En estas horas, al gobierno de Milei lo obsesionan dos cuestiones. Por un lado, el paro de la CGT convocado para el 24. Por eso se muestra muy activo en ver cómo desarmarlo sin entrar en acuerdos con la burocracia sindical, siempre dispuesta al diálogo. Así amenazó con declararlo ilegal, descontar a los trabajadores estatales el día, suspendió la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo como “castigo” y luego puso en marcha un operativo para que la ley Ómnibus se vote antes del 24, haciendo funcionar el Congreso incluso el fin de semana. Actúa con el mismo empeño que puso para impedir la movilización, sobre todo del movimiento piquetero, el pasado 20 de diciembre; incluso, a través de Patricia Bullrich, jugó una carta fuerte con el protocolo antipiquete y la amenaza de quita de planes, expulsión del país a migrantes y sanciones económicas para desalentar la movilización, fracasando en el intento.

La otra obsesión es que no logra alcanzar las condiciones para un plan de estabilización. Los “beneficios” de la devaluación de Caputo, que costó a la mayoría de la población la licuación de sus ingresos, se esfumaron en casi un mes y, mientras escribimos estas líneas, el mercado cambiario registra valores históricos para los dólares financieros, con una brecha cambiaria superior al 40%, un alza del “riesgo país” y una inflación que no solo es la más alta de los últimos 30 años sino que, además, todavía no registra los aumentos en los servicios que se están produciendo y que se van a producir. A su vez, lejos de sus pretensiones, el gobierno apela a una emisión monetaria también de niveles “excepcionales”, en el primer mes emitió “más de 6 billones de pesos… el Banco Central dejó de hacerlo para financiar al Tesoro de manera directa e indirecta. Sin embargo, debió seguir emitiendo para atender compromisos… pago de interés de sus pasivos remunerados, la compra de divisas, el rescate de las levid y la ejecución de los puts” (Ámbito, 10/1).

Con este trasfondo, en la Justicia y en el Congreso de la Nación transitan el DNU y la ley Ómnibus, con los cuales el gobierno pretende proceder a una reorganización del país en función del capital financiero internacional. El gobierno no puede mostrar una estabilización de la situación económica ni el control de la calle que necesita para superar su debilidad como fuerza política, carente de diputados, senadores, gobernadores, poder “territorial”, etc. y erigirse como árbitro en el marco de la crisis que sacude al país. La división entre “duros” y “dialoguistas” al interior del staff que Milei seleccionó de las filas del macrismo, fundamentalmente, para afrontar la endeblez de origen agrega un condimento convulsivo a la crisis política.

Para más, el gobierno que logra adhesiones de peso, como la del gobierno norteamericano o de los técnicos del FMI por su “voluntad de ir a fondo en una reestructuración del país”, despierta en los mismos sectores dudas de su capacidad política para hacerlo y el temor de que sea peor el remedio que la enfermedad y la reacción supere a la acción.

La “batalla” de Tribunales y el Congreso

Los contenidos del DNU como de la ley Ómnibus han provocado una reacción en cadena. El sector de la burguesía que festejaba la devaluación de Caputo y el capítulo de la reforma laboral antiobrera del decreto de necesidad y urgencia se vio obligado a intervenir para frenar aspectos clave de la ley Ómnibus que afectan sus intereses. Es lo que sucedió con la pesca, por ejemplo, o con el aumento de las retenciones de un sector de las economías regionales -pero también de las cerealeras-, o con la cuota de biocombustibles que enfrenta a petroleras con las provincias productoras de maíz, caña de azúcar, etc.

La división de la clase capitalista en función de la defensa de sus intereses sectoriales inviabiliza, a su vez, la pretensión del gobierno de arrogarse la suma del poder público, vía la habilitación de una amplísima emergencia, o de proceder a una reforma política que impida que cada sector tenga representantes propios para que actúen haciendo lobby. Por último, la “casta” política son los gerentes de los grupos capitalistas y de intereses cruzados.

Qué aprobará o rechazará el Congreso, finalmente, de la ley Ómnibus, o si reunirá las condiciones para voltear el DNU, al cual la Justicia ya golpeó considerablemente, es de difícil pronóstico. En la oposición “dialoguista” -radicales, PRO, el grupo de Pichetto, el schiarettismo- existe la voluntad de llegar a un acuerdo para aprobar la ley, pero con serios recortes o modificaciones: “acompañarán la iniciativa siempre y cuando el oficialismo dé marcha atrás en dos puntos clave: la derogación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria y la suba de retenciones en productos de las economías regionales” (La Nación, 17/1). Además de eso, “postergar para las sesiones ordinarias los capítulos que consideran menos urgentes, como la reforma política y electoral, y los capítulos referidos a educación, salud y cultura…” (ídem) y concederle solo uno de los cuatro años de facultades extraordinarias que el gobierno solicita.

En el caso del peronismo, la colaboración consistió sobre todo en concederle al minoritario bloque del oficialismo no solo la titularidad de la Cámara, también la presidencia de comisiones clave. Todo ello mientras en sus respectivas provincias proceden con despidos, congelamiento o depreciación de los salarios, recorte de obras públicas, amenazas de cuasi monedas para pagar salarios -Kicillof y Quintela-, aumento de tarifas, tasas e impuestos, etc. Una versión local del ajuste que Milei ejecuta a través de la Nación.

La oposición derechista y el peronismo no tienen la intención de infligirle una derrota al gobierno, por eso lo incitan, por un lado, a negociar, y lamentan la intransigencia de un sector del oficialismo -que estaría encabezado por Sturzenegger. Las coincidencias con el espíritu de la ley y el DNU en cuanto a trasladar los costos de la crisis a los trabajadores, sostener la licuación de sus ingresos, terminar con conquistas históricas, limitar los derechos y libertades para la protesta y la lucha social son compartidas y patrimonio común de todas las fuerzas patronales que gobernaron y gobiernan aún en provincias y municipios; lo que no acuerdan es “con los métodos” y las formas -es decir, no le firman un cheque en blanco.

En el caso del peronismo hay un evidente “vacío de poder”. El kirchnerismo esconde la cabeza: Máximo no aparece en el debate en Diputados, CFK llamó a no actuar hasta “que el ajuste impacte” -2,5 millones de nuevos pobres, ¿no son un impacto?-; lo mismo Massa, que le aconsejó a la CGT no hacer el paro. El peronismo con sus dirigentes está esperando que Milei haga el trabajo sucio, que ellos empezaron, hasta el final y luego recoger el descontento en las elecciones. La “vacante” dentro del PJ la está ocupando Pablo Moyano, que reclamó ser tenido en cuenta en las listas en 2025.

Paro y plan de lucha en el camino de la huelga general

Así las cosas, diciembre-enero no solo es el debut de un gobierno, puso de manifiesto también la voluntad de la población trabajadora de dar pelea en defensa de todas las reivindicaciones. El ataque a los ingresos de ocupados, desocupados, jubilados, trabajadores informales por todas las vías, junto al avance de la recesión que empuja a despidos, no renovación de contratos, etc., todo ello explica la decisión de parar y movilizarse el 24, a pesar de las amenazas patronales, del desprestigio de la burocracia sindical que estuvo inmóvil dejando que la pobreza, la miseria salarial avanzaran y que incluso hoy no levanta entre los reclamos el rechazo a las medidas de Caputo (devaluación, tarifazos, liberación de precios, etc.). Explica las asambleas barriales y sus cacerolazos que crecen, de los cacerolazos en defensa de la cultura que recorren todo el país, de la deliberación que recorre al conjunto del pueblo golpeado por el plan motosierra.

En estos días hay una movilización porque el domingo 14 hubo una verdadera masacre de González Catán, donde ya hay seis jóvenes trabajadores muertos y 14 heridos, en un ataque mafioso que involucra cuestiones de seguridad no solo por la actuación de una patota armada, sino también la zona liberada por parte de la policía, y la grave crisis habitacional y de acceso a la vivienda que padecen millones de personas.

La tarea inmediata es garantizar el paro, su real cumplimiento y una multitudinaria concentración que supere los límites que quiere imprimirle la burocracia sindical. Hay que poner empeño en fomentar las asambleas en los lugares de trabajo, de estudio, en las barriadas, para que se abran paso las reivindicaciones más sentidas y perentorias, como es el reclamo de un aumento de emergencia, de un mínimo de 500.000 pesos y la indexación mensual de salario, jubilaciones y planes sociales; de la prohibición de los despidos; de la ruptura con el Fondo, a cuyas exigencias Milei ata la suerte de los trabajadores y del país; del desconocimiento de la deuda usuraria, etc. Junto a ello, la derogación sin más del DNU -el Congreso puede hacerlo sin más trámite-, el rechazo a la ley Ómnibus, el archivo del mamarracho represivo de Bullrich y la pretensión de habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico -el cual avanza bajo la protección del Estado capitalista.

La derrota del plan Milei requiere de más que un paro y movilización. Por ello abordamos el 24 como el primer eslabón de un plan de lucha que ineludiblemente planteará la huelga general para derrotarlo, como resultado de una maduración de la situación ante la criminal ofensiva capitalista. En esta perspectiva abordamos el impulso de un plenario de trabajadores ocupados y desocupados, convocado por el Sutna y el Frente de Lucha Piquetero, que se concretará este sábado 20 en el camping del Sutna en El Jagüel, abierto a todas las organizaciones de lucha, antiburocráticas, para juntos deliberar y resolver la organización y continuidad de la lucha.

El paro del 24 es un punto de partida, para ello necesitamos la mayor independencia política de los capitalistas y de sus partidos. Ese es el sentido de una columna independiente del sindicalismo combativo, las organizaciones piqueteras que vienen enfrentando a todos los gobiernos, de las asambleas barriales, de la izquierda, bajo el reclamo de un plan de lucha en Plaza Congreso.

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