas afectando a la baja las jubilaciones de los trabajadores. Como señalamos en Prensa Obrera, la “sociedad de estado” en el Instituto Biológico y su hermana siamesa en el Astillero Río Santiago (ARS) nace del propio Ejecutivo provincial y lleva la firma del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplac.

Ante las protestas de los autoconvocados, Kicillof aceleró los tiempos para que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias cuando se considere el Presupuesto 2022 en la Legislatura. La privatización del Biológico es parte del toma y daca entre el Frente de Todos y Juntos para arribar a una votación de consenso como ocurrió con las “leyes de leyes” anteriores y todas las leyes fundamentales.

Este apuro de Kicillof delata dos cuestiones a la vez: por un lado, el sometimiento a los laboratorios y pulpos privados de la salud que quieren eliminar competidores estatales o manipularlos; y, por el otro, el ajuste presupuestario para pagar el ruinoso “canje” de deuda externa a los bonistas buitres, desentendiéndose del financiamiento del Biológico. El kirchnerismo se propone consumar el vaciamiento que llevó adelante el macrismo bajo la gobernación de Vidal. En las últimas 48 horas el gobierno impuso un dictamen favorable en la Comisión de Minería e Industria. La maniobra burda de Kicillof y Kreplac trasladando el proyecto a una comisión distinta a la de Salud y Trabajo, confirma que estamos frente a un proyecto que es el caballo de Troya de la privatización y la reforma laboral.

Modifican proyecto original

Los nacionales y populares están empeñados en liquidar el carácter estatal del Instituto Tomás Perón, entre cuyas funciones está la producción de vacunas además del control de los alimentos. Sorpresivamente, de la comisión participó el jefe de asesores, Ennio García, quien fuera repudiado por los trabajadores por sus amenazas a los que luchan por la defensa del instituto.

Para disimular y hacer pasar la “sociedad de estado” se introdujeron algunos cambios al proyecto original que no hacen otra cosa que constatar la ofensiva privatizadora y contra las condiciones de trabajo. El “nuevo dictamen” incorpora en el artículo 25 la “opción” de que los trabajadores que rechacen pertenecer a la sociedad de estado puedan ser reubicados en “idénticas condiciones laborales, previsionales y sindicales”, presumiblemente en el IOMA. Una maniobra que desarticula, fragmenta y vacía de recursos humanos al Instituto Biológico y que está dirigida a liquidar el plus por insalubridad.

En el artículo 26, el proyecto modificado agrega que quienes se sumen a la “nueva sociedad” y no hayan manifestado su adhesión al “nuevo régimen laboral” conservarían las condiciones laborales, previsionales y sindicales de la Ley 10430. Es decir precarización laboral para quienes ingresen a trabajar de aquí en más. No solo se trata tan solo de un chantaje, vista las amenazas de García y Cía que cuentan con el aval y presiones de la burocracia sindical. El artículo 26 es incluso parcial para quienes están trabajando porque exceptúa a los becarios y a los trabajadores enrolados en la 10431.

En todos los casos, Kreplac y Ennio García pretenden desconocer a los trabajadores autoconvocados en nombre de los sindicatos “legítimos”, una referencia directa al apoyo de todas las burocracias sindicales estatales y de salud integradas al gobierno y en colisión con los trabajadores que le sacaron la careta a las “políticas públicas” de Kicillof. Para el gobierno, el poder imponer la sociedad de estado en el Biológico es determinante para consumarla en el Astillero Río Santiago (ARS). Es el round previo a la gran lucha que se viene en el ARS, con la vuelta a la presencialidad de la mayoría de sus trabajadores.

Siendo el kirchnerismo, y el camporismo que preside la Comisión de Minería e Industria, los promotores directos de la sociedad de estado, Juntos por el Cambio se permite hacer demagogia en la Legislatura calificando el proyecto de inconsulto y apresurado. La doble cara de la coalición derechista es evidente toda vez que votó en la cámara baja provincial la declaración del Frente de Todos que habilita la sociedad de estado para el ARS. Con el dictamen aprobado en soledad, el peronismo carga con la responsabilidad directa de la privatización y el ajuste a la salud, que ahora negociará en su detalles con Juntos para su aprobación en las extraordinarias, y posiblemente con el tratamiento del presupuesto. Son los bonistas y es el capital los que exigen garantías de pago y darle vía libre a los pulpos de la salud.

Abajo el proyecto privatista

La continuidad de la lucha obliga al gobierno a tantear cómo avanza, maniobrando, mientras queda expuesto junto a las burocracias sindicales como agente de la privatización y la reforma laboral en el Biológico. La derrota electoral del 14 de noviembre echó más leña al fuego y avivó temporalmente una demagogia “opositora” de Juntos que se agota a pasos agigantados y tendrá su definición con el tratamiento del Presupuesto 2022 a partir del 10 de diciembre. El Partido Obrero, presente en todas las movilizaciones por el rechazo a la “sociedad de estado”, defiende como prioridad, al igual que lo hacen los trabajadores del Biológico, la lucha para quebrar y sepultar de cuajo esta intentona privatista.

 

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