El gobierno afirma que se aproxima a cumplir con la obligación que le fijó el Fondo Monetario de financiar el déficit fiscal con endeudamiento para evitar la emisión monetaria, pero el costo es sumar explosivos a una bomba de tiempo que promete terminar en un default de la deuda en pesos el año próximo, por lo cual el mercado descuenta que el próximo gobierno deberá proceder a una reestructuración. Como sea, para refinanciar los vencimientos y colocar nuevos bonos, el Tesoro viene de aumentar las tasas de interés que paga a los especuladores al 107%, lo cual retroalimenta toda la dinámica de bola de nieve.

Un ejemplo de lo atado con alambre de todo este esquema se dejó ver el lunes en la primera licitación de septiembre, la cual culminó “exitosamente” con un fondeo de $140.000 millones por sobre lo que vencía. Además de la mencionada suba de tasas, el gobierno sigue dependiendo de ofrecer rendimientos atados a la inflación y a plazos cortos, de manera tal que del total adjudicado casi el 80% correspondió a las Letras ajustables por CER con vencimiento en febrero de 2023. De hecho, casi la totalidad de la gigantesca hipoteca del Tesoro debería cancelarse (o renovarse) antes de las elecciones del año que viene, por lo que el proceso electoral transcurrirá condicionado por los compromisos con la banca.

El objetivo del Palacio de Hacienda para el último cuatrimestre es obtener financiamiento por $700.000 millones por sobre lo que vence, con los que esperan cumplir con la meta el financiamiento de los 2,5 puntos del PBI de déficit pactada con el Fondo. Sin embargo, debido a que -como resultado de esta política- los vencimientos para noviembre y diciembre superan el equivalente a los u$s11.500 millones, en la cartera de Sergio Massa evalúan lanzar un nuevo canje como el concretado el mes pasado, cuyo efecto fue cambiar los títulos por bonos duales que no solo están atados a la inflación sino también al dólar. En este cuadro, un salto devaluatorio (cuando las reservas del Banco Central siguen exhaustas) detonaría una verdadera estampida cambiaria que hasta podría decantar en una corrida bancaria.

El costo de todo esto es leonino. Mientras la deuda se sigue abultando, en los primeros ocho meses del año el Tesoro pagó intereses por más de $780.000 millones, más de lo que se ahorra sumando todos los recortes en los subsidios a los servicios públicos y en las partidas para educación salud, vivienda y obra pública. En paralelo, el BCRA redondeará el año gatillando nada menos que $3,2 billones en intereses por las Leliq y Pases. El ajuste solo rige para los trabajadores, no para el capital financiero.

A su vez, hay que tener en cuenta además que el Fondo comunicó el lunes que el tope de financiamiento monetario del déficit será del 0,8% del PIB este año (una rebaja respecto del 1% fijado originalmente en el programa), como señal de endurecimiento de la política monetaria. Esto incrementa la presión para que el gobierno ejecute un mayor ajuste del gasto público. El colmo es que a todo esto debemos sumar que el dólar soja implica un nuevo endeudamiento del Tesoro por hasta u$s2.000 millones con el BCRA, lo que se emitirá para compensar la mayor emisión de pesos que implica pagarle a los exportadores un dólar a $200.

Esto marca el carácter usurario del programa económico dictado por el FMI y desnuda el carácter capitalista de la gestión de los recursos públicos que lleva adelante el oficialismo, que ofrece garantías a los especuladores ante la inflación mientras se vale de ella para licuar los salarios y jubilaciones.

No podemos seguir siendo los trabajadores quienes paguemos la crisis, que la paguen los especuladores y todos los capitalistas que lucran hundiendo al país.

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