El Ministerio de Desarrollo Social lanzó el programa Canasta Ahorro, que consiste en ofrecer 28 productos a precio regulado en 60 ferias ubicadas en el Gran Buenos Aires y el Gran Rosario. La iniciativa busca reducir los precios por medio de que sea el productor quien le venda directamente al consumidor, tras un aumento del 13,8% en los alimentos y bebidas en el primer trimestre del 2021, el cual superó a la inflación que fue del 13% en el mismo período.

La medida delata el fracaso de todas las políticas del gobierno tomadas hasta el momento destinadas a asumir un control sobre los precios. La existencia de Precios Cuidados, Precios Máximos y del Acuerdo de Precios de la Carne no impidió que la Canasta Básica Alimentaria sufriera un aumento del 45% en el transcurso de un año. En primer lugar, se trata de programas que han sido degradados paulatinamente por medio de actualizaciones en los precios y reducción de los productos afectados. Por otro lado, se han llevado acabo múltiples maniobras por parte de las empresas para eludir el control estatal, sin recibir ningún tipo de sanción.

El encarecimiento de los alimentos, sumado a los techos salariales por debajo de la inflación y al desempleo creciente, ha dado como resultado la pulverización del bolsillo popular. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en que en el mes de marzo de este año se registró una caída del consumo del 26% en relación a marzo del 2020. A su vez, las compras en los supermercados han descendido un 25,9% en un año. Tal es así, que desde 2019 a esta parte aumentó en un 9% el número de hogares que han padecido hambre en los últimos 12 meses, según un estudio de la UCA.

Los precios de la Canasta Ahorro son presentados por el ministro Daniel Arroyo como una rebaja significativa. Sin embargo, las cifras publicadas no distan mucho de las que figuran en Precios Cuidados. El punto es que son precios que no existen en la realidad de las góndolas del país ya que las empresas alimenticias recurren al desabastecimiento de los artículos regulados.

Además, el funcionario llegó al punto de afirmar que esta iniciativa contribuirá en resolver lo que él mismo reconoce como los principales problemas de los barrios pobres, “los precios de los alimentos y el endeudamiento de las familias”. A nadie se le puede ocurrir que el cuadro descripto pueda ser revertido mediante una medida que tan solo abarca 60 ferias ubicadas únicamente en el conurbano bonaerense y en los alrededores de Rosario. Esto, sin mencionar que la regulación incluye una cantidad ínfima de productos de consumo cotidiano.

Como se ve, el gobierno de Alberto Fernández, por un lado, condena a las mayorías populares a percibir ingresos de pobreza -fomentando paritarias del 29% con una inflación proyectada en el 50% y fijando un salario mínimo de  $29.160 para 2022, por debajo de la línea de pobreza calculada en $60.874 -,y, por otro, instrumenta una nueva cortina de humo para mostrar preocupación sobre el aumento de los precios.

“Los problemas que existen en los barrios”, a los cuales hace mención Arroyo, se resuelven, por un lado, recomponiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, y, por otro, tomando medidas más radicalizadas para controlar los precios. Lo que sucede es que el gobierno es artífice de dichos problemas al avalar que las patronales remarquen los precios a su antojo, y, por otra parte, negándole a los más de dos millones y medio de desocupados un seguro que les permita sobrellevar la situación. Por el contrario, Alberto Fernández pone por delante sus acuerdos con el FMI, mientras da de baja 50.000 planes sociales del Potenciar Trabajo y no es capaz de reponer siquiera un mísero IFE frente a una realidad nacional donde 20 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

A esta nueva ficción de "precios populares" debemos oponerle una verdadera salida contra la carestía. Necesitamos un salario mínimo de $61.000; paritarias sin techo indexadas a la inflación; prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo; implementar un seguro al desocupado de $40.000; aumento de emergencia a los jubilados de $15.000. Al mismo tiempo, es fundamental controlar los precios planteando la apertura de los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos reales, y, a su vez, nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior en función de que la suba de los precios internacionales no se traduzca en aumentos en el mercado local.

 

https://prensaobrera.com/politicas/a-llorar-a-la-iglesia/

 

https://prensaobrera.com/politicas/por-un-congreso-del-frente-de-izquierda-unidad/