La Afip anunció un “régimen de fiscalización” del pago del IVA, tras reconocer que las empresas que comercializan alimentos y otros productos no pagan el impuesto a pesar de que los precios incluyen el 21% con que se grava cada artículo. Esto quiere decir que los empresarios, que actúan como agentes de retención, se quedan con lo que pagamos los consumidores (uno de cada cinco pesos, en concepto de IVA) pero después incumplen el pago al fisco, para entrar a moratorias con generosos planes de pago, o directamente por operar informalmente sin declarar sus ventas. La medida del gobierno no promete grandes resultados, pero sí revela que buscan aumentar la recaudación fiscal apretando las clavijas sobre los trabajadores, que gastamos el salario en estos artículos esenciales, en tanto los comercios amenazan con nuevas remarcaciones de precios.

La resolución indica que las compañías deberán pagar por adelantado un 3% en concepto de anticipo del IVA (o el 1,5% en aquellos gravados al 10%). Las patronales amenazan con trasladar al precio final esa percepción anticipada, algo que significaría un recargo sobre el impuesto a los consumidores y agravaría el alza en el precio de los alimentos. La estafa sería completa, sobre todo porque igualmente van a continuar evadiendo el grueso del impuesto. Vale resaltar que los empresarios se quejan del déficit fiscal reclamando más recortes en los programas sociales y exigen una reforma jubilatoria que continúe golpeando los haberes previsionales, pero ni siquiera pagan lo que perciben como agente de retención. Incluso, estamos ante otro ejemplo de que toda la clase capitalista defiende el acuerdo con el FMI pero ninguno quiere pagar de su bolsillo. La factura se pasa a los trabajadores.

Ahora bien, estas empresas también cuentan con todos los artilugios para seguir evadiendo la carga tributaria. Es el caso de las artimañas contables para comercializar en negro, como subdividir la facturación para no superar el tope de $100.000, y la precarización laboral mediante la cual eluden los aportes patronales. En tanto, la preocupación del gobierno solo está puesta en garantizar el cumplimiento de la meta de ajuste fiscal que impone el FMI, sucede que el Estado se vale de impuestos regresivos como el IVA, donde la carga recae sobre la población que vive de su salario, y la espiral inflacionaria, que es por eso una de las vías fundamentales: mayor confiscación impositiva al tiempo que licua salarios y jubilaciones.

La medida entonces golpea únicamente a los trabajadores, que es sobre quienes recae la mayor parte de la carga tributaria (lo que incluye impuestos al salario como Ganancias e impuesto a la vivienda única, entre otros) y quienes destinan al consumo el grueso de sus derruidos ingresos, a diferencia de los empresarios que invierten, ahorran o especulan, y tramitan la devolución de buena parte de lo tributado en concepto de Ganancias u otros.

Mientras, para los grandes rubros de importación y exportación copados por pulpos nacionales y extranjeros, se impulsan regímenes de beneficios impositivos, como fue el caso de las automotrices con la devolución anticipada del IVA, o el no aumento de retenciones al agro. Todos los resortes del Estado están colocados al servicio de preservar las ganancias del capital y de pasarle la factura de la crisis a quienes viven de su trabajo.

La recaudación impositiva está en la lupa del Fondo Monetario, que pretende cargas los costos del repago de la deuda usuraria a los contribuyentes. Es lo que mostró la presión por reducir las exenciones impositivas a sectores empresarios, como las tecnológicas de Tierra del Fuego; solo que a esos empresarios los compensan luego por otro lado, permitiéndoles aumentar los precios. Luego de que el Presupuesto 2023 dispusiera el aumento del IVA para los productos electrónicos ensamblados en la isla, el gobierno aumentó en paralelos los aranceles a las importaciones de esos artículos para que puedan aumentar los precios sin perder competitividad en el mercado. Gracias a esto las notebooks y tablets subieron casi un 40% este mes.

El acuerdo con el FMI promete un recrudecimiento del ajuste y, con ello, nuevos impuestazos. Es necesario abrir los libros de las empresas que actúan como agente de retención a control obrero y de los consumidores, para ver a dónde va a parar la plata de nuestros tributos. A su vez, resulta fundamental eliminar los impuestos al consumo, el tributo a la vivienda única y el gravamen a la cuarta categoría de Ganancias que recaen de lleno sobre las espaldas de los trabajadores.

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