Los cálculos privados aseguran que el mes de mayo también registrará un alto índice de precios, con lo que la inflación se proyecta alrededor del 70% hasta fin de año. En contraste, los ingresos populares no presentan ese nivel de evolución, mostrando nítidamente que somos los trabajadores quienes estamos pagando la factura de la crisis. La carestía creciente, como no podía ser de otra forma, impacta negativamente en el consumo.

Inflación imparable

Según la consultora EcoGo, el dato de inflación de mayo se ubicará en torno al 5,2%, empujado principalmente por la suba de los alimentos (estimada en el 5,5%), de las prepagas (8%), de los colegios privados en provincia de Buenos Aires (8%) y de los combustibles (7,4%). Aumentos que en su mayoría fueron autorizados por el propio gobierno en función de defender las ganancias patronales. En adelante, las medidas fondomonetaristas llevadas a cabo por el oficialismo, tales como los tarifazos en la luz y en el gas y la devaluación de la moneda a un ritmo mayor, prometen agravar el cuadro inflacionario. Por el contrario, la receta del FMI de avanzar en tasas reales positivas en el Banco Central -las cuales ya han subido por quinta vez en lo que va del año- se ha mostrado infructuosa para contener la escalada inflacionaria; solo ha servido para reforzar la bicicleta financiera en beneficio de la banca, con costos usurarios y recesivos para el país.

Por lo tanto, salta a la vista cómo los programas oficiales de control de precios funcionan de “taparrabos” de una política completamente inflacionaria. A su vez, 8 de cada 10 argentinos no acceden a los artículos incluidos en Precios Cuidados, que solo se encuentran en los grandes supermercados, con lo que llegan a pagar hasta un 40% más por la compra de esos mismos productos en los comercios donde las regulaciones estatales están ausentes (Página 12, 23/5). Con el pretexto de achicar esta brecha, Comercio Interior anunció una suba de Precios Cuidados por encima de lo establecido para el 7 de junio, a pedido de los empresarios y en detrimento del bolsillo popular.

El gobierno le atribuye a factores internacionales el encarecimiento de los insumos. Ahora bien, nada tiene que ver la inflación mundial con los altos precios en el mercado interno de las materias primas que exportamos, más que el ánimo de lucro de los monopolios que dominan el complejo agroexportador argentino y trasladan la suba de las commodities a las góndolas locales, con la anuencia gubernamental. Por otra parte, también han pegado un salto los precios de insumos industriales producidos en territorio nacional, como el plástico (el cual aumentó un 34% en dólares durante el 2021 y un 14% en el primer trimestre 2022) y el alambre y el acero inoxidable, cuyo incremento interanual fue del 100%.

Se trata de una producción fuertemente concentrada a manos de grandes grupos económicos. Por mencionar algunos ejemplos, la empresa Dow Chemical provee casi la totalidad de los materiales plásticos; a su turno, la fabricación de chapa laminada plana en el país (tanto en frío como en caliente) se realiza exclusivamente en plantas pertenecientes al holding Techint y el 100% del aluminio proviene de la fábrica Aluar, propiedad de Madanes Quintanilla. El gobierno, en lugar de proceder a la apertura de los libros de estos capitalistas remarcadores de precios, los beneficia con innumerables prerrogativas.

Las consecuencias sobre el consumo

La consultora Focus Market se refirió a la desaceleración del consumo en el mes de abril, con una caída del 8,7% interanual fruto del deterioro salarial, señalando que en dicho mes “el ticket promedio de compra crece por la nominalidad de la inflación, pero cae en volúmenes de lo que pueden comprar las familias con esos valores en su ticket de compra” (La Nación, 23/5). Sumado a que en lo que va del 2022 los préstamos a tarjetas de crédito cayeron 4,2% en términos reales, según un informe de Equilibra, ya que los límites de financiamiento no se ajustaron al crecimiento de la inflación.

Mientras crece la problemática de no llegar a fin de mes para amplias capas de la población, las cuales se privan de comprar productos de primera necesidad como la carne, contradictoriamente, un estudio realizado por la consultora EcoGo analiza que los sectores medios, con cierta capacidad de ahorro, vienen incrementando el consumo en indumentaria, electrodomésticos y restaurantes. Este fenómeno se debe a que, por un lado, las personas en esa situación se vuelcan a realizar dichos gastos ante la imposibilidad de destinar sus ahorros en la compra de una vivienda o en cambiar el auto, debido al carácter restrictivo del crédito hipotecario y a los precios inaccesibles de un 0 km. A su vez, frente al descontrol inflacionario, este grupo poblacional prefiere “quemar ahorros” adquiriendo determinados artículos antes que suban de precio a ver cómo su dinero se desvaloriza mes a mes.

Todo este panorama refuerza la necesidad de organizar desde las bases un paro nacional y un plan de lucha para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre la base de un salario mínimo de $180 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos.

 

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