La provincia de Chubut está desde hace años en el ojo de la tormenta de la crisis económica, social, y ahora también sanitaria.

Nuestra provincia tiene la menor tasa de camas UTI por habitante del país, por lo que a diario vemos como las terapias están colapsadas. Tan solo el 10% de la población ha recibido ambas dosis de la vacuna en toda la provincia. Al personal de salud se le deben sueldos y paritarias.

En cuanto a la educación, estamos frente a una presencialidad formal, que expuso que la gran mayoría de las escuelas demuestra graves problemas de infraestructura. Las mismas impiden el desarrollo de las clases, aún contra las intenciones del gobierno provincial de retomar las clases presenciales ante el cuadro de saturación sanitaria descrito. Las instituciones educativas cuentan con condiciones edilicias tan precarias que allí donde hay presencialidad los chicos pueden acudir cada dos o tres semanas. Eso sumado a las paritarias docentes congeladas desde 2019 y el pago en cuotas que el gobierno brinda a los gremios estatales.

El conglomerado urbano de Rawson y Trelew tienen las cifras de pobreza y desocupación más altas de toda la Patagonia. En la zona de la cordillera, más de trescientas familias que lo han perdido todo denuncian que la ayuda prometida por el gobierno no llega.

La violencia hacia las mujeres y diversidades aumenta sin ninguna respuesta. Han sido las propias mujeres violentadas las que han expuesto esta situación, dando cuenta de decenas de denuncias que no se atienden, perimetrales que no se cumplen y botones antipánico fuera de servicio.

El gobierno de Mariano Arcioni busca la contención social a través de sus lazos con la burocracia sindical y el respaldo del gobierno nacional. Pero para el disciplinamiento social también echa mano a la represión, como hemos visto, ya sea con la policía violentando a la juventud en las barriadas, la acumulación de casos de gatillo fácil y las detenciones y la judicialización de activistas como medio para la criminalización de la protesta social. Vale recordar sobre esto que la provincia está atravesada por grandes luchas contra sus planes de imponer la megaminería y el ajuste.

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Y es que la agenda del gobierno de Arcioni, al igual que el PJ y Juntos por el Cambio, es profundizar el ajuste en marcha para garantizar el pago de la deuda fraudulenta e intentar avanzar con la zonificación minera, en línea con la política del gobierno nacional a gusto de las exigencias del FMI y los acreedores.

Esto plantea la necesidad de poner en pie una alternativa propia de los trabajadores ante los responsables de la miseria popular. Por eso es que desde el Partido Obrero estamos proponiendo un congreso nacional del Frente de Izquierda - Unidad, que sirva para discutir un plan de acción común y acudir a las próximas elecciones con listas únicas para enfrentar a los candidatos del régimen. Se trata de agrupar a los luchadores para la pelea contra los bloques patronales, en contraposición a los planteos de concurrir a una competencia interna en las Paso entre los partidos que integran el frente.

Para que la crisis la paguen los capitalistas, es decir los responsables del saqueo en la provincia -Aluar, PAE, Benetton, las pesqueras y los acreedores de la deuda- necesitamos una gran movilización política de cientos de luchadores y activistas de Chubut. El congreso del FIT-U debe ser el punto de apoyo para congregar todas las luchas obreras y causas populares en la provincia, así como del país.

Con esta perspectiva es que el Partido Obrero de Chubut realizará el jueves 8 de julio una asamblea virtual para discutir el programa que proponemos ante esta crisis en consonancia con la convocatoria al congreso del FIT-U para avanzar en la organización política de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.

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