Para quienes cargan las tintas sobre el “elevado” costo laboral de Argentina para justificar reformas antiobreras en los convenios colectivos, es preciso aclarar que el mismo viene en caída debido al retroceso salarial y el aumento de la flexibilización.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), basado en datos del Indec, da cuenta que la productividad laboral por puesto de trabajo (la cantidad de bienes que produce un trabajador) creció un 14% entre el cuarto trimestre del 2019 hasta la actualidad, mientras que lo ingresos reales de los asalariados variaron apenas un 2%. Es decir, el 83% de la mejora en la productividad laboral de ese período fue absorbida por las empresas.

Por su parte, en la industria manufacturera la productividad laboral evolucionó un 7% desde 2016, sin embargo, el ingreso medio de los trabajadores del sector perdió 25 puntos desde aquel momento, en términos reales. Lo anterior significó una confiscación de $1,6 billones al bolsillo del trabajador, que fue a parar a manos de las empresas. En cuanto al sector primario, durante la gestión de Alberto Fernández, la productividad laboral trepó un 40%, no obstante, el salario promedio de los trabajadores rurales cayó 20%. Salta a la vista la continuidad que estableció el gobierno del Frente de Todos con el macrismo respecto al deterioro salarial en beneficio de las patronales

Del informe se desprende que el costo laboral por unidad de producto es cada vez menor, y, como contrapartida, se acrecienta la porción de valor de la cual se apropian los capitalistas. Como vemos, la reforma laboral que proclama el empresariado ya sucede en los hechos, con el concurso del gobierno y la burocracia sindical. Las modificaciones convenio por convenio, la caída real del salario -como resultado de la inflación y las paritarias a la baja- y la extensión del trabajo informal han edificado esta realidad que hunde en la pobreza a capas enteras de la población trabajadora. Un ataque a las conquistas obreras que la clase capitalista pretende profundizar, junto con la disolución de las organizaciones gremiales y la eliminación del derecho a huelga.

Cabe destacar que el incremento de la productividad no fue el resultado de un ciclo de inversiones en el país, sino que está apalancado en mayores ritmos de explotación sobre la fuerza de trabajo. Sin ir más lejos, la formación bruta de capital fijo (el valor de los activos fijos adquiridos o producidos en el país en un período) en 2021 fue del 17% del PBI, tres puntos porcentuales menos que el promedio de América Latina y el Caribe y seis puntos menos que en la Unión Europea, según los datos del Banco Mundial.

Que el ascenso de la productividad es a costa de los trabajadores lo muestra el ejemplo de Toyota, que luego de la reforma flexibilizadora pegó un salto en la fabricación de vehículos sin la necesidad de habilitar más turnos ni líneas de producción, lo cual hubiese dado lugar a nuevos puestos de trabajo. Lo mismo podemos decir de la industria hidrocarburífera, donde creció la producción de petróleo y gas tras la adenda flexibilizadora de Macri pero sigue primando la huelga de inversiones.

Evidentemente estamos bajo el dominio de una clase social completamente parasitaria, la cual, en lugar de maximizar sus ganancias introduciendo mejoras técnicas, elige aplastar las condiciones de vida de los trabajadores. Corresponde que se vayan todos los políticos que tributan a este régimen agotado y se abra paso una salida que responda a los intereses de las mayorías.

 

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