Un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac, que había salido desde Caleta Olivia en Santa Cruz y debía llegar a La Plata, volcó en la rotonda que une a las rutas 51 y 76, cerca de General La Madrid. Cinco de los 33 pasajeros murieron 5. El caso es una muestra de la negligencia de la empresa, la violación de todas las normas de seguridad y la sobreexplotación de los choferes. Todos aspectos que son promovidos con las política de "desregulación" del gobierno de Milei.

Según denunciaron públicamente los pasajeros, la unidad debía ser reemplazada por otra al llegar a Bahía Blanca, la parada previa al fatal despiste, pero el cambio no se hizo. Varios pasajeros denuncian que había adquirido pasajes para "coche cama" pero, en lugar de un doble piso, apareció un micro de un solo piso y con los servicios básicos para trasladarse.

Esta es la consecuencia, en primer lugar, del vaciamiento del servicio por parte de las patronales, abaratando costos para engordar sus bolsillos. Ejemplos de esto también son numerosos accidentes, como el ocurrido en la Ruta 2, en enero de 2024, producto de que a un micro de la empresa Rutatlántica le fallaron los frenos por falta de mantenimiento, dejando 2 muertos y 10 heridos; el micro de la empresa General Urquiza que en septiembre perdió una rueda trasera a alta velocidad en la Ruta 9 camino a Rosario, o el micro de Vía Bariloche que en enero de este año volcó con 45 pasajeros a bordo por neumáticos en mal estado y fatiga del conductor. Se reportó que el micro tenía más de 10 años y no pasaba revisión desde hacía meses.

A esto se agrega la ausencia de elementos de extinción en lugares reglamentarios, las pésimas condiciones en las que están los baños (falta de jabón y papel) de algunos ómnibus, el recorte del servicio de catering o las falencias en temas delicados como la seguridad en general (la estabilidad de los micros en las curvas o en los sobrepasos).

Las empresas alegan que dicho vaciamiento se debe al recorte de subsidios por parte del Estado nacional en el marco del brutal ajuste fiscal que el gobierno aplica, pero los precios de los pasajes crecieron entre 350% y 600%, dependiendo de la ruta y empresa, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, es decir incluso por encima de la inflación. Las patronales descargan el costo el ajuste sobre los usuarios, quienes además son víctimas del desfinanciamiento constante del servicio, una maniobra de las empresas para acrecentar sus dividendos.

En una nota realizada por Crónica TV, la mujer que subió en Viedma, puntualizó: "No hubo cambio de micro y encima nos trataron muy mal. No nos dieron tiempo siquiera para ir al baño. Los choferes nos dijeron que estaban retrasados", denunció. Otros testimonios dan cuenta que el micro "venía muy rápido", y otros especulan con que "se comió la curva".

Sucede que la super explotación de choferes también es la regla dentro del servicio de transporte de larga distancia. Las empresas hacen que los choferes manejen incluso durante más de 24 horas, sin los descansos legales que marca la Ley de Contrato de Trabajo o el convenio colectivo del sector. En rutas que exigen dos conductores, muchas empresas reducen costos poniendo solo uno y reciben presiones directas para cumplir tiempos imposibles, incluso en malas condiciones climáticas o con unidades que presentan fallas. Si un chofer se niega a salir por razones de seguridad, puede ser sancionado, desplazado o directamente despedido. En muchas terminales, no hay espacios adecuados para que los choferes descansen, se higienicen o se alimenten entre un viaje y otro, en algunos casos incluso duermen en los micros o en albergues improvisados.

Muchos choferes denuncian sueldos por debajo del convenio, pagos no registrados o recortes de viáticos. Su salario real cayó entre un 35% y 50% aproximadamente, es decir que perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo entre diciembre 2023 y abril 2025.

La desregulación del transporte de media y larga distancia solo incentiva este cuadro de pauperización del transporte, porque favorece el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas y habilita a cualquiera para trasladar pasajeros. Esto genera margen de maniobra para que crezca los negocios opacos en el transporte y, con ellos, la precarización absoluta de los traslados, por lo que los accidentes serán moneda corriente.

La agenda privatista-desreguladora representa una ofensiva en toda la línea contra los trabajadores. Un gobierno que pone en riesgo la salud y la integridad física de la población, es un gobierno que se tiene que ir.

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