El recinto de la Cámara de Diputados volverá a abrir sus puertas luego de un año de parálisis total. En la sesión, convocada para el jueves 28 de noviembre, se llevará a cabo la rotación de la banca del Frente de Izquierda -conforme al acuerdo de los partidos que lo componen-, por lo que Guillermo Kane (del Partido Obrero) dejará su lugar a Mercedes Trimarchi (de Izquierda Socialista).

Culmina así esta etapa de actividad parlamentaria del PO en la provincia, marcada por la batalla permanente contra el consenso que el gobierno de María Eugenia Vidal tejió con los bloques peronistas, para garantizar la aprobación de sus leyes de ajuste, y hasta para preservarse de las consecuencias desastrosas que esas políticas tuvieron en la provincia, con el consecuente descontento popular.

La escribanía del ajuste

Solo una semana después de la asunción de Kane en la banca, la Legislatura era escenario de una feroz represión a trabajadores estatales, docentes, del Astillero Río Santiago y del Banco Provincia para votar un paquetazo que incluía el desmantelamiento del régimen jubilatorio de los empleados del BaPro -en simultáneo con el robo a los jubilados que se votaba en el Congreso, mientras una masiva movilización resistía la represión policial. El quórum garantizado por el bloque del PJ “de los intendentes” habilitó este zarpazo en una Cámara en la que Cambiemos no contaba con mayoría propia.

Así comenzaba este período legislativo, denunciando esta componenda con el peronismo, que una semana más tarde se plasmaría en la aprobación del Pacto Fiscal de Vidal y los intendentes, replicando el de Nación y provincias, que estableció un cronograma de exenciones a los grandes capitalistas y  comprometió el giro de los fondos de la coparticipación al cumplimiento de metas de ajuste. Un año después, cuando se votaba el Presupuesto 2019 gracias a la negociación “unitaria” de los bloques del PJ, el FR y Unidad Ciudadana, Kane advirtió en el recinto que “el quebranto provincial tendrá así su ADN Pro y su ADN peronista”.

Esta concurrencia dejó en off side en reiteradas oportunidades la verborragia kirchnerista, como sucedió en ocasión de la crisis que suscitó el tarifazo de mediados de 2018 -un nuevo incremento que en el caso de la luz llevaba el acumulado a un 1500%. Allí, cayó en saco roto la moción formulada por los K de citar una sesión especial para anular el aumento, que fue rechazada por sus hoy socios en el Frente de Todos. El FIT denunció el acuerdo, del que formaron parte los jefes comunales, e insistió con un proyecto que retrotraía las tarifas y planteaba la apertura de los libros de las privatizadas.

Con las luchas obreras

La banca del FIT denunció el tendal de despidos en el Estado, que significaba además un aval a la ofensiva patronal de cesantías masivas y cierres de fábricas que hizo estragos en la provincia. En esa tónica organizó una audiencia junto a los trabajadores en lucha del INTI, de la UEP, de Ferrobaires, de la propia Cámara de Diputados, y de sectores privados como la autopartista Stockl o el diario Hoy. Más tarde respaldaría las luchas de Siam e  Interpack. También fue un punto de apoyo fundamental para la pelea – que sigue- de los empleados legislativos para que se apruebe el proyecto de Estatuto Escalafón, y de los acompañantes terapéuticos que luchan contra la precarización laboral del propio Estado.

Acompañó a su vez la dura lucha de los obreros del Astillero Río Santiago contra el vaciamiento, que hizo retroceder al gobierno de Vidal, e incluso presentó un proyecto de control obrero de la fábrica estatal que fue un insumo para la reorganización de una agrupación clasista. Además, elaboró un proyecto de anulación de la reforma regresiva de las jubilaciones del BaPro, que a su vez fija que haya un directorio electo por los trabajadores al frente de la Caja de Previsión. La defensa de IOMA e IPS contra las maniobras vaciadoras, por su parte, dio lugar a sendos proyectos para que los directorios sean electos por sus afiliados.

Cromañón educativo y rescate de Vidal

Tal vez el aspecto más sensible que debió afrontar el PO ejerciendo la banca del FIT fue la crisis que se abrió con la explosión de la Escuela 49 de Moreno, en la que fallecieron Sandra y Rubén. Apoyado en la pueblada que protagonizaba la comunidad educativa -movilizando e imponiendo la suspensión de clases en 1.000 establecimientos en estado crítico- fue presentado un pedido de juicio político a la gobernadora por su responsabilidad política, tras vaciar todas las áreas de infraestructura escolar (incluyendo la probada corrupción del director Mateo Nicholson), como parte de una embestida general contra la educación pública. Fue solo por la negativa de los bloques peronistas que Vidal y Sánchez Zinny fueron piloteando la cuestión eludiendo su responsabilidad, mientras la docencia gritaba “¡Fuera Vidal!”.

En efecto, la masacre de Moreno llegaba como corolario de un ataque estratégico dirigido a quebrar el Estatuto del Docente, patente en la eliminación de los Equipos de Orientación Escolar, de las ramas de Adulto y Especial, el intento de cerrar escuelas rurales e institutos terciarios, la pauperización salarial, persecuciones y hasta sanciones ilegales contra Suteba. Cada ataque fue objeto de radios abiertas y presentación de proyectos, algunos de gran repercusión como el que dejaba sin efecto el desarme de los EOE, que sumó el apoyo del movimiento de lucha y firmas de todos los bloques opositores, pero que no prosperó por el pacto del massismo con el gobierno. Otro proyecto fue elaborado junto a los familiares de las víctimas de Moreno, y pone las obras escolares bajo control de la comunidad educativa; una antítesis al intento de Vidal de municipalizar la responsabilidad de la cuestión edilicia.

Junto a la ola verde

Una gran repercusión política y mediática tuvo la media sanción conquistada por el proyecto del FIT que apunta a garantizar el dictado de educación sexual y quebrar el oscurantismo clerical que padecen casi la mitad de los estudiantes bonaerenses. La votación, arrancada cuando la cresta de la ola verde lograba también la media sanción del aborto legal en el Congreso, abrió una crisis política de Vidal con sus aliados católicos y evangélicos, que llegaron a amotinarse en el despacho presidencial de la Rosada hasta contar con el compromiso de Macri y la gobernadora de que bloquearían toda modificación a la ley de ESI. La campaña para exigir su tratamiento en el Senado nucleó a numerosos activistas secundarios y docentes, y sirvió de contrapunto al lobby celeste al que estaba jugado el Ejecutivo provincial y de otros sectores oscurantistas, de los cuales se hizo eco La Nación en un nefasto editorial de ataque al FIT.

Una gran adhesión recogió también el proyecto de capacitación docente en ESI, que fue presentado junto a Red de Docentes por el Aborto Legal y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en los mismo días en que Vidal inauguraba la línea telefónica “0800 – maternidad forzada” junto a la derechista Aciera. La batalla contra el clero reaccionario incluyó la presentación de un proyecto para terminar con las exenciones impositivas a las iglesias, y el respaldo a las víctimas de abuso a manos del cura Eduardo Lorenzo -capellán del Servicio Penitenciario y protegido por el Arzobispo ‘Tucho’ Fernández-, encubierto durante 10 años y cercado ahora ante la acumulación de nuevas denuncias. El reclamo por acceso a anticonceptivos también fue llevado al recinto.

Un canal para los reclamos populares

La actividad de la banca del FIT tomó también voltaje denunciando la política de reforzamiento represivo y gatillo fácil de Cristian Ritondo, presentando pedidos de interpelación cuando perpetraron la Masacre de Pergamino o la de San Miguel del Monte, por la inhumana sobrepoblación carcelaria o por represiones a movilizaciones obreras, como la del Astillero. También fue presentado un proyecto de declaración para exigir la exoneración del asesino Luis Chocobar de la Policía Local de Avellaneda.

Otros reclamos populares también encontraron en la bancada del Frente de Izquierda un canal para llevar adelante sus reclamos. Es el caso de la pelea contra los agrotóxicos en todo el interior provincial, que mereció la presentación de un proyecto que establece límites a la fumigación. Las asambleas de inundados de distintos puntos también tuvieron una espalda en el FIT, en particular las de La Plata que elaboraron junto al equipo legislativo del PO un pedido de jury al fiscal Paolini, quien armó la trama de impunidad en torno al juicio de la devastadora inundación de la ciudad en 2013.

Un importante capital político deja esta actividad parlamentaria, ligada a las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud contra Vidal y los bloques que garantizaron sus planes de ajuste, que son los mismos que hoy se preparan para gobernar la provincia y el país. Con estas armas, afrontaremos la próxima etapa que nos depara importantes luchas políticas contra el intento anunciado por Kicillof de rescatar a los acreedores y las patronales del campo y la ciudad. Estas conclusiones serán plasmadas en una conferencia de prensa el mismo jueves 28, previo a la sesión, organizada por los tres partidos del Frente de Izquierda para anunciar la rotación de la banca.