Como venimos señalando, el endeudamiento a tasas usurarias del Tesoro ha adquirido una dinámica verdaderamente insostenible. En plena campaña electoral, economistas de Juntos por el Cambio, a partir de un comunicado, afirmaron que se trata de una deuda “impagable” y será una “bomba de tiempo para quien gane las elecciones de octubre próximo”, a lo que el gobierno respondió que, con esos dichos, no hacían más que alentar la corrida en curso. Sucede que ambos bandos tienen razón, sin embargo, todos estos políticos capitalistas son los responsables de haber sumido al país en una montaña de deuda sideral, con efectos ruinosos para el conjunto de la economía.

Los economistas opositores, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy y a Eduardo Yeyati, remarcaron que el Tesoro aloja deuda con vencimientos a corto plazo, viene ofreciendo altísimas tasas de interés y gran parte de los bonos son ajustables al dólar y a la inflación. El viceministro de Economía del gobierno actual, Gabriel Rubinstein, salió al cruce respondiendo que “si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian de discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?”, haciendo referencia a que la oposición, al lanzar este tipo de acusaciones, estaba fomentando la corrida puesto que alimentaba la incertidumbre de los acreedores en un año electoral.

A su turno, señaló “y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?”, en función de reducir la necesidad de financiamiento para cubrir los gastos del Estado. Es decir, el segundo de Massa propone como supuesta solución al problema del endeudamiento reforzar el ajuste sobre las jubilaciones, asistencia social, educación, vivienda y salud y más aumentos de tarifas, cuando las necesidades irresueltas de la población llegan a niveles alarmantes y la inflación está fuera de control. En ese punto, no hay ninguna divergencia con Juntos por el Cambio, ya que ambos espacios políticos patronales están abrazados a la hoja de ruta del FMI, a costa de los sectores populares. Si a pesar de esta coincidencia todavía no logran avanzar en la dirección que proclaman es por el temor a la reacción popular y el desquicio inflacionario que se agravaría con un tarifazo generalizado. Por lo demás, buena parte del déficit se debe a los subsidios y beneficios impositivos que reciben los capitalistas.

La pelea por quién endeudó más al país carece de sentido. Desde el 2005 hasta acá la deuda no para de crecer. Pasó de 154.270 millones de dólares a 382.281 millones de dólares. Todos los que nos gobernaron son responsables.

— Gabriel Solano (@Solanopo) February 9, 2023

Volviendo al problema de la deuda, lo cierto es que quienes integraron el gobierno de Cambiemos, durante el cual se contrajo el préstamo por U$S 45.000 millones con el FMI y hubo una fuga de capitales de U$S 80 mil millones, han socavado cualquier tipo de autoridad para opinar sobre el tema. Es más, entre el 2015 y 2019 la deuda pública creció en el equivalente a U$S 82.400 millones; incluso el propio Lacunza, como titular de Hacienda de la gestión anterior, se vio obligado a “reperfilar” vencimientos en 2019, luego de la corrida que se precipitó tras la victoria del Frente de Todos en las Paso.

También es cierto que actualmente contribuyen a crear un clima de zozobra en los mercados en torno a un posible default de la deuda en pesos para obtener un rédito electoral. Como si fuera poco, Lacunza anticipó quiénes se verán perjudicados cuando se desate una nueva crisis de deuda, declarando que “las consecuencias  las pagamos todos los argentinos, sobre todo los pobres que no se pueden esconder”… porque nunca pasarán la factura sobre los acreedores, que son los que vienen lucrando con todo esto.

Ahora bien, el Frente de Todos incrementó el endeudamiento del Tesoro hasta convertirlo en una verdadera bomba de tiempo precisamente porque asumió para rescatar esa hipoteca impagable. Así las cosas, el stock de deuda en pesos alcanza el equivalente a U$S 131.118 millones, y, lejos de ser inofensiva al tratarse de una títulos nominados en moneda local, el 52% está indexada al dólar o a la inflación, con lo que no podrá ser licuada mediante un salto en el tipo de cambio. Cabe destacar que el incremento de la deuda en pesos forma parte de las consecuencias del pacto con el FMI, cuya receta incluye cubrir la mayor parte del déficit fiscal mediante la colocación de bonos, a los fines de reducir los más posible la emisión monetaria.

Por otra parte, el Tesoro deberá afrontar durante el año vencimientos por el equivalente a U$S 55.012 millones, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a razón de $2 billones por mes. Debido a la magnitud de los compromisos, muchos bonistas comienzan a dudar de la capacidad de pago del Tesoro y se van retirando del mercado de deuda en pesos para refugiarse en el dólar. Lo vemos con el ensanchamiento de la brecha cambiaria y la creciente venta de divisas del Banco Central con el objetivo de contener los dólares financieros.

Para intentar contrarrestar esta corrida, Economía ofrece bonos en las licitaciones a intereses cada vez más altos, con plazos de vencimientos más cortos y en su mayoría ajustables (CER, dollar-linked, duales), agravando la explosividad de dicha deuda y generando costos ultrausurarios para el país. De más está decir que la banca hace un negociado fabuloso con tamaña bicicleta financiera.

A su vez, ha aumentado la exposición de los bancos al riesgo del sector público. En 2019, las entidades financieras tenían el 13% de sus carteras invertido en letras del BCRA y bonos del Tesoro; en el tercer cuatrimestre 2022, ese porcentaje ascendió al 41%. Lo anterior encierra el riesgo de que se desaten corridas bancarias en el caso que se produzca un default de la deuda en pesos, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos tienen colocado dinero de los encajes (que deberían mantener inmovilizado como garantía de los depositantes) en dichos instrumentos financieros.

Finalmente, las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición esconden que ambos bloques fueron y son los encargados de endeudar el país, y, al mismo tiempo, orientar los recursos nacionales al rescate esa hipoteca usuraria, provocando un sinfín de penurias al pueblo. Para terminar con este régimen de saqueo, es necesario echar a los políticos capitalistas e iniciar un rumbo de desarrollo vinculado a los intereses populares.

Debemos, entonces, repudiar la deuda fraudulenta, romper con el FMI y someter al control obrero los resortes estratégicos, como la banca y el comercio exterior. Un planteo que levanta el Frente de Izquierda para que exista una salida política de los trabajadores a la crisis.

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