Políticas
27/8/2025
La Corte convalida el robo a los jubilados
Rechazan un amparo colectivo presentado hace 16 años que reclamaba una actualización general de los haberes previsionales.
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CSJN.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó, luego de unos largos 16 años, el amparo colectivo presentado por el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para que se aplique extensivamente la movilidad jubilatoria conquistada en el fallo Badaro, consumando una orientación de saqueo contra los jubilados, perpetuada durante décadas contra los trabajadores.
El triunviro de los cortesanos dio por finalizada, negativamente, la pretensión de Mondino de que se condenara al Estado argentino a adecuar el conjunto de las jubilaciones a lo resuelto en el caso Badaro, donde luego de varias peripecias y presentaciones éste obtuvo la actualización de sus haberes según las variaciones anuales del índice de salarios del Indec.
La decisión de los cortesanos se fundó en la falta de impulso de la parte actora, por la vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación producida en 2009 y sin renovarse hasta la fecha, además de señalar una supuesta falta de legitimación activa para representar al conjunto de jubilados, y el cambio de las “circunstancias” respecto a los diversos regímenes, convenios (reparación histórica) y actualizaciones de la movilidad previsional.
De esta forma, la Corte consolida un saqueo contra los jubilados perpetuado durante décadas, que en su momento denunciamos que implicó el robo de más de medio PBI nacional (200.000 millones de dólares), con un control difuso de constitucionalidad que solo aplica para cada caso en concreto, obligando a que cada jubilado realice su propia presentación judicial.
El juez Ricardo Lorenzetti señaló en estos términos que “la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado”, agregando que los afectados son “personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales” y que “pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor” (La Nación, 26/8).
Esta orientación suscitó la proliferación de miles de juicios previsionales, con demoras de largos años y sentencias que la Anses y el Estado incumplían, afectando más a una población vulnerable.
Los sucesivos gobiernos vienen implementando cada uno de ellos su propia política de saqueo contra los jubilados, cada uno con su ley confiscatoria de movilidad jubilatoria, congelamiento de haberes, aumentos discrecionales, bonos antojadizos, convenios de “reparación histórica” y, por sobre todo, el robo de los ahorros previsionales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La vía judicial para la satisfacción de reclamos previsionales resulta poco efectiva para los jubilados, con juicios que se extienden durante años y fallos imprecisos que, de ser favorables, son apelados sucesivamente por el Estado, haciendo más inalcanzable toda pretensión razonable.
Recientemente un fallo de segunda instancia ordenó la actualización del bono compensatorio de $70.000, congelado desde marzo de 2024, en favor del jubilado accionante, remitiendo al juzgado de primera instancia para que determine “qué incidencia ha tenido la ausencia de incrementos de las sumas reconocidas por cada decreto (“refuerzo previsional”) en cada uno de los mensuales”. De considerarse el bono en relación a los aumentos otorgados éste se ubicaría en relación a los $166.755.
Se trata de una decisión judicial que habilita la presentación de 4,5 millones de jubilados en igual circunstancia, lo que para nada parece el carril más adecuado para hacer valer los derechos previsionales de millones de jubilados.
El reciente fallo de la Corte obstruye la vía de los amparos colectivos en esta materia y dificulta el acceso a los Justicia de millones de jubilados que sufren una misma realidad, afectados por un Estado que saquea sus recursos para pagar la deuda. La respuesta de la Justicia a los jubilados no puede ser caso por caso, cuando lo que tenemos es una ofensiva de conjunto. De allí que las y los jubilados se organicen colectivamente para enfrentar el ajuste de este gobierno y sus predecesores.
Hay que derrotar a este gobierno, garantizando una jubilación mínima que cubra la Canasta del Jubilado como piso, el 82% móvil sobre los salarios, el acceso a la jubilación reconociendo los aportes no realizados por las patronales y la restitución de los aportes patronales para financiar la Anses y defender los recursos previsionales contra los vaciadores.
