A nadie se le escapa que el gran dilema del gobierno es cómo recaudar los dólares necesarios para cumplir con el FMI y los bonistas. En eso consiste la columna vertebral del mentado “plan económico”, pero ello pone sobre la mesa problemas bastante profundos. El acuerdo colonial agudiza la deriva del país en las turbulentas aguas de la guerra comercial, cuando se recalientan las tensiones entre Estados Unidos y China.

En primer lugar, la sequía de divisas se encuentra en un punto crítico. Las idas y vueltas en torno al cepo y la posibilidad de un desdoblamiento cambiario reflejan la inquietud dentro del gobierno. Resulta que para contener las presiones devaluatorias y la brecha con los tipos de cambio paralelos, en lo que va de septiembre ya se dilapidaron de manera récord 600 millones de dólares. Así, las reservas líquidas del Banco Central no superan, según analistas, los 3.000 millones de dólares, y esto en un año en el que el desplome de las importaciones recompuso el superávit comercial.

Martín Guzmán sostuvo que gracias al canje de la deuda local el gobierno tendría “mayor poder de fuego”, ya que el Central y la Anses cuentan ahora con bonos en dólares que pueden vender para deprimir el valor del contado con liqui y reducir así la brecha cambiaria. Pero esto significa que esos títulos pasarían de ser una deuda intraestatal a una deuda del Tesoro con privados, por lo cual el verso de la “sustentabilidad” quedaría refutada en un santiamén. Todo, además, sin muchas posibilidades de éxito en su cometido.

Por estas razones, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtió que Argentina necesita pasar a exportar 90.000 millones de dólares el año próximo para evitar “un corset para el crecimiento”, es decir un incremento del 50%. Teniendo en cuenta que las ventas al exterior están estancadas desde hace una década -y que este año suman un 11% menos que el año pasado-, semejante salto parece una quimera.

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En efecto, si bien el país goza ahora de un superávit en la balanza comercial, lo cierto es que ello es a costa de una brutal recesión industrial y una mayor primarización de la economía nacional. La caída del 25% interanual de las importaciones se debe sobre todo a la parálisis de la producción, que minimizó las compras de insumos industriales del exterior, de los cuales depende el parque productivo del país. En la agenda “pospandémica” del gobierno de Alberto Fernández ocupa un lugar destacado el objetivo de mantener planchadas las importaciones, una política recesiva. A su vez, dentro de lo que se exporta, cayeron enormemente las manufacturas industriales (en especial autos, tubos de acero sin costura y acero), y lo único que subió sus ventas es el aceite de soja y de girasol.

A tónica con esta tendencia, en el último trimestre China desplazó a Brasil como principal destino de exportación. Al país carioca, en profunda recesión, se venden autos y otros productos industriales, difícilmente exportables a otros mercados. Al país asiático, en cambio, se exportan semillas y frutos oleaginosos (soja en primerísimo lugar) y carnes. De todas maneras, con la propia China el intercambio sigue siendo deficitario (en lo que va del año arrojó un saldo negativo de casi 1.000 millones de dólares), porque se importa maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas y productos químicos. Un comercio ciertamente colonial.

Para aferrarse entonces a lo que parece ser el único canal factible para aumentar el ingreso de divisas, el gobierno apostaría a lubricar todo lo que se pueda la relación con Xi Jinping. Se viene, recordemos, de renovar el swap por 18.500 millones de dólares, que a esta altura representan el 43% de las reservas internacionales totales del Banco Central. Amplia repercusión tuvieron, además, las tratativas para sellar un convenio para instalar en nuestro país factorías de las empresas de granjas industriales de cerdos, luego de que la gripe africana obligara a sacrificar un tercio de los animales de los criaderos de China. Pero hay mucho más.

En el Senado de la Nación se aprobó recientemente, por unanimidad, el ingreso de la Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. La apuesta del gobierno es que China financie efectivamente las obras en la hidrovía, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, la cuarta central nuclear en Campana, el Paso Agua Negra en San Juan y el Corredor Bioceánico. Es decir, obras infraestructurales clave. El objetivo del gobierno chino es integrar a nuestro país en el grupo de países de la Nueva Ruta de la Seda, su plan estratégico de ruta comercial y de infraestructura.

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La apuesta del gobierno argentino, sin embargo, puede chocarse contra una pared. No hay que perder de vista que Fernández y Guzmán van a rendir cuentas por su política económica al directorio del FMI, donde Estados Unidos tiene un peso decisivo. Cuando Trump aumenta la escalada contra Pekín, amenazando con forzar un “desacople”, poner la infraestructura productiva del país en manos de capitales chinos podría despertar recelos en Washington. Más todavía en plena carrera de los gigantes de las telecomunicaciones para imponer sus redes de 5G.

Es evidente que fomentar inversiones en obras estratégicas es algo muy distinto a promover mayores exportaciones agrarias. Finalmente, a pesar de que la china Cofco fue la principal agroexportadora la última campaña, los tres pulpos yanquis con puertos propios en el Litoral (Bunge, Cargill y ADM) sumaron un tercio de las ventas del agro al exterior. Los capitales de Estados Unidos, además, siguen siendo los principales inversores extranjeros en el país. Es sintomático el hecho de que Alberto Fernández haya desistido de la tentativa de oponer a la candidatura del enviado de Trump a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, la de Gustavo Béliz; y será la primera vez en la historia que un representante estadounidense comande el organismo.

Empresas chinas vienen, no obstante, ganando posiciones en el país no solo en el rubro de energía sino además en grandes proyectos mineros (comprando la mitad de la explotación de oro en San Juan y de litio en Jujuy, además de otros emprendimientos en Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Rioja). El incremento de las inversiones abre la disputa por quién se apropia en mayor medida de la plusvalía que extraen de la Argentina, con la “burguesía nacional” como socia menor del saqueo. El Lava Jato brasileño y la megacausa de los cuadernos de Centeno, hay que tener presente, fueron impulsadas por el imperialismo yanqui para recomponer su participación en los negocios de la patria contratista.

En conclusión, la política económica del gobierno argentino para cumplir con los compromisos asumidos con el capital financiero agrava la exposición del país a los choques que dominan el mercado mundial. Más temprano que tarde, recalará en un devaluación en regla para mejorar la “competitividad”, lo cual implica para los trabajadores nuevas confiscaciones y privaciones. Para emprender un desarrollo nacional, por el contrario, hay que romper con el dominio de los pulpos imperialistas sobre los resortes de la economía nacional. El repudio al pago de la deuda externa y la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, son medidas elementales como punto de partida para sacar al país de este sometimiento colonial.

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