La rebelión que recorre la provincia de Chubut por estos días en rechazo a la zonificación minera, aprobada entre gallos y medianoche en la Legislatura provincial, es el resultado de dos décadas de lucha infatigable al grito No es No, contra el intento de introducir estos proyectos extractivistas que cuentan entre sus aliados a los personeros políticos del régimen. Alberto Fernández, un lobista minero de la primera hora, se relame ante la idea de que Pan American Silver comience a explotar la meseta chubutense, afanoso de los dólares que genera la actividad, los cuales tendrán como destino el pago al FMI. A su vez, presenta la zanahoria de la supuesta creación de empleo, una falacia que podrá seducir a algún desprevenido pero no al pueblo de Chubut, que en numerosas ocasiones ha detenido esta avanzada organizándose en asamblea y ganando las calles.

La aprobación del proyecto de zonificación, que habilita la minería en la meseta central de Chubut, en los departamentos de Gestre y Telsen, le da luz verde al Proyecto Primavera, comprado hace diez años por Pan American Silver a pesar de que la actividad minera estuviera prohibida en la provincia desde 2003, tras la sanción de la ley 5001. La multinacional canadiense tiene previsto la extracción de plata, cobre y plomo en la región para exportar a refinerías del exterior. Entre los anuncios altisonantes de la empresa, se destaca la promesa de invertir USD 1.200 millones para poner en marcha el emprendimiento y generar 4.000 puestos de trabajo.

Las declaraciones del ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, afirmando que “la minería es parte de la solución a los problemas de Argentina” y del secretario de Industria, Ariel Schale, quien aseguró que el gobierno “tiene la ambición de colocar a la Argentina en el concierto de las naciones mineras del mundo”, dan cuenta que lo ocurrido en Chubut forma parte del rumbo asumido por Alberto Fernández, de fomentar la megaminería a cielo abierto en función de recolectar divisas para el pago de la deuda. En ese sentido, podemos adelantar que los USD 350 millones anuales que tiene pensado exportar Pan American Silver no irán a nutrir las reservas del Banco Central ni a inaugurar un ciclo de inversión en el país, sino a rescatar una hipoteca usuraria.

Sobre la pretendida creación de empleo, es preciso aclarar que la mayoría de los puestos serían solamente por dos años, el tiempo que llevará construir el “Open Pit”, que incluye los piletones para los desechos, los galpones, el campamento para los futuros habitantes, etc. Sin embargo, en la etapa de extracción, “durante 10 años de operación, emplearán solo 157 personas capacitadas para operar maquinarias de alta tecnología, puestos de trabajo que difícilmente puedan ser ocupados por personas que vivieron toda su vida en estos territorio rurales” (Anred, 17/12).

La población local, por el contrario, deberá asumir una suba en los precios -como ocurre cada vez que la minería desembarca en los pueblos- y un costo ambiental altísimo, dado el nivel de contaminación del agua, del suelo y del aire que conlleva la extracción de minerales. Lo anterior, sin dudas, afectará al resto de las actividades económicas de la región, lo cual derivará en un empobrecimiento generalizado.

Como vemos, la prosperidad que prometen los portavoces del capital minero para mitigar el rechazo popular es una mentira aviesa, o una verdad a medias en todo caso, considerando que los pulpos foráneos que exploten los recursos naturales del país sí saldrán beneficiados, pagando regalías que no superan el 3%, con una reducción en las retenciones (del 12% al 8%) desde que asumió Alberto Fernández y gozando de mayor libertad cambiaria que otros sectores, lo cual les permite girar sus ganancias al exterior más fácilmente. Con todo, teniendo en cuenta las ventajas impositivas mencionadas y los sueldos pesificados de los trabajadores de las minas podemos imaginar la magnitud de la renta que acaparan las empresas mineras.

Por otra parte, quienes hablan de “minería sustentable” y minimizan las consecuencias ambientales del Proyecto Primavera ocultan que, en primer lugar, el mismo se abastecerá con 9 millones de litros de agua por día provenientes del Acuífero Sacanana, una reserva de agua subterránea valiosísima en medio de la crisis hídrica que azota a la provincia. A su turno, se trata de una actividad que utiliza explosivos para detonar millones de toneladas de tierra, generando desertificación, y emplea sustancias químicas como forma de separar los minerales de la mena. Por más que la minera cumpla su promesa de no usar cianuro, también existen otros productos tóxicos como el mercurio, el ácido sulfúrico, etc. Así las cosas, el impacto de un potencial derrame es incalculable.

El rechazo a esta ley infame desató una pueblada en cada rincón de Chubut que hizo recular al gobernador Arcioni, quien, en pos de barajar y dar de nuevo, anunció que en la próxima sesión de la Legislatura se tratarán distintos proyectos de derogación y que se daría lugar a un plebiscito “para escuchar todas las voces”. Mientras tanto, se mantiene en suspenso la normativa. Como respuesta, al interior en los piquetes y movilizaciones se escucha “ni plebiscito ni suspensión, vamos por la derogación”, entendiendo que la voluntad popular ya fue expresada en las calles y que la propuesta gubernamental solo consiste en una consulta amañada que buscará hacer progresar los intereses de la mineras, desactivando la movilización. Es preciso entonces continuar en el sendero del Chubutazo para quebrar la zonificación de manera definitiva.