El Indec ha dado a conocer la actualización de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria, correspondientes al mes de abril, quedando en $95.260 y $42.527, respectivamente. Con estos datos, el salario mínimo, con aumento y adelantamiento de cuotas mediante, seguirá enterrado debajo del índice de indigencia.

El gobierno de Alberto Fernández viene de resolver el adelantamiento de la cuota de aumento del salario mínimo de agosto que, superpuesta con el aumento previsto para junio, representará una suba del 17% del haber de referencia, llevándolo a $45.540. La jubilación mínima tampoco es la excepción a este fenómeno: aún con un aumento del 15% en junio, el haber básico se ubicaría en escasos $37.525.

Esta medida, que fuera reclamada por el kirchnerismo en cabeza de Máximo Kirchner, no evita que el piso salarial se ubique por debajo de la Canasta Alimentaria, lo que desmiente que el gobierno –y sus partes integrantes, todas- impulse una agenda de “recomposición salarial”, cristalizándose en los hechos el deterioro y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Canastas y salarios

La Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria subieron un 6,7% y 6,2% mensual, respectivamente, y acumulan un aumento interanual de 59,4% y 51,2%, de la misma manera.

Mientras los precios crecen a pasos agigantados, día a día, y la estadística se actualiza mensualmente, los salarios y las jubilaciones se encuentran dictados por otros ritmos y mecanismos.

El salario mínimo, por ejemplo, depende del Consejo del Salario, el cual ya se reunió este año y resolvió un escaso 45%, en cuatro cuotas, las que debieron ser adelantadas por el gobierno ante la abrumadora confiscación frente a la inflación, sin que esto implique evitar la pérdida contra la inflación.

Del salario mínimo dependen los programas sociales (el 50% del ingreso de referencia), los trabajadores precarizados y no registrados y parte importante de los jubilados.

A su vez, las jubilaciones, indexadas por la movilidad del gobierno (mitad por la variación salarial y mitad por la recaudación de la Anses), siguen, a un ritmo trimestral y levemente por detrás, a la inflación, pero partiendo de un lugar mucho más retirado: en junio llegaría casi al 82%… del salario mínimo de indigencia.

La política de bonos del gobierno y ahora de este IFE 4, al cual se han anotado casi 18 millones de personas, no sirve para contrarrestar esta tendencia, sino que consolida la pérdida continua en los ingresos de trabajadores y jubilados: pasado el bono sigue el ajuste. Además de que siempre representa sumas insignificantes ante las necesidades populares, inferiores a lo que se ha otorgado en el pasado, pero con más inflación.

La lucha contra la pobreza

Este deterioro en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, que también alcanza a los salarios privados, en mayor o menor medida, dependiendo de cada paritaria, es una consecuencia directa del pacto de ajuste con el FMI y de recorte del gasto público, así como las políticas con consecuencias inflacionarias.

La masiva Marcha Federal, convocada por la Unidad Piquetera, de la que formó parte el sindicalismo combativo y distintos sectores independientes y de lucha, puso esta cuestión en el primer plano de la agenda política, denunciando la caída de los ingresos populares, la falta de empleo y el agravamiento de la pobreza y la miseria, de la mano del plan económico del FMI.

Esta acción de lucha dejó planteada la necesidad de un paro nacional, trabajado desde abajo, con un plenario nacional de trabajadores ocupados y desocupado, que pujará por colocar a la clase obrera en la lucha inmediata por sus reivindicaciones, contra la orientación entreguista y cómplice de la burocracia sindical y de las organizaciones sociales oficialistas, y por una recomposición general de los salarios, salario mínimo de $100 mil y salarios por arriba de la Canasta Familiar de $180.000 y el 82% movil para los jubilados, como primer paso.

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