Las exigencias incluidas en el preacuerdo alcanzado con el FMI, entre otras cosas, acentúan las presiones devaluatorias sobre el país, augurando futuros golpes al bolsillo popular.

Para empezar, el Fondo viene reclamando hace tiempo cerrar la brecha cambiaria por la vía devaluatoria. El gobierno, por su parte, afirma que el dólar no superará la barrera de los $130 hasta fin de año, sin embargo, suena poco probable considerando que la inflación proyectada para el 2022 es mayor al 50%, y, para sostener la actual competitividad del tipo de cambio, la devaluación anual deberá ser igual al índice inflacionario.

Por otra parte, en medio de la crisis de reservas que atraviesa el Banco Central, donde las de libre disponibilidad descendieron a niveles negativos, el FMI exige revertir este panorama y que las mismas lleguen a USD 5.000 millones durante 2022. Esto, en un cuadro adverso en el terreno de las exportaciones del agro, debido a la sequía y a que se espera una tendencia bajista en los precios de las commodities en cuanto suba la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Otro aspecto que atenta contra las expectativas de acumular divisas es el encarecimiento del gas y el petróleo a nivel mundial, insumos que Argentina importa para suplir el déficit energético.

En este cuadro, es posible que el gobierno pretenda incentivar las ventas al exterior concediéndole al capital agrario la devaluación de la moneda tan demandada por este sector. No olvidemos que la brecha cambiaria actual encierra el riesgo de que exista un mayor acopio de granos a la espera de un dólar oficial más caro para liquidar la cosecha, algo que Alberto Fernández quiere evitar, apremiado por la necesidad de alcanzar el nivel de reservas  indicado por el FMI.

A su vez, la persistente venta de divisas por parte del Banco Central para contener la cotización del dólar financiero también choca con este lineamiento del Fondo. Ahora bien, cortar con dicha operación para resguardar las reservas, y, al mismo tiempo, cerrar la brecha cambiaria, implicaría en el escenario actual habilitar un salto en el tipo de cambio oficial. Incluso, hay versiones que barajan una formalización del desdoblamiento cambiario.

A su turno, el coto a la emisión monetaria establecido por el FMI hará que el grueso del déficit fiscal pase a financiarse con deuda del Tesoro, la cual crecerá de manera considerable. Por otro lado, vimos cómo el requisito fondomonetarista de avanzar en una tasa real positiva en el Banco Central, junto con los límites impuestos a la emisión monetaria que mencionamos anteriormente, conducirá a que la entidad busque absorber los intereses -en lugar de emitir para cancelarlos- renovando los vencimientos de sus letras, lo que significa colocar más Leliqs, incrementando así el pasivo que posee la entidad, cuyo monto actual asciende a $4,73 billones. Por consiguiente, el efecto bola de nieve que adopta el endeudamiento del BCRA sumado a la mayor emisión de bonos del Tesoro dará como resultado una hipoteca en pesos insostenible, que intentará ser licuada por medio de una devaluación abrupta.

Además, en el afán de promover el ingreso de dólares al país, es probable que el gobierno proceda a una devaluación que licue los salarios en pos de abaratar la fuerza de trabajo, como forma de alentar las inversiones extranjeras.

Como vemos, todas las prescripciones del Fondo se asientan en la idea de una devaluación. Inclusive, el propio BCRA ya viene depreciando el peso a un ritmo mayor que en 2021. Ese horizonte, sin dudas, puede tener derivaciones hiperinflacionarias en la medida que se encarecerán los insumos importados, las patronales exportadoras subirán los precios en el mercado interno para obtener los mismos beneficios que le reportan las ventas al exterior con un dólar más caro, y, por otra parte, subirá el precio (dolarizado) del gas en boca de pozo y el costo del gas importado, que, al tratarse del insumo base de toda la cadena energética, lo anterior pone al rojo vivo la cuestión de las tarifas.

En definitiva, una razón más para enfrentar en las calles el pacto con el FMI hasta derrotarlo y abrir paso a un plan de reorganización social comandado por los trabajadores, basado en el repudio de la deuda usuraria y la nacionalización de los recursos estratégicos -banca, comercio exterior, industria energética- bajo control obrero. El único sendero posible para avanzar en el desarrollo productivo del país y en la satisfacción de las necesidades populares. La movilización del 8 de febrero a Plaza de Mayo será en defensa de esa perspectiva.